Cancún.- Un total de 94 mujeres residentes
en distintos municipios de Quintana Roo, interpusieron seis amparos colectivos, ante igual número de Juzgados de Distrito con sede en la entidad, con el objetivo de que ya no se criminalice a las mujeres que decidan abortar, ni se limite el acceso al aborto por violación al plazo de 90 días, señalado en el Código Penal.
Piden garantizar el aborto voluntario
Asimismo, buscan que los Juzgados Federales ordenen al Gobernador del Estado a que instruya a la Secretaría Estatal de Salud para que garantice la disponibilidad de servicios de aborto voluntario, gratuito y seguro.
Piden amparos 94 mujeres
En una conferencia, transmitida a través de la cuenta de Facebook @GOBERNANZA.MX se anunció que, como parte de una estrategia jurídica impulsada por las OSC Gobernanza MX, UNASSE y el proyecto AbortistasMX, fueron interpuestos seis amparos colectivos, firmados por un total de 94 mujeres residentes en el Estado de Quintana, algunas de las cuales estuvieron presentes en la transmisión.
También coincidieron en que la SCJN en 2021, a propósito del análisis de la criminalización del aborto en Coahuila, estableció que el respeto al derecho a decidir genera dos obligaciones constitucionales específicas para las autoridades estatales:
1. Respetar el derecho a decidir desde el marco del derecho penal, para que las mujeres que decidan abortar voluntariamente, puedan hacerlo sin ser criminalizadas.
2. Garantizar, en el ámbito de los servicios de Salud, la disponibilidad de servicios de aborto voluntario o electivo como parte del derecho a decidir.
Estos juicios colectivos de amparo, explicaron, obedecen al incumplimiento de ambas obligaciones por parte del Estado de Quintana Roo.
Se aclaró que en estos momentos, ninguna de las 94 mujeres firmantes se encuentra cursando un embarazo; sin embargo, consideraron que en su condición de personas con capacidad de gestar, la criminalización del aborto representa una “amenaza punitiva que impacta en la forma en que las mujeres vivimos nuestra sexualidad, ya que existe siempre un temor de que a pesar de la utilización de métodos anticonceptivos, éstos no sean cien por ciento efectivos, viéndonos obligadas a continuar un embarazo no deseado”.
Contra la criminalización del aborto
Entre otros puntos, señalaron que la criminalización del aborto afecta a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar porque: Impide reconocer a las mujeres y personas gestantes como titulares del derecho a decidir.
Afecta la prestación de servicios de salud relacionados con el aborto, en tanto que se mantiene la noción de delito.
Impide la difusión de una educación sexual y de salud reproductiva, desde la perspectiva de la autonomía de las mujeres y personas gestantes, incluyendo la posibilidad de optar por la interrupción voluntaria del embarazo.
Impide el acceso a información y asesoría en planificación familiar y métodos de control natal que incluye la difusión del derecho a decidir.
La vigencia de las normas mantiene latente su aplicación por parte de las fiscalías, así como denuncias del personal de Salud.
A esto se adhiere los costos correspondientes de una representación legal para el proceso penal. Por tanto, en dichos amparos, las quejosas solicitan al Juez de Distrito: Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 92, 93 y 97 fracción II del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que criminalizan el aborto.
Se conceda el amparo para que dichos artículos no les sean aplicados en el presente o en el futuro para que, llegado el caso, puedan decidir autónomamente sobre el acceso al aborto voluntario sin la amenaza de criminalización.
Asimismo, ordene al Gobernador del Estado que instruya a la Secretaría de Salud para que haga los ajustes necesarios en la administración pública, a efecto de garantizar el acceso al aborto voluntario o electivo para las ñmujeres y personas gestantes a través de los Servicios de Salud del estado.
