Cancún.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) objetó la intención de dos empresas de adquirir dos parques de aventuras y un parque acuático ubicados en Quintana Roo y un parque de diversiones en Jalisco; así como de cinco delfinarios ubicados en Quintana Roo, tres de los cuales (Dolphinaris Cancún, Dolphinaris Tulum y Dolphinaris Riviera Maya) se encuentran bajo el control de Controladora Dolphin, ya que representaba altos riesgos a la competencia en el mercado de servicios de entretenimiento en delfinarios.

Las empresas involucradas son Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V. y Triton Investments Holdings LLC.

Monopolizan las atracciones turísticas

La Cofece informó mediante un comunicado que los compradores pertenecen a un grupo de interés económico que cuenta con diversos tipos de atracciones en México. En Quintana Roo tienen siete delfinarios, así como un parque de aventuras, además que cuentan con un operador de embarcaciones de turismo recreativo que ofrece viajes en catamarán y yates.

Derivado del análisis, la Comisión concluyó que, respecto al servicio de entretenimiento en parques de diversiones, de aventuras y acuáticos, la concentración tenía pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia económica y libre concurrencia, ya que las participaciones de mercado cumplen con los criterios de la Comisión y no se advierten elementos adicionales que generen riesgos en dichos mercados. Sin embargo, la Comisión objetó la operación respecto al servicio de entretenimiento en delfinarios, pues la concentración implicaría la absorción por parte de los Compradores de un competidor con la capacidad de ejercer presión competitiva.

Por ello, el Pleno de la Comisión resolvió solo autorizar la adquisición de parques de diversiones, acuáticos y de aventura, ya que la operación implicaba riesgos para la competencia respecto del servicio de entretenimiento en delfinarios.

PJF debe revisar la legalidad de estas concentraciones

La Cofece aclaró que la Ley otorga a los agentes económicos notificantes de la concentración el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación del organismo.