Chetumal.- Alrededor de 200 familias de la comunidad de Calderitas denunciaron ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario que superaría los 30 millones de pesos, luego de asegurar que, pese a haber pagado durante más de cinco años los terrenos que adquirieron, hasta la fecha no han recibido las escrituras que acrediten legalmente la propiedad de sus predios.

No han cumplido con la escrituración

Los afectados explicaron que realizaron la compra de los lotes bajo el compromiso de que, una vez concluidos los pagos, el vendedor iniciaría el proceso de escrituración. Sin embargo, señalaron que ese compromiso nunca se cumplió y actualmente desconocen cuál es la situación jurídica de los terrenos donde muchos incluso ya construyeron sus viviendas.

De acuerdo con los vecinos, el costo de cada uno de los terrenos es de 165 mil pesos, de los cuales durante varios años realizaron puntualmente los pagos establecidos en los contratos de compraventa, confiando en que al finalizar el proceso recibirían la documentación correspondiente. No obstante, al intentar exigir la entrega de las escrituras, comenzaron a enfrentar evasivas y posteriormente el presunto responsable dejó de responder llamadas, mensajes y solicitudes de reunión.

Incertidumbre sobre su patrimonio

Las familias manifestaron que el monto del presunto fraude rebasa los 30 millones de pesos, considerando las aportaciones realizadas por todos los compradores, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre el patrimonio que adquirieron con años de esfuerzo.

Los denunciantes señalaron que la falta de escrituración les impide tener certeza jurídica sobre sus propiedades, además de impedirles realizar diversos trámites, acceder a créditos para mejorar sus viviendas o heredar legalmente los inmuebles a sus familiares.

Temen perder los terrenos

Indicaron que la preocupación ha aumentado debido a que algunos temen perder los terrenos por los que pagaron durante varios años, al no contar con documentos que acrediten plenamente la propiedad.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen el caso y determinen si existen responsabilidades penales por el presunto fraude inmobiliario.

Solicitan la intervención de autoridades

También solicitaron la intervención de las autoridades encargadas del Registro Público de la Propiedad y de las instancias relacionadas con el desarrollo urbano para conocer el estatus legal de los terrenos y encontrar una solución que les permita obtener las escrituras correspondientes.

Los afectados afirmaron que permanecerán organizados y no descartan emprender acciones legales colectivas para recuperar su patrimonio o exigir que se cumplan los compromisos adquiridos al momento de la compra de los predios.

Chetumal.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, Johana Acosta Conrado, consideró que la entidad podría convertirse en uno de los primeros estados del país en definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación, figura con la que el partido comenzará la organización de su estructura política de cara al proceso electoral de 2027.

Perfiles reducidos ayudarían a un proceso ágil

La dirigente estatal señaló que, a diferencia de otras entidades donde existe un elevado número de aspirantes interesados en participar en este proceso interno, en Quintana Roo el panorama es distinto debido a que el número de perfiles es reducido, situación que, afirmó, permitirá que el procedimiento pueda desarrollarse con mayor agilidad y en un ambiente de mayor orden.

Acosta Conrado explicó que mientras en algunos estados del país se habla de más de veinte personas interesadas en competir por la coordinación estatal, en Quintana Roo la cantidad de aspirantes es considerablemente menor, lo que facilitaría la toma de decisiones por parte de la dirigencia nacional y de los órganos internos del partido.

La unidad interna será prioridad

La líder morenista destacó que el proceso se realizará conforme a los lineamientos establecidos por el partido y reiteró que la prioridad será mantener la unidad interna, fortalecer la organización territorial y consolidar el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad antes del inicio formal del proceso electoral.

Respecto a las diferencias de opinión o posicionamientos que han surgido entre algunos de los aspirantes, Johana Acosta minimizó cualquier posibilidad de división al asegurar que se trata de expresiones propias de un movimiento amplio y democrático.

Hay madurez política en Morena

Indicó que los señalamientos, respaldos y manifestaciones públicas entre quienes buscan participar son «apasionamientos naturales» que suelen presentarse en cualquier proceso político interno, pero afirmó que no representan un riesgo para la cohesión del partido.

La dirigente sostuvo que en Morena existe madurez política entre los distintos grupos y actores, por lo que descartó que estas diferencias puedan derivar en rupturas o fracturas dentro del movimiento.

