Cancún. – El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una pena de 22 años con seis meses de prisión a quien ofrezca vacunas contra COVID-19 no avaladas por la autoridad sanitaria competente para ser comercializadas.

También, sugirió una pena privativa de la libertad de cinco años a quien sea portador de SARS-CoV-2 y use certificados o constancias médicas alteradas para probar que no y viajar en avión a otro país y otra más de cuatro años con seis meses de cárcel a quien realice pruebas PCR falsas para detectar la enfermedad.

Se expuso los motivos de la iniciativa

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó una iniciativa de ley para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley de Protección al Consumidor y de la Ley de Aviación Civil en materia de prevención de conductas ilegales en emergencia sanitaria.

En la exposición de motivos de su iniciativa, Ricardo Monreal recordó que el 19 de agosto de 2020 la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el riesgo que representaban las pruebas serológicas que no contaban con autorización sanitaria para su comercialización.

Señaló que algunos particulares han incurrido en prácticas ilegales como la falsificación de certificados médicos con el fin de cumplir con los requisitos para trasladarse a diversas demarcaciones territoriales, poniendo así en peligro a un gran número de personas, incluso estos certificados se ofrecen en redes sociales.

El mercado negro

También, mencionó que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtieron sobre un “mercado negro” de certificados con resultados de COVID-19 negativos para ingresar a Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa.

Afirmó que la pandemia se convirtió en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda. Por ejemplo, el ofrecimiento de vacunas contra COVID-19 no autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que por ende no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y menos aplicadas a la población.

Algunas modificaciones a la ley

Para lo cual Ricardo Monreal propuso modificar el artículo 464 ter de la Ley General de Salud para castigar este tipo de conductas con 22 años con seis meses de prisión.

Propuso modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a efecto de que todo proveedor de oxígeno medicinal y de servicios funerarios se encuentre obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicadas en la comercialización de bienes, productos o servicios, incluyendo aquellos de alto consumo en contingencia sanitaria.