La Procuraduría Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) formalizaron un Convenio de Colaboración entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Este acuerdo interinstitucional tiene el objetivo de fortalecer la protección de los recursos naturales y frenar la deforestación en la Península de Yucatán, además de coordinar acciones estratégicas para prevenir el cambio de uso de suelo ilegal, así como fortalecer la vigilancia y el ordenamiento territorial en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, considerados zonas prioritarias por su riqueza ambiental y la presión que enfrentan sus ecosistemas.
La firma del convenio se llevó a cabo a inicios del mes de marzo en el Centro de Atención Agraria (CDAA), ubicado en la Casa Ejidal del municipio de Bacalar, donde autoridades federales y representantes del sector agrario coincidieron en la urgencia de generar mecanismos más eficaces para proteger la selva y garantizar un desarrollo sostenible en la región.
En el acto protocolario participaron el Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera; la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell; y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, quienes destacaron la importancia de la coordinación institucional para enfrentar problemáticas complejas como la deforestación.
Durante su intervención, Víctor Suárez Carrera subrayó que este convenio permitirá fortalecer la asesoría y acompañamiento a los núcleos agrarios, con el fin de que ejidatarios y comuneros cuenten con herramientas legales y técnicas que les permitan proteger sus tierras y evitar prácticas ilegales que dañen el entorno.
Por su parte, Mariana Boy Tamborrell enfatizó que la PROFEPA reforzará las labores de inspección y vigilancia ambiental, en estrecha colaboración con el RAN, lo que facilitará la identificación de predios y la detección oportuna de cambios de uso de suelo no autorizados.
En tanto, Luis Cruz Nieva destacó que el Registro Agrario Nacional aportará información clave sobre la tenencia de la tierra, lo que permitirá una mejor toma de decisiones y una actuación más eficaz por parte de las autoridades ambientales y agrarias.
El convenio contempla el intercambio de información, la capacitación conjunta de personal, la implementación de operativos coordinados y el desarrollo de estrategias de prevención dirigidas a las comunidades rurales, con el propósito de fomentar el uso responsable del territorio.
Un dato importante es que también se busca impulsar la participación activa de los ejidos y comunidades en la conservación de sus recursos naturales, reconociendo su papel fundamental como guardianes de la selva en la Península de Yucatán.
Otro dato relevante es que con esta alianza, el Gobierno de México reafirma su compromiso de combatir la deforestación y promover un modelo de desarrollo que equilibre el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente, en una de las regiones más biodiversas del país.
