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Chetumal

Ejidatarios de Morocoy exigen el pago de 298 hectáreas ocupadas por los sitios arqueológicos de Dzibanché y Kinichná

Mantienen la disposición de llegar a un acuerdo pacífico que permita resolver el conflicto de manera favorable para todas las partes

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Chetumal.- Ejidatarios de Morocoy mantienen la exigencia para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cumpla con el pago de indemnización correspondiente a 298 hectáreas ocupadas por los sitios arqueológicos de Dzibanché y Kinichná.

Conciliación o vía jurídica

Sonia Méndez Lile, ex comisaria ejidal de Morocoy, señaló que el ejido se encuentra ante dos posibles escenarios que podrían alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y la conciliación, o retomar la vía jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario, instancia donde ya fue presentada una demanda relacionada con el reclamo de las tierras.

“Hasta el momento solo hemos tenido una reunión y no hay avances para seguir con las mesas de trabajo”, señaló Méndez Lile, quien insistió en que los ejidatarios mantienen la disposición de llegar a un acuerdo pacífico que permita resolver el conflicto de manera favorable para todas las partes.

La ex representante ejidal explicó que el procedimiento jurídico quedó pendiente precisamente ante la expectativa de que las autoridades estatales pudieran facilitar una negociación con las instancias federales responsables del pago de la indemnización.

No hay avances concretos

Sin embargo, aseguró que hasta ahora no existen avances concretos para determinar cuándo podría concretarse el pago por las 298 hectáreas.

Méndez Lile también expresó incertidumbre sobre las razones por las cuales el proceso no ha avanzado y planteó la posibilidad de que las restricciones presupuestales del Gobierno Federal estén influyendo en el cumplimiento de los compromisos de indemnización.

“Desconocemos si realmente la situación económica federal está crítica y no han podido pagar”, comentó, al señalar que una situación similar se estaría presentando con ejidatarios de Salidos, quienes también se encuentran a la espera de que se concrete una indemnización.

Aún no establecen oficialmente la superficie

Precisó que, en el caso de Morocoy, todavía falta completar parte del procedimiento técnico para establecer oficialmente la superficie que deberá ser considerada para el pago.

De acuerdo con Méndez Lile, el ejido ya realizó sus propias mediciones de las tierras involucradas, pero todavía está pendiente la evaluación correspondiente por parte del INDAABIN, por lo que no existe aún una valoración oficial que permita avanzar hacia la determinación definitiva de la indemnización.

“Nosotros ya medimos, pero no ha ido el INDAABIN a hacer su evaluación”, señaló.

Piden ruta clara para resolver el problema

Pidió a la gobernadora Mara Lezama y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, para que se dé continuidad a las reuniones de conciliación y se establezca una ruta clara para resolver el conflicto.

Méndez Lile afirmó que los integrantes del ejido mantienen la voluntad de conciliar y evitar que el conflicto se prolongue por la vía judicial, siempre y cuando se respeten los derechos de los propietarios de las tierras.

Destacó que la zona donde se encuentran Dzibanché y Kinichná cuenta con un importante potencial turístico y consideró que un acuerdo entre las autoridades y el ejido podría permitir generar beneficios para la comunidad y fortalecer el aprovechamiento turístico de estos sitios arqueológicos.

Chetumal

Explotación comercial del caracol chivita en la laguna de Bacalar debe regularse para evitar extracción descontrolada de esta especie

Su extracción y venta representan una actividad que debe desarrollarse bajo criterios de sustentabilidad y con medidas que garanticen la conservación de la especie, indicó la bióloga María Luisa Villarreal Sonora

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Chetumal.- La bióloga María Luisa Villarreal Sonora, investigadora y consejera ambiental, considero que la explotación comercial del caracol chivita en la laguna de Bacalar debe ser regulada para evitar la extracción descontrolada de esta especie y reducir los riesgos que enfrenta su población.

