Chetumal.- La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) inició los trabajos previos a mejorar el tramo dañado en el kilómetro 31 de la vía Ucum-La Unión, en donde un tubo de polietileno de alta intensidad fue afectado por quemas agrícolas.

Habilitan vía provisional

Francisco Javier Interian Muñoz, presidente del comisariado del ejido Álvaro Obregón, informó que luego de haberse conformado el comité de contraloría social y cedido el derecho de vía al gobierno del estado, la Secretaría de Obras Públicas inició con la construcción de un paso de terraplén, que servirá para no interrumpir el flujo vehicular en cuanto se inicien los trabajos al camino principal.

Señaló que las labores están siendo fiscalizadas por los miembros del comité de contraloría social, en coordinación con los funcionarios de la SEOP.

Beneficio a 24 poblaciones de la Ribera del Río Hondo

Francisco Interian Muñoz reconoció la disposición de apoyo a las actividades comerciales y agrícolas de la región, pues no solo ayuda a su comunidad, sino que también trae beneficio a las 24 poblaciones de la Ribera del Río Hondo, en donde habitan más de 20 mil habitantes.

El comisariado hizo un exhorto a los automovilistas y motociclistas para que tomen las medidas para circular en este tramo, ya que existe un cerro y una curva que limita la visibilidad en donde se llevarán a cabo los trabajos.

Reconoció que los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas mantienen un diálogo con los pobladores y han mostrado la disponibilidad para que este problema sea resuelto lo más pronto posible.

Chetumal.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco puso en marcha un programa de educación vial dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior del municipio.

Promoverán una conducción responsable

La regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Ericka Cornelio, informó que esta estrategia busca concientizar principalmente a quienes utilizan automóviles y motocicletas como medio de transporte, promoviendo una conducción responsable.

Explicó que el programa contempla visitas a instituciones educativas, donde especialistas impartirán pláticas y actividades enfocadas en la prevención de accidentes, el conocimiento del Reglamento de Tránsito y la importancia del uso de dispositivos de seguridad, como el cinturón de seguridad en vehículos y el casco certificado para motociclistas.

Muchos accidentes involucran a jóvenes

La concejal señaló que uno de los principales retos es modificar hábitos de conducción entre los jóvenes, ya que una parte importante de los percances registrados en el municipio involucran a personas de este sector de la población, muchas veces por exceso de velocidad, distracciones al volante o incumplimiento de las normas básicas de tránsito.

Ericka Cornelio destacó que la educación vial debe convertirse en una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones educativas, padres de familia y ciudadanía, ya que la prevención representa la herramienta más eficaz para disminuir accidentes y salvar vidas.

Concientizarán soibre las consecuencias

Indicó que el programa no solo busca informar a los estudiantes sobre las reglas de circulación, sino generar conciencia sobre las consecuencias humanas, sociales y económicas que pueden derivarse de un accidente de tránsito.

Las actividades también abordarán temas relacionados con el respeto a los límites de velocidad, la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, evitar el uso del teléfono celular mientras se maneja y mantener una actitud de cortesía y respeto hacia peatones, ciclistas y demás conductores.

La regidora precisó que la intención es que los participantes se conviertan en promotores de una movilidad segura dentro de sus familias y comunidades, multiplicando el mensaje de prevención entre otros jóvenes.

Chetumal.- Alrededor de 200 familias de la comunidad de Calderitas denunciaron ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario que superaría los 30 millones de pesos, luego de asegurar que, pese a haber pagado durante más de cinco años los terrenos que adquirieron, hasta la fecha no han recibido las escrituras que acrediten legalmente la propiedad de sus predios.

No han cumplido con la escrituración

Los afectados explicaron que realizaron la compra de los lotes bajo el compromiso de que, una vez concluidos los pagos, el vendedor iniciaría el proceso de escrituración. Sin embargo, señalaron que ese compromiso nunca se cumplió y actualmente desconocen cuál es la situación jurídica de los terrenos donde muchos incluso ya construyeron sus viviendas.

De acuerdo con los vecinos, el costo de cada uno de los terrenos es de 165 mil pesos, de los cuales durante varios años realizaron puntualmente los pagos establecidos en los contratos de compraventa, confiando en que al finalizar el proceso recibirían la documentación correspondiente. No obstante, al intentar exigir la entrega de las escrituras, comenzaron a enfrentar evasivas y posteriormente el presunto responsable dejó de responder llamadas, mensajes y solicitudes de reunión.

Incertidumbre sobre su patrimonio

Las familias manifestaron que el monto del presunto fraude rebasa los 30 millones de pesos, considerando las aportaciones realizadas por todos los compradores, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre el patrimonio que adquirieron con años de esfuerzo.

Los denunciantes señalaron que la falta de escrituración les impide tener certeza jurídica sobre sus propiedades, además de impedirles realizar diversos trámites, acceder a créditos para mejorar sus viviendas o heredar legalmente los inmuebles a sus familiares.

Temen perder los terrenos

Indicaron que la preocupación ha aumentado debido a que algunos temen perder los terrenos por los que pagaron durante varios años, al no contar con documentos que acrediten plenamente la propiedad.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen el caso y determinen si existen responsabilidades penales por el presunto fraude inmobiliario.

Solicitan la intervención de autoridades

También solicitaron la intervención de las autoridades encargadas del Registro Público de la Propiedad y de las instancias relacionadas con el desarrollo urbano para conocer el estatus legal de los terrenos y encontrar una solución que les permita obtener las escrituras correspondientes.

Los afectados afirmaron que permanecerán organizados y no descartan emprender acciones legales colectivas para recuperar su patrimonio o exigir que se cumplan los compromisos adquiridos al momento de la compra de los predios.