Chetumal.- La XVIII Legislatura del Congreso del Estado, en coordinación con instituciones de educación superior y de investigación, lanzó la convocatoria para conformar la nueva Comisión de Selección que tendrá la responsabilidad de designar a las y los próximos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.

Aprobación por unaniidad

La convocatoria fue aprobada por unanimidad durante los trabajos de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, marcando el inicio del proceso de renovación del órgano ciudadano encargado de fortalecer la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.

El llamado está dirigido a universidades públicas y privadas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil para que postulen a personas con amplia trayectoria y experiencia en materias como fiscalización, rendición de cuentas, finanzas públicas, transparencia, combate a la corrupción y control gubernamental.

Evaluarán perfiles para seleccionar a 5 nuevos integrantes

De acuerdo con lo aprobado por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, las cinco personas que integren la Comisión de Selección serán las encargadas de evaluar los perfiles de los aspirantes y posteriormente designar, de manera escalonada, a los cinco nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante la sesión, personal de apoyo jurídico del Congreso del Estado dio lectura a la convocatoria, en la que se detallan los requisitos, plazos y mecanismos que deberán cumplir las instituciones interesadas en participar en este proceso de selección.

Proceso abierto y transparente

Los legisladores destacaron que este procedimiento busca garantizar un proceso abierto, transparente y con la participación de instituciones académicas y organizaciones de reconocido prestigio, privilegiando la capacidad técnica, la experiencia y la independencia de quienes sean propuestos.

Señalaron que la renovación del Comité de Participación Ciudadana representa una oportunidad para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción mediante perfiles especializados que contribuyan al diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención, detección y combate de actos de corrupción, así como en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.

Con esta convocatoria también se da cumplimiento a la reforma legal aprobada por el Congreso del Estado en mayo pasado, mediante la cual se realizaron modificaciones importantes al funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.

Cambios en el CPC

Entre los cambios destaca la reducción del periodo de encargo de sus integrantes, que pasó de cinco a tres años, con el propósito de acelerar la rotación de sus miembros y dinamizar la participación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

La reforma también contempla una reingeniería administrativa orientada a la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, se eliminó el presupuesto fijo anual de aproximadamente seis millones de pesos con que operaba el Comité de Participación Ciudadana y se estableció un nuevo esquema de remuneraciones basado en un tabulador por honorarios.

Los integrantes de la Comisión Anticorrupción señalaron que estas modificaciones buscan hacer más eficiente el funcionamiento del órgano ciudadano, privilegiando la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

Chetumal.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, explicó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclara el alcance de la reforma judicial y descarta cualquier interpretación que ponga en duda la legalidad de los actuales nombramientos de magistrados o de la integración del Poder Judicial estatal.

Certeza jurídica al proceso de transformación judicial

Explicó que la resolución emitida no representa una desestabilización para el Poder Judicial de Quintana Roo, sino que brinda certeza jurídica al proceso de transformación judicial en la entidad, al validar la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y establecer que el Congreso del Estado deberá armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal para que la elección de los cargos pendientes se realice en 2028.

Cristina Torres recordó que la primera reforma judicial aprobada en Quintana Roo contemplaba la renovación de todos los cargos del Poder Judicial mediante elección en 2027. Sin embargo, en los artículos transitorios se establecía que los magistrados de reciente nombramiento podrían participar hasta el proceso electoral concurrente con las elecciones federales de 2033.

Se modificó el calendario de la elección judicial

No obstante, explicó que el panorama cambió tras la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de este año, la cual modificó el calendario de implementación de la elección judicial en las entidades federativas.

«En Quintana Roo teníamos dos magistrados de reciente nombramiento, y la reforma establecía en un artículo transitorio que las siguientes elecciones debían coincidir con las federales. Pero, al modificarse la reforma constitucional este año, se determinó que la elección judicial de los cargos pendientes no será en 2027, sino en 2028, para quienes no pasaron por proceso electoral», señaló.

Se homologará el proceso con el calendario federal

Cristina Torres explicó que, a partir de esta determinación, la Suprema Corte resolvió que Quintana Roo deberá realizar en 2028 la elección de aquellos cargos judiciales cuyos titulares no fueron electos mediante voto ciudadano, con el propósito de homologar el proceso local con el calendario federal.

Precisó que la resolución no implica la remoción de funcionarios judiciales ni deja sin efectos las designaciones previamente realizadas por las autoridades competentes.

«La Corte no invalida nombramientos, no invalida cargos y tampoco determina que exista alguna ilegalidad en el funcionamiento del Poder Judicial de Quintana Roo», enfatizó.

Claridad jurídica

La secretaria de Gobierno destacó que el resolutivo ofrece claridad jurídica y evita interpretaciones erróneas sobre una supuesta crisis institucional dentro del Poder Judicial del estado.

Aseguró que ahora corresponderá al Congreso de Quintana Roo realizar las adecuaciones necesarias a la legislación local para armonizarla con la reforma constitucional federal, respetando los criterios establecidos por la Suprema Corte.

Reforma judicial ordenada

Indicó que este proceso permitirá que la implementación de la reforma judicial en Quintana Roo se lleve a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad de las funciones jurisdiccionales y otorgando certeza tanto a los integrantes del Poder Judicial como a la ciudadanía.

Sostuvo que la intención de la reforma es consolidar un sistema judicial más transparente y democrático, sin afectar la estabilidad institucional ni generar vacíos legales durante el periodo de transición.

Chetumal.- La Comisión Permanente de la XVIII Legislatura dio lectura a dos iniciativas que buscan modernizar el marco normativo estatal en materia civil y de asistencia social, relacionadas con la protección animal y la donación altruista de alimentos.

Iniciativa ciudadana

En primer término, la Mesa Directiva dio trámite a una iniciativa ciudadana promovida por Carlos Marcelo Baquedano Gorocica. Dicha propuesta plantea reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Quintana Roo para reconocer jurídicamente a los animales como «seres sintientes».

Esta modificación busca dejar atrás la visión tradicional que los cataloga estrictamente como cosas o bienes muebles, armonizando la legislación civil con la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado. Además, la iniciativa establece normativas claras sobre la responsabilidad ante el escape de animales feroces y las reglas para la apropiación de animales domésticos.

Iniciativa presentada por Jorge Sanén Cervantes

Posteriormente, se dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta propuesta busca reformar diversas disposiciones de la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en el Estado de Quintana Roo.

La iniciativa tiene como finalidad actualizar la normativa incorporando un lenguaje con perspectiva de género. Entre sus puntos más destacados, amplía los beneficios de la donación de alimentos para que estos también puedan ser destinados a centros de animales en cautiverio.

Asimismo, propone regular el proceso a través de convenios formales y facultar al Sistema DIF para entregar reconocimientos anuales a las personas donantes más distinguidas, entre otras modificaciones.