Chetumal.- La intensa sequía que afecta a Quintana Roo ha provocado pérdidas en cultivos de maíz y mantiene en incertidumbre a alrededor de ocho mil productores del municipio de Felipe Carrillo Puerto, quienes han solicitado que las superficies afectadas sean consideradas como siniestradas para este ciclo agrícola y puedan acceder a algún esquema de apoyo.

Hay preocupación entre los campesinos

El delegado de la Secretaría de Agricultura en Quintana Roo, Enrique Morales Pardo, reconoció que existe preocupación entre los campesinos debido a las condiciones de sequía, que han afectado principalmente la producción de maíz criollo cultivado bajo el sistema tradicional de espeque.

Explicó que, ante la situación, se mantiene coordinación con el Gobierno del Estado para integrar los reportes de afectaciones y hacerlos llegar a las autoridades federales.

Documentan pérdidas para determinar acciones

Morales Pardo señaló que ya se han establecido conversaciones con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Jorge Aguilar, así como con el subsecretario Roberto Arjona, con el propósito de documentar las pérdidas y determinar qué acciones podrían implementarse para atender a los productores.

Sin embargo, aclaró que por el momento todavía no se puede declarar como siniestrada la superficie de cultivo, debido a que continúa el proceso de evaluación en las comunidades afectadas.

“Todavía estamos en diálogo con el gobierno del estado para ver qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la estrategia que se va a implementar, pero hemos estado haciendo observaciones sobre lo que pudiera ser pérdida”, explicó.

Evalúan hectáreas dañadas

El funcionario federal detalló que actualmente se lleva a cabo un censo para determinar con mayor precisión cuántos productores y cuántas hectáreas resultaron afectadas por la falta de lluvias, información que, dijo, deberá estar disponible durante el mes de octubre.
Morales Pardo destacó que los productores de Quintana Roo cuentan con el programa Producción para el Bienestar, mediante el cual se brinda apoyo económico a alrededor de 22 mil productores de maíz en la entidad, con una aportación anual de siete mil 300 pesos.

Estos recursos son entregados entre enero y marzo y están dirigidos a respaldar los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno, con el objetivo de fortalecer la producción y contribuir al autoconsumo de las familias campesinas.

No obstante, ante las pérdidas ocasionadas por la sequía en Felipe Carrillo Puerto, los productores buscan que las autoridades realicen una valoración específica de los cultivos dañados y determinen si existe algún mecanismo adicional de respaldo para quienes no puedan obtener la cosecha esperada.

No se puede disponer de reservas en Quintana Roo

El delegado reconoció que las condiciones climáticas representan un reto particularmente importante para Quintana Roo, debido a que la entidad carece de grandes presas y ríos que permitan disponer de reservas superficiales de agua para enfrentar periodos prolongados de sequía.

“En Quintana Roo no tenemos ni presas, ríos; solamente pozos y estamos trabajando sobre eso”, señaló.

Mientras concluye el levantamiento del censo y la evaluación de daños, los productores de Felipe Carrillo Puerto permanecen a la espera de que las autoridades determinen el nivel de afectación y, en su caso, las medidas que podrían implementarse para compensar las pérdidas registradas durante este ciclo agrícola.

Chetumal.- El vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, Francisco Croce, consideró que la entidad todavía se encuentra lejos de dar el paso hacia la implementación generalizada del voto electrónico, pese a que esta modalidad ha mostrado en ejercicios realizados por el INE una reducción importante en los costos asociados a la operación de las casillas.

No hay ruta definida para la transición

Explicó que aunque el voto electrónico ha sido utilizado de manera experimental en distintos procesos electorales del país, en Quintana Roo todavía no existe una ruta definida para sustituir de manera amplia las boletas impresas por mecanismos electrónicos de votación.

Destaca que, de acuerdo con evaluaciones realizadas por el INE, el costo promedio de una casilla con urna electrónica pasó de 142 mil 752 pesos en el ejercicio de 2020 a 35 mil 791 pesos en 2023, una reducción cercana al 75 por ciento en ese periodo.

Y es que el propio Instituto ha señalado que las urnas electrónicas permiten simplificar el escrutinio y cómputo y disminuir los tiempos de instalación y clausura de las casillas.

Panorama complicado

Sin embargo, la transición no resulta sencilla. La adquisición de los equipos, su almacenamiento, mantenimiento, traslado, configuración, capacitación del personal y las auditorías de los sistemas representan factores que deben ser considerados antes de una eventual implementación a gran escala.

De hecho, dentro del propio INE existen posiciones distintas respecto al costo real de esta modalidad. En una discusión reciente sobre la estrategia institucional de voto electrónico, se señaló que los gastos iniciales y la infraestructura requerida pueden representar un desafío importante, mientras que otros integrantes del Instituto han destacado la reducción de costos observada en las pruebas realizadas.

Estrategia gradual

El INE actualmente mantiene una estrategia gradual para el desarrollo del voto electrónico durante el periodo 2026-2036. El planteamiento contempla la coexistencia de las modalidades electrónicas con el voto mediante boleta impresa, en lugar de una sustitución inmediata del modelo tradicional.

La urna electrónica desarrollada por el INE, por ejemplo, incorpora una impresión térmica que permite generar un testigo del voto para que la persona electora pueda verificar su selección.

Percepción favorable

En las pruebas realizadas por el organismo electoral también se ha registrado una percepción favorable entre quienes han utilizado estos dispositivos. En la evaluación de 2023, más del 70 por ciento de las personas encuestadas consideró fácil o muy fácil votar mediante urna electrónica y 83.7 por ciento del electorado manifestó que le gustaría utilizar esta modalidad en futuras elecciones.

Pese a estos avances, Quintana Roo tendría que definir primero el marco operativo, tecnológico y presupuestal que permitiría incorporar esta modalidad en sus procesos electorales.

Chetumal.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) lleva a cabo asambleas informativas en escuelas de todo el estado con el objetivo de socializar la nueva disposición sobre el uso de dispositivos electrónicos y atender las dudas, inquietudes e inconformidades de madres, padres de familia, docentes y estudiantes.

El objetivo es informar sobre el alcance de la medida

La titular de la SEQ, Elda Xix Euán, confirmó que estos encuentros se están realizando previo a la entrada en vigor de la restricción para el uso de celulares y tabletas dentro de los planteles educativos públicos de Quintana Roo.

La funcionaria explicó que el propósito de las asambleas es generar un proceso de información y diálogo con las comunidades escolares, de manera que todos los involucrados conozcan los alcances de la medida y puedan despejar sus dudas antes de que comience su aplicación.

La restricción entrará en vigor el 3 de noviembre

La restricción comenzará a aplicarse a partir del 3 de noviembre, por lo que la SEQ mantiene las acciones de información y sensibilización en los planteles educativos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación, la medida tendrá impacto en 338 mil 484 estudiantes que actualmente reciben clases en 932 escuelas primarias y 511 secundarias de Quintana Roo.

Se informará sobre condiciones de la medida

La dependencia busca que la implementación de esta disposición se realice de manera ordenada y con la participación de las comunidades escolares, particularmente para establecer claridad sobre las condiciones en las que los dispositivos electrónicos podrán o no ser utilizados dentro de los planteles.

Las autoridades educativas han señalado que el objetivo de estas acciones es favorecer un entorno escolar adecuado y establecer reglas claras para el uso de teléfonos celulares y tabletas durante las actividades educativas.