Cancún.- El sector empresarial de Quintana Roo expresó su rechazo a las disposiciones que se han dado a conocer del paquete fiscal 2027, al considerar que las condiciones económicas actuales dificultan que las empresas puedan absorber nuevas cargas tributarias.

Mayores costos para las empresas

Alejandro Arvizu, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), señaló que el sector ha manifestado su desacuerdo con el incremento de impuestos y derechos, entre ellos el Derecho de No Residente (DNR), además de advertir que las nuevas medidas de fiscalización podrían representar mayores costos para las empresas.

El dirigente empresarial sostuvo que, en conjunto, estas disposiciones no solo impactarían al sector privado, sino que podrían trasladarse a la economía en general, al incrementar los costos de operación de las empresas.

Complicaciones para empresas con pérdidas fiscales

Entre las medidas que generan mayor preocupación, destacó la propuesta relacionada con las empresas que reportan pérdidas fiscales, al considerar que podría afectar la continuidad de negocios que atraviesan periodos de dificultades económicas.

Arvizu cuestionó que se pretenda establecer nuevas cargas para empresas que ya enfrentan un escenario complicado y señaló que las decisiones fiscales deben contar con un fundamento que permita mantener la actividad económica y el empleo.

También golpea una menor ocupación hotelera

A este panorama se suma, dijo, la situación que enfrenta Quintana Roo ante una menor ocupación turística, escenario que ha comenzado a presionar la rentabilidad de la industria hotelera y de las cadenas de suministro vinculadas con este sector.

El presidente del CCE Caribe insistió en que, antes de incrementar impuestos, derechos o mecanismos de fiscalización, se deben considerar las condiciones que atraviesan actualmente las empresas, particularmente aquellas vinculadas directamente con la actividad turística.

El sector empresarial mantiene así su llamado a revisar las disposiciones contempladas en el paquete fiscal 2027, al advertir que una mayor presión tributaria en un escenario de menor actividad puede terminar repercutiendo en los costos, la inversión y la operación de los negocios.

Cancún.— Concluido el proceso de selección de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Morena en Quintana Roo entra en una nueva etapa de organización, diálogo interno y trabajo permanente en los 11 municipios.

Diálogo abierto

Durante una rueda de prensa encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, Johana Acosta, y el coordinador estatal, Eugenio “Gino” Segura, se presentaron las tareas que marcarán esta nueva etapa del movimiento.

Acosta sostuvo que los procesos internos forman parte de la vida democrática de Morena y señaló que, una vez concluida esa etapa, corresponde concentrarse en las responsabilidades partidarias y mantener abierto el diálogo con las distintas expresiones del movimiento.

“El proceso terminó. Ahora toca seguir con las tareas de nuestro partido, escuchar a nuestras bases y mantener un diálogo permanente. Tenemos mucho trabajo por delante y una causa que está por encima de cualquier diferencia: la defensa de la Transformación y la soberanía nacional”, expresó.

Coordinación de puertas abiertas

Por su parte, Gino Segura aseguró que la coordinación será de puertas abiertas y adelantó que buscará personalmente a los distintos grupos y referentes políticos del movimiento para incorporarlos al trabajo que viene.

Entre las tareas planteadas se encuentran la coordinación de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación; afiliación y credencialización; difusión de los logros, políticas y reformas del Segundo Piso de la 4T; brigadas en defensa de la soberanía; distribución de Regeneración y formación política.

Diálogo y trabajo desde las bases

Johana Acosta puntualizó que no se trata de una agenda temporal ni electoral, sino de tareas permanentes que Morena desplegará en todo Quintana Roo.

La dirigencia estatal y la Coordinación coincidieron en que la siguiente etapa estará marcada por el diálogo y el trabajo desde las bases, cerrando filas en torno a un solo proyecto: la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.

Cancún.- Los cambios en los esquemas de fiscalización, particularmente en materia de prevención de lavado de dinero, representan desafíos importantes para empresas y contribuyentes, quienes deben fortalecer sus mecanismos de cumplimiento para evitar sanciones, advirtió el Instituto de Contadores Públicos de Cancún.

Un reto, la prevención del lavado de dinero

Fausto Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores, señaló que, aunque el paquete económico no contempla nuevos impuestos, los contribuyentes enfrentarán el reto de adaptarse a un modelo de fiscalización cada vez más permanente.

Explicó que la prevención del lavado de dinero dejó de ser un aspecto que las empresas puedan atender de manera eventual y se convirtió en una obligación que requiere controles, documentación y seguimiento constante.

Desconocimiento técnico

Uno de los principales problemas, indicó, es el desconocimiento técnico sobre las obligaciones que establece la legislación, situación que puede generar incumplimientos incluso entre personas y empresas que realizan actividades lícitas.

Como ejemplo mencionó al sector inmobiliario, donde algunos clientes se muestran renuentes a proporcionar documentación a los asesores, bajo la percepción de que únicamente los notarios tienen la responsabilidad de recabar y verificar esa información.

Bañuelos Sánchez destacó que las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero han sido objeto de modificaciones y que las obligaciones alcanzan a distintos sujetos y actividades consideradas vulnerables, por lo que es necesario conocer puntualmente las responsabilidades que corresponden a cada contribuyente.

Cumplimiento normativo debe ser permanente

Ante este escenario, recomendó que las empresas incorporen el cumplimiento normativo como una práctica permanente y no únicamente como una medida para responder ante una revisión de las autoridades.

Advirtió que las sanciones económicas por incumplimientos pueden ser elevadas, mientras que una defensa posterior resulta más complicada cuando el contribuyente no cuenta con documentación y controles que acrediten que realizó las medidas preventivas correspondientes.

Por ello, llamó a empresas y contribuyentes a mantener en orden sus expedientes, identificar las obligaciones que les corresponden y recurrir a asesoría contable especializada para reducir riesgos ante los nuevos esquemas de fiscalización.