Cancún. – La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez pasa su primera noche en una cárcel en La Paz en medio de numerosas manifestaciones en todo el país para que cesen las persecuciones, mientras que desde el oficialismo se anuncian más procesos.
Áñez fue trasladada bajo un fuerte resguardo policial al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanecerá en detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado “golpe de Estado”.
Protocolos de la cárcel por COVID-19
El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó que la exmandataria transitoria estará “bajo una constante inspección del personal de salud” por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia de la COVID-19.
La Justicia boliviana dictaminó el domingo la detención preventiva para Áñez, al igual que para sus exministros Álvaro Coimbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, quienes fueron trasladados al penal de San Pedro en La Paz.
Los tres están acusados de los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Sectores de oposición
Desde que se conoció de la aprehensión de la ex mandataria interina y dos de los ministros de su Gabinete varios sectores de la oposición y de la sociedad han denunciado lo que consideran un “abuso” y una “arbitrariedad” por parte del sistema de Justicia y del Gobierno.
Además, el hecho de que a Áñez se le juzgue como exsenadora y no como expresidenta ha avivado las críticas contra el Estado y ha generado varios cuestionamientos sobre la manera cómo la Fiscalía y los jueces están violentando la Constitución y el derecho que tendría a ser procesada dentro de un juicio especial de responsabilidades como corresponde a su fuero como ex mandataria.
En al menos cuatro de las principales ciudades de Bolivia miles de personas marcharon en rechazo a las aprehensiones de las ex autoridades transitorias y contra la afirmación del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de que en 2019 se produjo un “golpe de Estado”.
Asimismo, sindicatos afines al MAS reiteraron su respaldo a los procesos contra Áñez y reclamaron la detención de otros políticos como Luis Fernando Camacho, por estar vinculados con el supuesto golpe contra Morales.
Exigen liberaciones
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la liberación de todos los detenidos en Bolivia “hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.
Por su parte, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, reiteró su advertencia de que el país está “en una situación dramática de persecución política de judicialización de la política”.
En declaraciones, Mesa señaló que “el Gobierno está acelerando el paso hacia un modelo autocrático muy parecido al modelo venezolano” y que el argumento del golpe de Estado para detener a la expresidenta Áñez y dos exministros afecta “todo elemento vinculado a la defensa de sus derechos fundamentales”.
