Hermosillo.- Natanael Rubén “N”, mejor conocido como Natanael Cano, el influyente cantante de corridos tumbados, fue vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho tras una audiencia en Hermosillo, Sonora.

Le prohíben salir del país

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la decisión del juez, quien además impuso al artista la obligación de firmar periódicamente en un juzgado y le prohibió salir del país sin autorización judicial.

Intentó sobornar a policías

El incidente que llevó a este proceso judicial ocurrió el 29 de marzo, cuando Cano, al volante de un Dodge Charger rojo, modelo reciente y sin placas, fue interceptado por la Policía Municipal de Hermosillo mientras conducía a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos. Según la versión de las autoridades, Cano ofreció dinero a los agentes para evitar ser sancionado, lo que motivó la acusación por cohecho.

Gana amparo contra detención

A pesar de este intento de soborno, Cano continuó su camino a alta velocidad, provocando una persecución que culminó cuando el cantante detuvo el vehículo, sin que los policías procedieran a detenerlo en ese momento. Durante la audiencia, Cano se presentó protegido por un amparo que impidió su detención, aunque el juez decidió vincularlo a proceso y aplicar las medidas cautelares mencionadas.

Natanael Cano ha sido una figura controvertida en la escena musical mexicana. Conocido por ser pionero de los corridos tumbados, un subgénero que fusiona la música regional mexicana con influencias del trap y el rap, Cano ha revolucionado el panorama musical del país. Su estilo ha capturado la atención de una nueva generación, pero también ha generado críticas por el contenido explícito y el estilo de vida que promueve.

Este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto el joven cantante. A lo largo de su carrera, Cano ha sido objeto de polémicas mediáticas, desde sus enfrentamientos con otros artistas hasta acusaciones por su conducta fuera del escenario. Este último incidente legal añade una nueva capa a su ya controvertida figura pública.

La FGJES continúa el proceso legal, buscando que se apliquen las sanciones correspondientes conforme a derecho. (Fuente: La Jornada)