La explotación debe ser sustentable para conservar la especie

Días atrás se viralizo un vídeo en redes sociales en donde se observa a un sujeto cargando cientos de caracoles chivitas dentro de un costal, lo que encendió la polémica sobre el aprovechamiento y explotación del molusco.

La especialista señaló que es necesario establecer mecanismos que permitan ordenar la comercialización del caracol chivita, debido a que su extracción y venta representan una actividad que debe desarrollarse bajo criterios de sustentabilidad y con medidas que garanticen la conservación de la especie dentro del ecosistema lagunar.

Proyectos de acuacultura, una opción

Explicó que una de las alternativas para atender esta problemática sería promover proyectos de acuacultura mediante la instalación de granjas dedicadas a la reproducción y crianza del caracol chivita.

«Con ello, se podría generar una fuente legal de abastecimiento para los comerciantes y consumidores, sin depender exclusivamente de los ejemplares que son extraídos directamente de la laguna», comentó.

María Luisa Villarreal Sonora consideró que la creación de estas unidades de producción permitiría avanzar hacia un esquema de aprovechamiento más ordenado, en el que la actividad comercial pueda continuar, pero bajo condiciones que no pongan en riesgo la permanencia de esta especie en su hábitat natural.

Con regulación se combatiría el comercio ilegal

Advirtió que la comercialización de productos provenientes de la vida silvestre requiere vigilancia y regulación, pues cuando no existen controles suficientes se facilita la extracción irregular y la venta de ejemplares cuyo origen no puede comprobarse.

Sostuvo que las granjas podrían convertirse en una herramienta para combatir el comercio ilegal, siempre que cuenten con los permisos correspondientes, mecanismos de trazabilidad y supervisión de las autoridades ambientales.

Nuevas alternativas beneficiarían a la localidad

La propuesta también abriría la posibilidad de involucrar a pescadores, habitantes de Bacalar y pequeños productores en nuevas alternativas económicas, mediante proyectos de reproducción en cautiverio o sistemas controlados de cultivo que permitan aprovechar comercialmente el molusco sin incrementar la presión sobre las poblaciones silvestres.

La bióloga destacó la importancia de que las decisiones relacionadas con el aprovechamiento del caracol chivita estén respaldadas por estudios técnicos y científicos que permitan conocer las condiciones actuales de la especie, su reproducción, sus ciclos de crecimiento y la capacidad de recuperación de sus poblaciones.

Asimismo, consideró necesario que las autoridades ambientales, investigadores y sectores involucrados en la actividad comercial trabajen de manera coordinada para establecer reglas claras sobre la extracción, transporte, distribución y venta del molusco.

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Chetumal

SAT impondría multas de hasta 11 mil 540 pesos a los contribuyentes que incumplan con la instalación y activación del Buzón Tributario

PRODECON recomendó a los contribuyentes revisar que su buzón se encuentre habilitado y que sus datos de contacto estén actualizados

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Chetumal.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría imponer multas de hasta 11 mil 540 pesos a los contribuyentes que incumplan con la instalación y activación del Buzón Tributario, una herramienta de comunicación obligatoria para diversos contribuyentes.

Recomiendan a contribuyentes revisar su buzón tributario

Roberto Prado Damián, representante de la PRODECON en Chetumal, confirmó que las personas que no cumplan con esta disposición fiscal pueden hacerse acreedoras a sanciones económicas, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

El funcionario explicó que las multas van desde los 3 mil 850 pesos hasta los 11 mil 540 pesos, dependiendo de la infracción cometida, por lo que recomendó a los contribuyentes revisar que su buzón se encuentre habilitado y que sus datos de contacto estén actualizados.

Principales requisitos

Entre los principales requisitos se encuentra registrar y mantener vigentes los medios de contacto, principalmente una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, a través de los cuales el SAT puede enviar avisos relacionados con obligaciones, notificaciones y trámites fiscales.

