Cancún. – En un ejercicio histórico, las personas en prisión preventiva pudieron votar en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio. Fueron pocas, menos de 1.000, y en condiciones limitadas, eligieron prácticamente sin información sobre los partidos políticos y sin observadores electorales, pero es el primer paso de cara a 2024, cuando 90.000 presos sin condena firme deberán ejercer su derecho al sufragio. 

El Observatorio Libres para Elegir ha revelado esta semana sus conclusiones sobre este proyecto piloto: se registró una altísima participación, el 95% de los que podían votar, lo hicieron, y Morena se alzó como ganador, con un 39% de los votos, por delante del PRI (30%), Movimiento Ciudadano (10%) y el PAN (9%).

En las cárceles mexicanas hay alrededor de 90.000 personas privadas de libertad que todavía esperan una sentencia. A raíz de un amparo presentado en 2018 al Tribunal Electoral, este dictaminó que se debía garantizar el derecho al sufragio de las personas en prisión preventiva de cara a las elecciones presidenciales de 2024. 

Lo centros penitenciarios

Se eligieron cinco centros federales en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos. Del primer registro de 2.699 personas, los participantes para esta primera prueba se redujeron a 949. Esto es el 1% de la población que deberá votar en tres años. 

“Es muy poquito, por lo complejo que llega a ser el sistema penitenciario, se podía haber preparado algo más ambicioso, para que se puedan ir subsanando los obstáculos que van a aparecer”, valora José Luis Gutiérrez, director de la asociación Asilegal. “En 2024, el INE se va a enfrentar a centros no tan bien estructurados como los cinco que han elegido. Se enfrentará a centros con autogobierno, hacinamiento y sobrepoblación”, apunta.

Algunas insuficiencias 

En el mismo día en el que debían votar, la población en las prisiones recibió un pequeño documento con apenas unas líneas de datos resumidos de las propuestas de cada partido. Esto es insuficiente, considera la coordinadora de CEA Justicia: “El derecho a votar y el derecho a la información van de la mano. Tienen que mejorarse los procesos de participación cívica previa”. Guerrero pone de ejemplo a Costa Rica, donde incluso se llevaron a cabo debates presidenciales dentro de las cárceles. 

El mayor reto que queda pendiente después de este programa piloto es la presencia de observadores electorales. Las organizaciones resaltan que no se puede llevar a cabo con transparencia una votación si no está presente la sociedad civil o los medios de comunicación. 

La situación se agravará cuando el sufragio deba realizarse en los casi 300 centros penitenciarios del país, algunos de ellos manejados por grupos ajenos al Estado. El INE también deberá entrar en ellos y hacer funcionar la votación con certeza.