Empresarios de Quintana Roo y del país salieron en defensa de Grupo Xcaret, luego del revés emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó el amparo que le permitía utilizar elementos culturales de la civilización maya en sus parques y estrategias de promoción.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico advirtió que limitar la difusión de la cultura mexicana podría frenar inversiones, al tratarse de uno de los principales motores del turismo en el país. En la misma línea, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano —que agrupa más de 133 mil habitaciones— subrayó que la actividad turística en la región está estrechamente ligada a la identidad cultural.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe consideró que restringir la participación del sector turístico en la promoción cultural sería contraproducente y podría debilitar la competitividad de México como potencia turística global, mientras que la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya expresó su respaldo total a la empresa.
El conflicto se remonta a 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo presentó una queja por el uso comercial de elementos culturales. Posteriormente, el Instituto Nacional del Derecho de Autor ordenó suspender ese uso al considerar una posible explotación indebida del patrimonio.
Xcaret impugnó la resolución y obtuvo una suspensión judicial, apoyada en un acuerdo con dicho consejo por 15 millones de pesos para el uso de estos elementos, lo que le permitió continuar sus actividades mientras el caso avanzaba en tribunales.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2026, la Suprema Corte revocó esa medida cautelar y ordenó retirar la simbología maya de su publicidad, así como frenar su uso comercial de manera provisional, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que la decisión podría enviar una señal negativa a los inversionistas. No obstante, la ministra María Estela Ríos González defendió el proyecto al señalar la necesidad de proteger el patrimonio cultural como un bien colectivo.
En tanto, la ministra Lenia Batres y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, coincidieron en que ninguna organización puede atribuirse la propiedad de las tradiciones y costumbres de la cultura maya.
El caso ha abierto un debate nacional sobre los límites entre la promoción turística y la protección de los derechos culturales de los pueblos originarios, en medio de posturas encontradas entre el sector empresarial, autoridades y comunidades indígenas.
Incluso, en el contexto político, han surgido versiones que vinculan el conflicto con tensiones previas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento señaló a la empresa por su postura frente al Tren Maya y ordenó la clausura de uno de sus proyectos en Yucatán.
