Cancún.- Autoridades de Protección Civil iniciaron un estudio especializado para determinar si el Caribe Mexicano requiere estrategias de prevención y sistemas de alerta temprana ante sismos, luego de los movimientos telúricos registrados recientemente cerca de Cuba y que fueron percibidos por habitantes de Cancún.

Evalúan comportamiento sísmico en la zona

Se informó que aunque los eventos registrados continúan siendo considerados casos aislados, especialistas ya realizan análisis para conocer si las condiciones geológicas de la región justifican la implementación de mecanismos de monitoreo y alertamiento.

Cabe señalar que actualmente se trabaja con expertos para evaluar el comportamiento sísmico de la zona y determinar si existe la necesidad de desarrollar protocolos específicos para este tipo de fenómenos, los cuales históricamente han sido poco frecuentes en el Caribe Mexicano.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes entre la población tras los recientes sismos ha sido la ausencia de una alerta sísmica similar a la que opera en otras partes del país.

El actual sistema de alerta fue diseñado para el Pacífico

Es preciso señalar que el sistema de alertamiento de México fue diseñado principalmente para la costa del Pacífico, particularmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México, donde existe una actividad sísmica constante y una amplia red de sensores.

En Quintana Roo no se cuenta con esa infraestructura debido a que la región no ha sido considerada tradicionalmente una zona de alta sismicidad, por lo que actualmente no existen las condiciones técnicas para emitir alertas anticipadas como ocurre en otras entidades.

Mesas de trabajo con especialistas

Paralelamente, Protección Civil mantiene mesas de trabajo con especialistas en ingeniería, desarrollo urbano y construcción para revisar si las técnicas constructivas utilizadas en la entidad continúan siendo adecuadas ante los cambios observados en la actividad sísmica regional.

Estás evaluaciones permitirán determinar si es necesario realizar ajustes en materia de prevención, construcción o monitoreo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales movimientos telúricos en el Caribe mexicano.

Los resultados de los estudios serán fundamentales para definir si Quintana Roo requiere inversiones en infraestructura de detección y sistemas de alerta temprana, o si los eventos registrados hasta ahora continúan siendo considerados fenómenos aislados sin un riesgo significativo para la población.

Cancún.- Quintana Roo ha registrado avances importantes en el combate a la extorsión durante los últimos 18 meses, aseguró James Tobin, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del estado.

109 vinculados a proceso

De acuerdo con el representante ciudadano, en ese periodo se han realizado alrededor de 350 detenciones relacionadas con casos de extorsión, de las cuales 109 personas han sido vinculadas a proceso, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento de los detenidos. Además, cerca de 35 responsables ya han recibido sentencia condenatoria.

Romero, Tobin reconoció que los resultados aún son insuficientes frente a la magnitud del problema, pero destacó que se trata de cifras que anteriormente no se observaban en la entidad.

“Falta mucho por hacer, por supuesto, pero si no se inicia el camino no vamos a llegar a ningún lado”, expresó.

Falta de denuncias formales, el mayor reto

El coordinador de la Mesa Ciudadana señaló que uno de los principales retos sigue siendo la falta de denuncias formales. Recordó que entre 2016 y 2023 se contabilizaron poco más de mil carpetas de investigación por extorsión, mientras que en el mismo periodo se registraron alrededor de 32 mil llamadas de denuncia y reporte a través de los números de emergencia y denuncia anónima.

Esta diferencia evidencia una importante cifra negra, pues muchas víctimas optan por no acudir ante las autoridades por desconfianza, considerar que el trámite implica una pérdida de tiempo o pensar que no habrá resultados.

“Más del 70 por ciento de las personas que no denuncian señalan esos factores: falta de confianza en la autoridad, pérdida de tiempo y la percepción de que no pasa nada”, explicó.

Denuncia en línea, nueva opción

Ante este panorama, destacó la implementación de herramientas para facilitar las denuncias, como el sistema de denuncia en línea de la Fiscalía General del Estado, que comenzó a operar a finales de 2024 y que actualmente acumula alrededor de 4 mil denuncias presentadas por esta vía.

Tobin indicó que la estrategia estatal contra la extorsión, conocida como Centurión, deberá ser evaluada con base en datos concretos para determinar si está logrando reducir la incidencia del delito o incrementar la denuncia ciudadana.

Investigaciones de oficio aligeran carga

Asimismo, insistió en que la nueva legislación obliga a las autoridades a iniciar investigaciones de oficio cuando se reciben reportes a través de mecanismos como el número 089, reduciendo así la carga que históricamente recaía sobre las víctimas.

