Chetumal.- El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual expropia 102 hectáreas, del ejido Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco, para destinarlas a la construcción de infraestructura ferroviaria, la operación del Tren Maya y sus obras complementarias.

Utilidades de los terrenos

Los terrenos formarán parte del Tramo 6 Tulum-Chetumal, además de servir para el derecho de vía y la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y carga.

La medida se sustenta en una causa de utilidad pública, conforme a la Ley Agraria, y beneficia a Tren Maya, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria encargada de la operación del sistema ferroviario.

De acuerdo con el decreto, la superficie expropiada corresponde a terrenos de temporal, de los cuales 67 hectáreas, 69 áreas y 76 centiáreas pertenecen a tierras de uso común del ejido, mientras que 34 hectáreas, 49 áreas y 95 centiáreas corresponden a tierras de uso parcelado.

Consolidará la infraestructura ferroviaria

Durante el procedimiento administrativo, las autoridades realizaron una verificación técnica que redujo ligeramente la extensión originalmente solicitada, ya que la petición presentada por Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V. contemplaba 102 hectáreas, 23 áreas y 13.13 centiáreas, aunque el levantamiento definitivo estableció una superficie de 102.19 hectáreas.

El Gobierno Federal argumentó que la expropiación permitirá consolidar la infraestructura ferroviaria en el sur del estado y fortalecer el transporte de mercancías y pasajeros en la Península de Yucatán. En el decreto se señala que el Tren Maya forma parte de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente aquellas orientadas al desarrollo de infraestructura ferroviaria y al impulso del transporte de carga como una herramienta para mejorar la conectividad regional y la actividad económica del sureste.

La indemnización asciende a 160 mdp

Como parte del procedimiento, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que la indemnización total por la superficie expropiada asciende a 160 millones 739 mil 231 pesos con 97 centavos, equivalente a un valor promedio cercano a 1.57 millones de pesos por hectárea. El decreto establece que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá acreditar el pago correspondiente antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute formalmente la expropiación.

El documento también revela que la ocupación de estos terrenos inició antes de la emisión del decreto. En septiembre de 2023, la asamblea del ejido Juan Sarabia aprobó la firma de tres convenios de ocupación previa y, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, Fonatur Tren Maya celebró 11 convenios con los propietarios de parcelas afectadas. Estos acuerdos permitieron utilizar de manera anticipada las superficies involucradas y contemplaron pagos a cuenta de la indemnización definitiva.

No hubo observaciones o inconformidades

La Sedatu notificó oficialmente la solicitud de expropiación al comisariado ejidal y a los propietarios de las parcelas en octubre de 2025 y mayo de 2026. El decreto señala que los afectados contaron con un plazo legal para presentar observaciones o inconformidades; sin embargo, ninguno presentó manifestaciones durante el procedimiento, por lo que la dependencia continuó con el trámite hasta emitir el dictamen favorable en junio de este año.

El ejido Juan Sarabia cuenta con una larga historia agraria. De acuerdo con el propio decreto, recibió una dotación inicial de 2 mil 880 hectáreas mediante resolución presidencial publicada en junio de 1941 y una ampliación de 21 mil 240 hectáreas un mes después, con lo que alcanzó una superficie total de 24 mil 120 hectáreas. Desde entonces ha registrado diversas afectaciones por expropiaciones destinadas a infraestructura y otros proyectos federales.

Antes de este decreto, el núcleo agrario acumulaba cinco expropiaciones realizadas entre 1985 y 2026, que en conjunto representaban alrededor de 228.5 hectáreas.

Chetumal.– Las autoridades federales y el Gobierno de Quintana Roo reanudarán del 27 al 31 de julio la Feria de Paz y Desarme Voluntario, que arrancará en el municipio de Othón P. Blanco, donde se instalarán módulos de atención en Chetumal y comunidades, para posteriormente continuar su recorrido por un total de 14 sedes distribuidas en distintos municipios del estado.

La entrega será voluntaria y anónima

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega, informó que cualquier persona que conserve en su domicilio armas de fuego, cartuchos, municiones o explosivos podrá acudir a los módulos establecidos para entregarlos de manera completamente voluntaria y anónima.

Como parte del programa, quienes participen recibirán un incentivo, que podrá consistir en un apoyo económico o despensas, dependiendo del tipo de armamento entregado y de los lineamientos establecidos para el canje.

Buscan disminuir presencia de armas en hogares

Martínez Ortega explicó que el objetivo principal es disminuir la cantidad de armas que permanecen dentro de los hogares, ya que su presencia representa un riesgo permanente de accidentes, principalmente para niñas, niños y adolescentes, además de contribuir a la prevención de hechos violentos.

