Playa del Carmen
Piden consulta indígena en caso Xcaret
El representante indígena aclaró que las comunidades mayas no se oponen al desarrollo turístico ni a proyectos como los impulsados por la empresa
La falta de consulta previa a comunidades indígenas en proyectos turísticos y de desarrollo volvió a colocarse en el centro del debate, luego de que representantes mayas señalaran presuntas irregularidades en el uso de recursos y la omisión de mecanismos legales de participación.
El presidente de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA), Hermelindo Be Cetuk, afirmó que los recursos económicos destinados al llamado Gran Consejo Maya, (por un monto de 15 millones de pesos), no habrían llegado a los dignatarios mayas, ni a las comunidades, lo que genera cuestionamientos sobre su destino y manejo.
En cuanto al fallo de la Suprema corte de justicia de la Nación (SCJN), en contra de que Xcaret utilice simbología Maya en su publicidad, sostuvo que el procedimiento legal debe incluir una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como lo establecen los estándares nacionales e internacionales.
“Lo que procede es una consulta previa, libre e informada a la población indígena, para que ellos den el consentimiento del uso de lo que está haciendo Xcaret”, expresó.
El representante indígena aclaró que las comunidades mayas no se oponen al desarrollo turístico ni a proyectos como los impulsados por la empresa, sino que buscan ser tomadas en cuenta en las decisiones que impactan su territorio y su patrimonio cultural.
Asimismo, advirtió que la situación actual no se limita a un solo proyecto, al señalar que tanto el sector empresarial como el gobierno han recurrido al uso de simbología maya en iniciativas como el Tren Maya y otros desarrollos en la región.
Desde una perspectiva cultural, Be Cetuk vinculó el momento actual con interpretaciones de textos tradicionales como el Chilam Balam, al considerar que los conflictos actuales representan una “guerra jurídica”, derivada de la falta de entendimiento y convivencia entre pueblos originarios y actores externos.
El posicionamiento se suma a una creciente discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sureste del país, particularmente en torno a la consulta y participación en proyectos de alto impacto, un tema que continúa en análisis en instancias judiciales y sociales.