Cancún. – La candidata del PAN a la gubernatura y alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho al concluir una audiencia que duró más de 42 horas y que previamente fue suspendida en al menos cinco ocasiones, debido a que la implicada obtuvo diversos amparos.

Las pruebas no fueron refutadas

Al final de la audiencia, el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, aseguró que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los imputados, no fueron refutadas por la defensa de los involucrados, por lo que, el valor probatorio de las mismas, acreditan la comisión del delito.

Luego de un diferimiento de última hora por la ausencia de dos testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado, la audiencia de vinculación o no a proceso inició el martes alrededor de las 7:00 de la mañana y concluyó este miércoles al filo de las 10:00 de la noche, donde el juez determinó que existen suficientes evidencias para la vinculación a proceso de María Eugenia Campos Galván (PAN), María Ávila Serna (PVEM)  y Rodrigo de la Rosa (PRI), exdiputados locales, implicados en la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Análisis de los argumentos presentados

Después de escuchar el desahogo de pruebas del Ministerio Público y los argumentos de la defensa de los tres ex diputados, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, llamó a las partes para leer el análisis de los argumentos presentados, entre los que destacaron como prueba legal y suficiente los 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván, mismos que cuentan con fe notarial de Luis Raúl Flores, notario público número 4 en Chihuahua.

Con las pruebas presentadas, el Ministerio Público intentó comprobar que Campos Galván recibió 9 millones de pesos, mientras que Ávila Serna y De la Rosa, recibieron 3.8 y 2.5 millones de pesos del erario público, respectivamente, a fin de que, desde el Congreso local, favorecieron al ex gobernador del PRI, César Duarte, quien dejó una deuda estatal por encima de los 40 mil millones de pesos.

Evidencia plagiada

Por otro lado, en el desarrollo del audiencia se registraron actuaciones irregulares por parte de los defensores de María Eugenia Campos y María Ávila, cuyos abogados falsearon en la elaboración de un documento que presentó como prueba; se trata de una entrevista realizada a otro implicado en la nómina secreta, César Jáuregui Moreno, pues en la fecha y hora que afirmó se practicó la entrevista, el abogado en cuestión se encontraba en el Tribunal cotejando el expediente frente al juez junto con el Ministerio Público.

Asimismo, el juez hizo referencia a una evidencia plagiada, y es que con el propósito de justificar los contratos de servicios jurídicos a favor del hermano de María Eugenia Campos, mediante los cuales se le entregó más de un millón de pesos, el abogado Francisco Molina presentó una serie de documentos que sustentaban el servicio prestado, supuestamente elaborados en el despacho legal, no obstante, el Ministerio Público y el juez aceptaron que dichos documentos fueron plagiados de la página de internet http://www.icex.es.

Debido a esto, ambas evidencias presentadas por los abogados defensores fueron desechadas por el juez de control, quien aseguró que la defensa jamás refutó las pruebas que presumían los pagos a la alcaldesa con licencia y candidata a gobernadora por Acción Nacional.