Cancún. – La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, ayer se recibió la solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La defensa del gobernador

En respuesta, García Cabeza de Vaca denunció una embestida política y aseguró que se defenderá ante cualquier atropello. Anoche, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a su integrante y acusó que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del Estado de derecho.

No quieren da desafuero

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado respaldó al gobernador tamaulipeco y afirmó que la solicitud de desafuero es “una clara persecución política contra un opositor” y que resulta inaceptable usar una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar con fines políticos.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de esta solicitud de declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez, titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal, así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público (MP) federal, todos adscritos a la unidad especializada de falsificación presentaron la querella.

Enriquecimiento ilícito

Se describe que hace unos meses, particulares presentaron una denuncia contra el gobernador, por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el MP integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.