Espera respeto a los resultados

Expresó su confianza en que, una vez que se definan los mecanismos y tiempos para la selección de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación, todos los participantes respetarán los resultados y se sumarán al proyecto común rumbo a las elecciones de 2027.

Acosta Conrado insistió en que el objetivo principal es fortalecer la estructura partidista en todo Quintana Roo, mantener la cercanía con la militancia y consolidar la organización territorial para enfrentar los próximos comicios con un partido unido.

Aseguró que Morena continúa privilegiando la unidad y el trabajo interno por encima de los intereses personales, por lo que confió en que el proceso de definición de la coordinación estatal se desarrollará de manera ordenada, transparente y con respeto entre todos los aspirantes, manteniendo la fortaleza del movimiento en Quintana Roo.

Chetumal.- El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual expropia 102 hectáreas, del ejido Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco, para destinarlas a la construcción de infraestructura ferroviaria, la operación del Tren Maya y sus obras complementarias.

Utilidades de los terrenos

Los terrenos formarán parte del Tramo 6 Tulum-Chetumal, además de servir para el derecho de vía y la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y carga.

La medida se sustenta en una causa de utilidad pública, conforme a la Ley Agraria, y beneficia a Tren Maya, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria encargada de la operación del sistema ferroviario.

De acuerdo con el decreto, la superficie expropiada corresponde a terrenos de temporal, de los cuales 67 hectáreas, 69 áreas y 76 centiáreas pertenecen a tierras de uso común del ejido, mientras que 34 hectáreas, 49 áreas y 95 centiáreas corresponden a tierras de uso parcelado.

Consolidará la infraestructura ferroviaria

Durante el procedimiento administrativo, las autoridades realizaron una verificación técnica que redujo ligeramente la extensión originalmente solicitada, ya que la petición presentada por Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V. contemplaba 102 hectáreas, 23 áreas y 13.13 centiáreas, aunque el levantamiento definitivo estableció una superficie de 102.19 hectáreas.

El Gobierno Federal argumentó que la expropiación permitirá consolidar la infraestructura ferroviaria en el sur del estado y fortalecer el transporte de mercancías y pasajeros en la Península de Yucatán. En el decreto se señala que el Tren Maya forma parte de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente aquellas orientadas al desarrollo de infraestructura ferroviaria y al impulso del transporte de carga como una herramienta para mejorar la conectividad regional y la actividad económica del sureste.

La indemnización asciende a 160 mdp

Como parte del procedimiento, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que la indemnización total por la superficie expropiada asciende a 160 millones 739 mil 231 pesos con 97 centavos, equivalente a un valor promedio cercano a 1.57 millones de pesos por hectárea. El decreto establece que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá acreditar el pago correspondiente antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute formalmente la expropiación.

El documento también revela que la ocupación de estos terrenos inició antes de la emisión del decreto. En septiembre de 2023, la asamblea del ejido Juan Sarabia aprobó la firma de tres convenios de ocupación previa y, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, Fonatur Tren Maya celebró 11 convenios con los propietarios de parcelas afectadas. Estos acuerdos permitieron utilizar de manera anticipada las superficies involucradas y contemplaron pagos a cuenta de la indemnización definitiva.

No hubo observaciones o inconformidades

La Sedatu notificó oficialmente la solicitud de expropiación al comisariado ejidal y a los propietarios de las parcelas en octubre de 2025 y mayo de 2026. El decreto señala que los afectados contaron con un plazo legal para presentar observaciones o inconformidades; sin embargo, ninguno presentó manifestaciones durante el procedimiento, por lo que la dependencia continuó con el trámite hasta emitir el dictamen favorable en junio de este año.

El ejido Juan Sarabia cuenta con una larga historia agraria. De acuerdo con el propio decreto, recibió una dotación inicial de 2 mil 880 hectáreas mediante resolución presidencial publicada en junio de 1941 y una ampliación de 21 mil 240 hectáreas un mes después, con lo que alcanzó una superficie total de 24 mil 120 hectáreas. Desde entonces ha registrado diversas afectaciones por expropiaciones destinadas a infraestructura y otros proyectos federales.

Antes de este decreto, el núcleo agrario acumulaba cinco expropiaciones realizadas entre 1985 y 2026, que en conjunto representaban alrededor de 228.5 hectáreas.