Cancún. – Dos meses después de que Rosario Robles Berlanga fuera enviada al Penal de Santa Martha Acatitla, las actas entrega-recepción que ella entregó a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, fueron declaradas como extraviadas. Y no sólo esas: también las que Meade entregó a su sucesor, Luis Miranda Nava.

De acuerdo con la solicitud de información con folio 0002000233819 enviada a la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol), se pidieron ambos documentos en sus versiones públicas. El 1 de octubre de 2019, la dependencia respondió que la información no estaba en los archivos, es decir, no se encontró el acta que Rosario dejó a Meade cuando salió de la dependencia en 2015 ni tampoco la que Meade dejó a Miranda Nava, cuando salió en 2016.

Se detectan anomalías

El Comité de Transparencia de la Secretaría del Bienestar declaró la inexistencia de los dos documentos, sin embargo también se solicitó dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que las actas entrega-recepción no son un documento como cualquier otro y menos, cuando una de las implicadas estaba presa en un penal de máxima seguridad.

Cuando Rosario Robles dejó la Sedesol, el 27 de agosto de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el manejo de recursos por seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos, por lo que quedaban como pendientes de aclarar. Y eso debió quedar asentado en el acta de entrega recepción que dio a su sucesor José Antonio Meade, frente al titular del Órgano Interno de Control (OIC), dos testigos y con revisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en ese entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez.

Uso indebido de servicio público

Cuatro años después, fuera del poder, el 13 de agosto de 2019, a horas de que le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, el Juez Jesús Delgadillo Padierna le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.

Tanto ella como la defensa dijeron que no y a Rosario se le acusó de uso indebido del servicio público; parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos.

Se reanudará el proceso penal

Este viernes, de hecho, se prevé que reanude el proceso penal iniciado en su contra desde hace más de año y medio con la presentación de las pruebas de la FGR y de la defensa de Robles.

Horas antes, la defensa de la exsecretaria de Estado dijo que contaba con pruebas de que Rosario Robles le avisó a José Antonio Meade Kuribreña de los pendientes por solventar en la Auditoría y que eso quedó constatado en las actas de entrega-recepción de la Sedesol. Ese documento era la prueba de que ella advirtió de las cuentas pendientes por solventar.

El Juez Delgadillo Padierna consideró que era evidente que José Antonio Meade sabía de los hechos, pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega-recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade.

La acta entrega-recepción

De acuerdo con el decreto aplicable para la administración de Rosario en la Sedesol, el acta entrega-recepción es un documento obligatorio que fue creado para abonar en la transparencia de la administración pública, evitar posibles actos de corrupción de funcionarios salientes y que los entrantes cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las tareas y compromisos.

Todo funcionario debe elaborar ese informe al separarse de su empleo o comisión. Ahí informa sobre los asuntos a su cargo, del estado que guardan y da cuenta de los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados.

Una vez que se tiene el acta, se procede a la verificación del contenido. Esto lo hace el servidor que entra, en este caso José Antonio Meade,  quien tuvo un plazo de 30 días. En la verificación incluso se prevé que si se detecta alguna anomalía, el funcionario saliente tiene que estar disponible para presentarse y realizar las aclaraciones o dar información adicional que se le solicite.