El funcionario precisó que el programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución responsable de recibir y destruir el armamento entregado por la ciudadanía.

Confidencialidad total

Subrayó que todo el procedimiento se realiza bajo un esquema de absoluta confidencialidad, por lo que las personas no serán investigadas ni enfrentarán consecuencias legales por entregar armas o municiones durante la campaña.

Las autoridades destacaron que esta estrategia ha permitido en años anteriores retirar de circulación armas cortas, armas largas, cartuchos útiles y diversos artefactos explosivos que permanecían almacenados en viviendas particulares.

Habrá actividades para la niñez

Además del desarme dirigido a la población adulta, la campaña contempla actividades enfocadas a la niñez mediante el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos, recreativos o deportivos, con el propósito de fomentar desde temprana edad valores como la convivencia pacífica, el respeto y la resolución de conflictos sin violencia.

El Secretariado Ejecutivo señaló que la sustitución de pistolas, rifles y otros juguetes que simulan armas busca evitar la normalización de conductas violentas entre los menores y fortalecer una cultura de paz dentro de las familias.

Las autoridades hicieron un llamado a la población de Chetumal y de las comunidades de Othón P. Blanco a aprovechar esta jornada de canje, recordando que la entrega es totalmente voluntaria, segura y confidencial, además de representar una oportunidad para retirar de los hogares objetos que puedan poner en riesgo a las familias y contribuir a la construcción de entornos más seguros en Quintana Roo.

Chetumal.- El Gobierno de Quintana Roo anunció una nueva inversión de 700 millones de pesos para reforzar las acciones de atención y contención del sargazo en las costas del estado, uno de los principales problemas ambientales y turísticos que enfrenta la entidad desde hace más de una década.

Inversión de 1,200 mdp en total

Este nuevo monto se suma a los 500 millones de pesos que ya se han destinado durante los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para labores de prevención, recolección, limpieza de playas, instalación de barreras antisargazo, operación de embarcaciones especializadas y fortalecimiento del equipo humano encargado de estas tareas.

Con esta nueva asignación presupuestal, el Gobierno estatal habrá invertido alrededor de mil 200 millones de pesos en el combate al recale masivo de esta macroalga, una cifra que representa un incremento aproximado del 140 por ciento en comparación con los recursos destinados durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín González.

Fortalecen estrategia integral

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo es fortalecer la estrategia integral para atender un fenómeno que depende de múltiples factores ambientales y oceánicos, por lo que insistieron en que el problema no puede resolverse únicamente con acciones locales.

Los recursos serán destinados a continuar con la adquisición de equipo especializado, mantenimiento de embarcaciones, instalación y reposición de barreras de contención, maquinaria para limpieza de playas, contratación de personal operativo y fortalecimiento de los trabajos coordinados con la Secretaría de Marina, los municipios y el sector hotelero.

Un dato importante es que el sargazo continúa representando uno de los principales desafíos para la actividad turística de Quintana Roo debido a que afecta la imagen de los destinos de playa, genera malos olores durante su descomposición y ocasiona afectaciones al ecosistema marino al reducir los niveles de oxígeno y alterar los hábitats de diversas especies.

Situación crítica en varias zonas del litoral

No obstante la importante inversión anunciada por el Gobierno estatal, la problemática sigue siendo evidente en buena parte del litoral quintanarroense.

Actualmente, numerosas playas de municipios como Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Cozumel y Mahahual continúan registrando arribazones constantes de sargazo, situación que obliga a mantener labores permanentes de limpieza prácticamente todos los días durante la temporada de mayor recale.

Prestadores de servicios turísticos han señalado en distintas ocasiones que, aunque los trabajos de limpieza ayudan a reducir el impacto visual, la llegada masiva del alga supera con frecuencia la capacidad de recolección instalada, especialmente cuando las condiciones del viento y las corrientes marinas favorecen su acumulación en las costas.

Continuará la inversión para una buena imagen de las playas

La administración estatal sostiene que continuará destinando recursos para mantener las playas en las mejores condiciones posibles y reducir las afectaciones al turismo, principal actividad económica de Quintana Roo.

Sin embargo, pese a que los esfuerzos institucionales se han intensificado y la inversión pública continúa creciendo, la percepción en diversos destinos turísticos es que los resultados aún son limitados, ya que la mayoría de las playas del estado siguen enfrentando una presencia considerable de sargazo durante gran parte del año, convirtiéndose en uno de los retos ambientales y económicos más importantes para Quintana Roo.