Chetumal.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González gastó 2 mil 100 millones de pesos en su seguridad personal y la de sus funcionarios más cercanos.
Más de 250 escoltas
Desde los comités dependientes de la Secretaría de Gobierno, encargados de la autorización de escoltas para funcionarios o ex funcionarios se reveló que hay más de 250 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública asignados a la protección de servidores públicos y cuyo costo anual de operación es de 350 millones de pesos que están destinados a los salarios y compensaciones de esos policías, preventivos y ministeriales; vehículos blindados, armamento, equipo de telecomunicación y hasta vestimentas específicas de seguridad para cada uno de ellos.
Privilegio de funcionarios
El Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, confirmó que tan sólo de la corporación que encabeza son 213 elementos, con armamento, radio comunicación y vehículos oficiales, los que dejaron la vigilancia y patrullaje en las calles de Quintana Roo para formar parte de los grupos de escoltas con los que se privilegia, no solo a funcionarios dedicados a tareas de seguridad, procuración e impartieron de justicia.
Asegura que se van con «manos limpias»
Hace apenas unas horas, Carlos Joaquín González aseguró que se va con «las manos limpias y la frente en alto» pero la información de sus gastos de seguridad personal estan blindados por la Contraloría del Estado pues señala que es información que no puede ser publicada por ahora.
Reservan información pública
Es así que Carlos Joaquín reservó la información de los contratos de compra y arrendamiento de patrullas suscritos durante su administración.
También clasificó, como información reservada, el número de policías asignados a las tareas de seguridad pública y el grado de escolaridad que poseen, así como la cantidad de funcionarios con escolta y el gasto en armas.
Durante la administración de Joaquín González, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Lucio Hernández Gutiérrez, elaboró 11 expedientes para catalogar información como reservada, por tres, cuatro y cinco años.
El mayor número de resguardo de información
Según el Índice de Expedientes Clasificados, en 2018 se realizó el mayor número de resguardos de información, al contabilizar ocho, cuyos datos se divulgarán a partir del año 2023 y hasta el 2026.
En tanto, en 2020 y 2021 se generaron dos expedientes más, por cinco años cada uno.
En febrero de 2018, la SSP se negó a difundir el número de policías adscritos a las tareas de seguridad pública y su grado de escolaridad y decidió clasificar la información como reservada por cinco años, por lo que estos datos sólo podrán conocerse después de concluir la administración del Gobernador, en febrero de 2023.
Funcionarios «desconocen» sobre las escoltas
Sobre el tema habló también el secretario de gobierno, Arturo Contreras Carrillo, quien a pesar de ser el presidente de los Comités de Autorización de Escoltas, dijo desconocer la situación actual en el número de elementos y su equipamiento asignados.
Reformas a la Ley de Seguridad
En 2016 el propio gobierno del cambio y sus aliados en la XV legislatura con mayoría del PAN y el PRD, como parte de la cruzada contra el paquete de impunidad, reformaron los artículos 47 al 54 de la ley de seguridad.
También se reformaron los artículos 155, 206, 209, 212, 252, 256 y 259 del CódigoPenal, respecto de las conductas de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder.
Con esas reformas legislativas, con bombo y platillo, se anunció el retiro de escoltas a los ex gobernadores, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes en conjunto contaban con mas de 80 elementos, los cuales debían cumplir con tareas de prevención e investigación de los delitos.
En esas fechas el gobernador Carlos Joaquín, aseguró que fueron 240 elementos los que se retiraron de tareas de seguridad a ex funcionarios y se regresaron a las labores de vigilancia y persecución delictiva para los que fueron contratados.
Habrá que esperar al domingo 25 de septiembre para conocer si Carlos Joaquín González cumple con la misma Ley y devuelve a los 250 agentes de la Policía Quintana Roo.