Finalmente, advirtió que el inicio de los procesos políticos suele generar distorsiones en la percepción de seguridad, situación que puede impactar en la vida cotidiana de las familias y en la confianza de la población, por lo que llamó a mantener el análisis de la incidencia delictiva basado en indicadores y estadísticas verificables.

Cancún.- La Universidad del Caribe fue sede de la instalación del Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos, con el objetivo de construir ciudades más ordenadas, justas y sostenibles. Este órgano coordinará esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil para dar certeza jurídica y servicios básicos a miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

370 asentamientos irregulares en el estado

El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), José Alberto Alonso Ovando, informó que, de manera preliminar, se han detectado 370 asentamientos irregulares en el estado, una cifra que podría duplicarse una vez que se concluya una revisión detallada. Los municipios con mayor impacto son:

* Benito Juárez: 150 asentamientos
* Isla Mujeres: 91 asentamientos
* Othón P. Blanco: 37 asentamientos
* Puerto Morelos: 16 asentamientos

Urge intervenir en zonas irregulares

Alonso Ovando alertó sobre la urgencia de intervenir en estas zonas, calificándolas como «tierra de nadie», donde la falta de ordenamiento propicia problemáticas graves como violencia doméstica, delincuencia y trata de personas. Ante el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado, el titular de Sedetus destacó la alianza con la academia para generar políticas públicas basadas en investigación científica y abrir espacios para la profesionalización del estudiantado.

La academia como eje de soluciones humanas

La Rectora de la Universidad del Caribe, Lic. Xóchitl Carmona Bareño, celebró la instalación de este comité liderado por la SEDETUS y reiteró el compromiso de la institución para aportar conocimiento con sentido humano y respaldo científico a través de sus docentes investigadores y su Centro Interinstitucional de Investigación Aplicada.

«El desarrollo territorial no puede pensarse únicamente desde la infraestructura o la normativa. Debe centrarse en las personas, en sus comunidades y en las condiciones de dignidad, equidad y sostenibilidad que merecen», afirmó.

Radiografía de la irregularidad en Quintana Roo

En el marco del evento, la Dra. Christine McCoy, profesora investigadora de la Unicaribe, expuso datos críticos sobre la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres, donde un 30% de la población (unas 240,000 personas y 60,000 familias) carece de certeza jurídica.

La investigadora contrastó las dos realidades de la irregularidad: por un lado, las colonias de población migrante de bajos ingresos con necesidad real de vivienda; y por el otro, los desarrollos inmobiliarios,fruto de la especulación de fraccionadores y ejidatarios que venden lotes sin servicios ni autorización urbana. Como ejemplo, señaló que desde 1986 existen 135 fraccionamientos sin acta de municipalización.

Un problema sistémico de más de 50 años

El análisis histórico de la Dra. McCoy revela que la problemática inició desde la fundación de Cancún en 1970, cuando los trabajadores de la construcción habitaban campamentos sin planificación. Para 2020, la ciudad ya había crecido 14.5 veces su superficie original, rebasando por completo las proyecciones de los planes maestros.
Entre los riesgos detectados por la investigación se encuentran:

* Riesgo Sanitario y Económico: Vulnerabilidad total ante crisis (como el COVID-19), propiedades vendidas de forma fraudulenta hasta dos o tres veces, y falta de acceso al crédito.

* Riesgo Ecológico: Daño ambiental severo; tan solo en 2019 se clausuraron 11 desarrollos que abarcaban 601 hectáreas y afectaban a más de 48,000 personas.

* Riesgo Situacional: Inseguridad extrema y violencia. Una colonia irregular encabezó las estadísticas de violencia doméstica en 2021 debido a la falta de presencia policial.

Soluciones propuestas:

La Dra. McCoy enfatizó que las soluciones han fallado durante cinco décadas no por falta de leyes, sino por la carencia de un sistema integrado: «La información está fragmentada, cada municipio maneja datos distintos y las soluciones siempre han sido reactivas en lugar de preventivas, actuando cuando el asentamiento ya alberga a miles de habitantes».

Solución integral

Por tal razón, señaló que una solución integral tendría que abordar los siguientes puntos:

* La creación de un Observatorio estatal de acertamientos irregulares de Quintana Roo, el cual tenga a la academia como rector, con incidencia en política pública.
* El registro y monitoreo inventario único estatal,actualizado en forma continua y cartográfica, con un sistema de alertas tempranas.
* Investigación aplicada con producción de conocimiento sobre causas, tendencias y soluciones.
* Asesoría técnica a los planes de todos los municipios, con incidencia en política pública.

Con la instalación de este Comité, el Gobierno de Quintana Roo y la Universidad del Caribe sientan las bases para un registro único, un monitoreo continuo mediante alertas tempranas y un plan de acción conjunto que ponga al centro a los habitantes más vulnerables de la entidad.