Chetumal.- El Colegio de Psicólogos de Quintana Roo (Copsiqroo), advirtió que siete de cada 10 jóvenes recurren a la inteligencia artificial como una forma de refugio emocional y la incorporan cada vez más a su vida cotidiana, en un contexto marcado por la normalización de la violencia, el aislamiento social y el incremento de los trastornos emocionales.

Nuevas generaciones marcadas por entornos violentos

La presidenta del organismo, Arlene Guadalupe Rivero Fernández, señaló que los entornos violentos influyen en el comportamiento de las nuevas generaciones, al favorecer conductas agresivas, dificultades para resolver problemas y una pérdida de funcionalidad en distintas áreas de su vida.

Explicó que, ante la falta de comprensión y acompañamiento en su entorno, algunos jóvenes encuentran en las herramientas tecnológicas una forma de conexión emocional, lo que puede reducir la interacción directa con otras personas.

Conexiones emocionales a través de la tecnología

“Ese entorno de violencia normalizada hace tengan conductas agresivas y a tener poca resolución de problemas; de allí detectamos poca funcionalidad en sus áreas de vida, como pérdida del sentido de importancia, del sentido de funcionalidad, hay mucho aislamiento. Allí entra la parte tecnológica, donde ellos dicen a través de esto me conecto, se están conectando emocionalmente a través de esto; ya no hay contacto cara a cara… No me siento entendido, comprendido, no me siento visto”.

La especialista dijo que la problemática también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la atención psicológica para las infancias y juventudes, ante factores como la falta de especialistas e infraestructura, así como la disponibilidad inmediata de las herramientas de inteligencia artificial y la percepción de que ofrecen un espacio sin juicios.

Aumentan problemas de salud emocional

Sin embargo, el uso de estas tecnologías no ha impedido que continúen en aumento los problemas de salud emocional, entre ellos la depresión, la ansiedad y las conductas autoinfligidas, por lo que especialistas consideran necesario reforzar las estrategias de prevención, detección y acompañamiento oportuno.

Anuncian congreso de psicología

Ante este panorama, el Colegio de Psicólogos de Quintana Roo organizará del 15 al 17 de octubre el Congreso de Psicología “Semillas del Futuro 2026”, que tendrá como sede el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal (CINyC).

El encuentro estará enfocado en el diseño de acciones para atender las necesidades emocionales y psicológicas de las infancias y juventudes, consideradas entre los sectores más vulnerables ante las problemáticas sociales actuales.

El objetivo será impulsar propuestas de intervención y fortalecer las herramientas de atención para responder a los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones, en un contexto donde la violencia, el aislamiento y la creciente dependencia de los entornos digitales representan retos para su desarrollo emocional y social.

Chetumal.- Un grupo de ejidatarios de la comunidad de El Ramonal bloquearon la carretera federal Chetumal-Escarcega a la altura de la comunidad de Francisco Villa, como medida de presión por el incumplimiento en el pago de la indemnización de 64 hectáreas de terrenos expropiados hace más de 53 años para la construcción de esta carretera.

Exigen a las autoridades el pago por las tierras

La protesta comenzó alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, cuando los inconformes colocaron tractores, troncos y piedras para impedir el paso vehicular, mientras que con pancartas y consignas exigieron a las autoridades federales resolver el conflicto agrario y cumplir con el pago correspondiente por las tierras utilizadas para construir la carretera.

Los ejidatarios señalaron que el problema se remonta a 1973, cuando la entonces autoridad federal responsable de la infraestructura carretera expropió 64 hectáreas pertenecientes al ejido El Ramonal, ubicado a aproximadamente 27.5 kilómetros de Chetumal.

Desde entonces, los propietarios de las tierras quedaron a la espera de recibir la indemnización, sin que hasta la fecha se haya concretado el pago, de acuerdo con los manifestantes.

Piden un millón por hectárea afectada

Como parte de sus exigencias, los inconformes solicitan una indemnización de un millón de pesos por cada hectárea afectada, lo que representaría un monto de 64 millones de pesos por la superficie reclamada.

Ante la falta de respuesta, en 2013 los ejidatarios promovieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 44 para reclamar el pago de los terrenos expropiados. Sin embargo, aseguran que, durante los últimos 13 años, el procedimiento ha permanecido sin una resolución definitiva debido a las acciones legales promovidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia a la que acusan de retrasar la conclusión del litigio.

Están dispuestos al diálogo

Pese a la inconformidad acumulada durante décadas, los ejidatarios manifestaron que mantienen disposición para dialogar y negociar con las autoridades federales, siempre que exista una respuesta concreta que permita avanzar hacia la solución del conflicto.

La interrupción del tránsito afecta a automovilistas, transportistas y demás usuarios que dependen de esta carretera para trasladarse entre comunidades y hacia otros puntos del estado y la península de Yucatán.

Restricciones al tráfico

Los manifestantes establecieron restricciones al paso y únicamente permitieron el tránsito de personas enfermas que debían acudir a citas médicas, así como de unidades de emergencia, auxilio y rescate.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de la situación; sin embargo, hasta el momento de la protesta no intervinieron para retirar los obstáculos colocados sobre la carretera.

Chetumal.– La Legislatura de la Justicia Social aprobó entregar un reconocimiento al Tec de la Zona Maya, en el marco del 50 aniversario de esta institución educativa con sede en la comunidad de Juan Sarabia.

Homenaje al personal, directivos y egresados

El reconocimiento tiene como objetivo principal homenajear a la institución, así como a su personal docente, administrativo, directivo y a la comunidad de egresados, por su invaluable y continua contribución al desarrollo educativo, científico, tecnológico, agropecuario, forestal, empresarial y social de Quintana Roo.

Fundado el 8 de octubre de 1976 en el Ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, bajo el nombre inicial de Instituto Tecnológico Agropecuario No. 16, el «Tec de la Zona Maya» ha evolucionado hasta consolidarse como un referente educativo.

Papel estratégico en el área agropecuaria

Actualmente, se destaca por ser la única institución pública de educación superior especializada en el área agropecuaria en todo el Estado, lo que le confiere un papel estratégico y vital para la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región.

La entrega oficial de este alto reconocimiento institucional se llevará a cabo durante la Sesión Ordinaria del Pleno, programada para el próximo 27 de octubre de 2026.

Iniciativas para reformar la Ley de Educación

En la sesión ordinaria del día se presentaron dos importantes iniciativas para reformar la Ley de Educación del Estado.

La primera busca garantizar la accesibilidad universal y proteger explícitamente a las y los estudiantes con condiciones neurodivergentes, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), tipificando como infracción la segregación o negativa del servicio educativo por esta causa.

La segunda iniciativa propone elevar a rango constitucional la Lengua de Señas Mexicana (LSM), reconociéndola como parte del patrimonio lingüístico estatal.

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por otra parte, se propuso adicionar a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, el derecho a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente y de calidad.

Finalmente, se dio lectura a una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado para proteger los derechos laborales de las y los servidores públicos víctimas de desaparición.