Cancún.— Pese a la suspensión temporal de operaciones de Aeroméxico y al anuncio de Volaris de dejar de operar en el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir de enero de 2027, el Grupo Mundo Maya aseguró que la terminal aérea mantiene su conectividad y que las operaciones continúan con normalidad.

En un comunicado, el grupo aeroportuario atribuyó la suspensión de Aeroméxico a una estrategia comercial relacionada con la temporada baja y sostuvo que no representa un problema para la operación del aeropuerto. La postura se da mientras Tulum enfrenta ajustes en su oferta de vuelos, en un escenario de menor demanda turística y reducción de conexiones aéreas.

Otras aerolíneas mantienen operaciones y otras regresarán

Grupo Mundo Maya destacó que Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines mantienen sus operaciones y proyectan un incremento de 93% durante la próxima temporada alta, entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Según sus cifras, estas aerolíneas pasarán de 552 a mil 64 operaciones internacionales.

A esta oferta se sumará el regreso de Air Canada, WestJet y Air Transat, que retomarán operaciones desde el 24 de octubre y hasta marzo de 2027, con una proyección superior a 710 vuelos internacionales durante ese periodo.

Ajustes comerciales habituales

De acuerdo con el grupo aeroportuario, estos movimientos forman parte de los ajustes comerciales habituales de la industria aérea entre temporadas, por lo que, pese a la pérdida de algunas rutas, sostiene que el Aeropuerto Internacional de Tulum conserva su capacidad de conectividad y mantiene perspectivas favorables para la próxima temporada alta.

Cancún.- En Quintana Roo, las labores de cuidado continúan siendo una de las principales barreras para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. Actualmente, 225 mil personas en edad y condiciones de trabajar permanecen fuera del empleo remunerado por dedicarse a estas actividades, y 95% de ellas son mujeres, de acuerdo con el Panorama Laboral de los Estados elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La exclusión no ha podido revertirse

El reporte, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, compara el primer trimestre de 2006 con el mismo periodo de 2026. Hace dos décadas eran 133 mil las personas excluidas del mercado laboral por labores de cuidado, equivalentes a 19% de la Población Potencialmente Productiva (PPP); ahora son 225 mil, aunque la proporción bajó ligeramente a 17%. En términos absolutos, son 92 mil personas más.

La exclusión laboral en Quintana Roo alcanza actualmente a 322 mil personas, 24% de la PPP, frente a 183 mil en 2006. Esto significa que, aunque la proporción disminuyó dos puntos porcentuales en 20 años, el número de personas excluidas aumentó en 139 mil. Las labores de cuidado representan la principal causa de esta exclusión, con una marcada concentración entre las mujeres.

Casi la mitad de trabajadores carece de seguridad social

La desigualdad laboral también se refleja entre quienes sí tienen un empleo. De aproximadamente un millón de personas ocupadas en Quintana Roo, 497 mil, equivalentes a 49%, carecen de seguridad social. En 2006 eran 286 mil de las 509 mil personas ocupadas, es decir, 56%. Aunque la proporción se redujo siete puntos porcentuales, el número de trabajadores sin este derecho aumentó en 211 mil.

En cuanto a la informalidad, actualmente 429 mil personas tienen empleos informales, 42% de la población ocupada, frente a 258 mil, que representaban 51% en 2006. Son 170 mil personas más en términos absolutos, pese a que la proporción disminuyó nueve puntos porcentuales.

Los datos forman parte del cuarto reporte del año del Observatorio del Trabajo Digno, realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para los 32 estados del país. El documento se presenta en el marco del Día Mundial por el Trabajo Decente y busca mostrar las condiciones laborales que, pese al paso de dos décadas, continúan afectando a millones de personas.

Cancún.- La zona donde operó la mina Calica quedará blindada contra la extracción de piedra caliza y cualquier actividad minera una vez que sea publicado el decreto que la incorpora al Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, confirmó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Están pendientes resoluciones e impugnaciones legales

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, señaló que el proceso registra un avance importante y que la delimitación y las condiciones de protección ambiental ya están definidas. La publicación en el Diario Oficial de la Federación permanece pendiente debido a resoluciones legales e impugnaciones relacionadas con el conflicto internacional entre México y la empresa Vulcan Materials Company, propietaria de los terrenos.

La declaratoria contempla una superficie aproximada de 53 mil hectáreas en Quintana Roo, de las cuales alrededor de 2 mil 387 hectáreas corresponden a los terrenos, instalaciones y zona portuaria de Calica, incluido Punta Venado.

Se prohibirá la extracción de piedra caliza

Con la nueva categoría de protección, los terrenos mantendrían su propiedad privada, pero quedarían sujetos a las restricciones ambientales establecidas por el decreto. Entre ellas se contempla impedir de manera directa la extracción de piedra caliza y las actividades relacionadas con la minería.

La Conanp y las autoridades federales han precisado que esta medida no representa una expropiación. Es decir, Vulcan Materials conservaría jurídicamente la propiedad de los terrenos, aunque su aprovechamiento quedaría limitado por las disposiciones ambientales aplicables al Área Natural Protegida.

No podrá retomarse la actividad minera

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa entre México y la empresa estadounidense, luego de años de controversia por las operaciones de extracción de materiales pétreos en esta zona del municipio de Solidaridad.

La autoridad ambiental federal indicó que esperará a que concluyan las resoluciones legales correspondientes antes de publicar formalmente el decreto. Una vez concretado este paso, Calica quedaría incorporada al esquema de protección ambiental que impediría retomar la actividad minera en sus terrenos.