Prado Damián señaló que no basta con contar con una cuenta de Buzón Tributario, sino que también es necesario completar el procedimiento de habilitación y verificar que los medios de contacto registrados funcionen correctamente.

Consecuencias para contribuyentes

La omisión de este trámite puede generar consecuencias económicas para los contribuyentes, además de complicaciones para atender oportunamente los requerimientos de la autoridad fiscal.

Por ello, la PRODECON recomendó a las personas físicas y morales revisar su situación ante el SAT, ingresar a su Buzón Tributario y confirmar que tanto el correo electrónico como el teléfono celular estén correctamente registrados y actualizados.

La dependencia recordó que los contribuyentes pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para recibir orientación y asesoría gratuita sobre sus obligaciones fiscales, así como para resolver dudas relacionadas con las notificaciones y posibles sanciones.

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Chetumal

Ayuntamiento de Othón P. Blanco y dueño del terreno del basurero de Mahahual podrían enfrentar multas millonarias por irregularidades ambientales

La acumulación de basura ha rebasado la capacidad del predio y se ha extendido hasta los márgenes de la carretera, aunado a la filtración de lixiviados al subsuelo y el posible riesgo de contaminación del manto freático

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Chetumal.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el propietario del terreno donde opera el basurero de Mahahual podrían enfrentar multas de hasta nueve millones de pesos por las irregularidades ambientales detectadas en este sitio de disposición final de residuos sólidos, donde la acumulación de basura ha rebasado la capacidad del predio y se ha extendido hasta los márgenes de la carretera.

Filtración de lixiviados y manto freático en riesgo

El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen Meyer, confirmó que existe un procedimiento administrativo en curso por las condiciones en las que opera el basurero, particularmente por la filtración de lixiviados al subsuelo y el posible riesgo de contaminación del manto freático.

Explicó que el monto de la sanción dependerá del número y la gravedad de las infracciones que logren acreditarse durante las investigaciones, así como de las afectaciones ambientales relacionadas con el manejo y disposición de los residuos sólidos.

Hasta 4 mdp ascenderían las multas

El funcionario detalló que las multas podrían alcanzar aproximadamente cuatro millones de pesos por incumplimientos en materia de impacto ambiental relacionados con el manejo de residuos, mientras que otras infracciones por daños o afectaciones ambientales podrían representar entre cuatro y cinco millones de pesos adicionales.

Comentó que la sanción económica podría llegar hasta los nueve millones de pesos, aunque precisó que todavía deben agotarse los plazos legales del procedimiento administrativo antes de determinar la cantidad definitiva.

Alonso Fernández Lemmen Meyer señaló que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco ya fue emplazado dentro de este procedimiento y que también podría existir responsabilidad para el propietario del terreno, dependiendo de quién tenga a su cargo la operación del sitio y de las obligaciones que correspondan a cada una de las partes.

En ese sentido, no descartó que las sanciones puedan distribuirse entre la autoridad municipal y el particular propietario del predio, que cuenta con una superficie aproximada de cinco hectáreas.

Problemas de saturación

El basurero se localiza en el kilómetro siete de la carretera Mahahual-El Cafetal y actualmente enfrenta problemas de saturación, debido a que los desperdicios han comenzado a extenderse fuera del área destinada para su confinamiento, alcanzando incluso algunos puntos de la orilla de la carretera.

La situación fue denunciada por habitantes de Mahahual, quienes alertaron sobre los riesgos de contaminación ambiental que representa la acumulación de basura, además de las posibles afectaciones al suelo y al entorno natural de este destino turístico.

El procurador ambiental comentó que la dependencia tuvo acercamientos con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, debido a que la autoridad municipal habría identificado a un proveedor o empresa para realizar trabajos de limpieza en el lugar.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuenta con información precisa sobre las condiciones en las que se realizarían esos trabajos, cuándo comenzarían o si ya fueron ejecutados.

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