Cancún.- Una nueva denuncia por presuntos actos de corrupción y opacidad ha sido anunciada contra la administración municipal de Benito Juárez, encabezada por Morena. A través de un boletín emitido este jueves, un legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN) criticó severamente la gestión actual, señalándola como una de las peores en la historia de Cancún.

Aumenta la percepción de inseguridad

La denuncia incluye acusaciones de daño patrimonial por más de 290 millones de pesos, omisión ante la creciente inseguridad en el municipio, y presuntos vínculos con el crimen organizado. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, declaró el legislador, al anunciar la formalización de la denuncia ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con datos recientes del INEGI citados en la declaración, la percepción de inseguridad en Cancún ha crecido de 74.1% a 79.5%, mientras que en Chetumal pasó de 60.4% a 63.4%. La falta de respuesta ante esta situación, sostuvo, refleja un abandono de las responsabilidades municipales en favor de aspiraciones políticas personales.

Preocupantes irregularidades financieras

El PAN denunció además que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades financieras en la administración, lo que agravaría aún más la situación. “Obras sin concluir, desvío de recursos y una nómina municipal inflada, son parte del problema estructural que enfrenta Benito Juárez”, indicó.

El partido blanquiazul adelantó que trabaja en la construcción de un proyecto alternativo con perfiles ciudadanos comprometidos con la transparencia, seguridad y bienestar colectivo, con miras a recuperar la confianza de la ciudadanía.

Cancún.- La industria restaurantera en Quintana Roo reportó una afluencia por debajo de lo estimado durante la Semana Santa, lo que ha encendido las alertas entre los empresarios del sector, quienes ahora apuestan por un repunte en la segunda semana del periodo vacacional de primavera.

Restauranteros replantearán estrategias

“Desafortunadamente, los resultados de la Semana Mayor estuvieron por debajo de lo esperado. No es lo que habíamos previsto y eso nos obliga a replantear estrategias de manera inmediata”, señaló José Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Cancún y Quintana Roo

Villarreal Zapata detalló que el gremio restaurantero se encuentra actualmente analizando acciones específicas para reactivar el consumo, entre ellas la implementación de promociones, ajustes en la oferta gastronómica y campañas de atracción tanto para turistas como para el mercado local.

“Estamos ocupados en identificar de qué forma podemos estimular la presencia de comensales en los establecimientos. La situación requiere medidas inmediatas para evitar mayores afectaciones al sector”, añadió.

Esperan mejoría en la presente semana

A pesar de los resultados desfavorables de la primera semana, el presidente de CANIRAC confió en que el comportamiento turístico durante los días restantes del periodo vacacional permitirá recuperar parte de lo no logrado en la Semana Santa.

“La esperanza está puesta en esta segunda semana. Aún hay oportunidad de mejorar los indicadores, siempre que las condiciones acompañen y se actúe con prontitud en la implementación de nuevas estrategias”, puntualizó.

La industria restaurantera es uno de los pilares económicos en destinos turísticos como Cancún, por lo que un bajo rendimiento en temporadas clave como esta impacta directamente en la generación de empleos, consumo local y cadena de proveeduría, sentenció el empresario.

Cancún.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió un grave desfalco en el municipio de Benito Juárez, que dirige Ana Paty Peralta de la Peña, donde detectó irregularidades por más de 291 millones de pesos en el manejo de fondos federales durante el ejercicio fiscal 2023. El monto representa el 63% del total observado en los municipios de Quintana Roo, lo que coloca a Cancún en el centro de una de las peores gestiones públicas a nivel nacional.

No hay evidencia que sustente uso de recursos del Ramo 28

La ASF determinó que prácticamente la totalidad del dinero auditado, correspondiente a las Participaciones Federales del Ramo 28, fue ejercido sin evidencia que sustente su uso legal, lo que podría derivar en un daño patrimonial si no se comprueba el destino del recurso.

Entre las irregularidades destaca el uso injustificado de 50 millones de pesos en combustible para vehículos municipales y pagos mensuales de entre 21 y 22 millones de pesos a la concesionaria del alumbrado público Celsol (Óptima Energía), sin sustento técnico, evidencias de operación o reportes de mantenimiento.

Auditoría exige la devolución del dinero

Además, la ASF exigió la devolución del monto total observado, más los intereses financieros generados desde su disposición, al considerar que el municipio “no realizó una gestión eficiente de los recursos”.

El ayuntamiento presidido por Ana Paty Peralta de la Peña también incurrió en violaciones al aplicar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) por más de 279 millones de pesos. Las fallas incluyeron la falta de acreditación del beneficio social, proyectos sin documentación comprobatoria y obras que no están en operación.

Aseqroo no reportó irregularidades

A pesar de la magnitud de los hallazgos, la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), encabezada por Miguel Zogby Cheluja Martínez, no reportó ninguna de estas irregularidades en su propia revisión. En su informe al Congreso local, Cheluja “palomeó” al ayuntamiento de Benito Juárez y a casi todos los municipios gobernados por Morena y PVEM, excepto Solidaridad.

La diferencia de criterios entre la ASF y la Aseqroo ha desatado cuestionamientos sobre un posible encubrimiento y manipulación política por parte del órgano estatal, especialmente porque el propio Cheluja fue tesorero municipal de Othón P. Blanco, uno de los municipios también señalados por la ASF.

Se evidencia opacidad institucional

El caso de Benito Juárez no solo evidencia fallas administrativas, sino también un esquema de opacidad institucional que pone en entredicho el papel de los órganos de fiscalización locales frente a los intereses políticos.

El escándalo ha generado un llamado desde diversos sectores para que se inicien investigaciones formales y se deslinden responsabilidades por el presunto desfalco millonario en el municipio con el mayor presupuesto de Quintana Roo.