Rafah.- Civiles palestinos en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, se mostraban desesperados este lunes cuando Israel comenzó a lanzar octavillas urgiéndoles a evacuar por su propia «seguridad» antes del inicio de una operación militar «limitada«.

Evacuan a miles de familias

El ejército israelí aseguró que pidió evacuar a las familias palestinas en el este de Rafah, antes de lanzar un asalto terrestre en esta ciudad fronteriza con Egipto.

Los residentes de Rafah relataron que al salir a la calles, tras una noche aterradora en la que se llevaron a cabo una docena de ataques aéreos en la ciudad, encontraron octavillas que caían del cielo ordenándoles «evacuar inmediatamente».

«El ejército está trabajando intensamente contra las fuerzas terroristas cercanas a ustedes», se lee en uno de los panfletos que circulaban en el este de Rafah.

«Por su seguridad, (…) evacue inmediatamente hacia las zonas humanitarias ampliadas de al Mawasi«, anuncia, junto a un mapa que indica la localización en el norte de Rafah.

Más de 250 mil personas evacuadas

Osama al Kahlut, de la Media Luna Roja palestina en Gaza, declaró a Afp que las áreas designadas para la evacuación acogen actualmente a unas 250 mil personas, muchas de las cuales ya han sido desplazadas desde otras áreas en la franja de Gaza.

«El proceso de evacuación ha comenzado, pero de forma limitada», añadió.

Tras ser preguntado sobre cuántos individuos deben ser evacuados, un portavoz militar israelí aseguró que «la estimación es de unas 100 mil personas».

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1.2 millones de personas viven en Rafah, la mayoría desplazadas durante los siete meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. (Fuente: La Jornada)

Nueva York.- El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al ex presidente con la cárcel en caso de que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.

Imponen multa a Trump

El juez le impuso una nueva multa de mil dólares, que se suma a otras sanciones por 9 mil por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales.

En su decisión, el juez le advierte que debido a que ésta es la décima vez que el tribunal le ha hallado culpable de desacatar sus órdenes, «parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales».

«Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel… quiero que entienda que lo haré», advirtió el juez Juan Merchan al inicio de la tercera semana de juicio al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo.

En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad (una semana) con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.

Trump, acusado de falsificación de documentos

Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal Michael Cohen el pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016 que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

Se espera que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, y Cohen, el ex abogado de Trump que se ha convertido en enemigo jurado de su antiguo jefe, testifiquen en algún momento en la sala de audiencia del Tribunal Superior de Manhattan, donde se celebra el juicio.

A lo largo de las dos primeras semanas han desfilado por el estrado varios testigos que han dejado en evidencia los tejemanejes para tratar de ocultar las noticias potencialmente negativas para la campaña presidencial del magnate inmobiliario neoyorquino, que aspira a ganar las presidenciales de noviembre próximo.

Pero quizá uno de los más dañinos para Trump fue el testimonio de su exasesora cercana Hope Hicks, que el viernes explicó cómo tuvo que gestionar la «crisis» cuando salió a la luz una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, tocarles los genitales sin que se inmutaran.

 «Crisis»

Hicks reconoció que estaba «un poco aturdida» por aquella grabación denominada «Access Hollywood».

«Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis«, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.

Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que este siempre ha negado.

El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.

En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una «caza de brujas» y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso de volver a la Casa Blanca.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del estado al terminar su presidencia en 2021. (Fuente: La Jornada)

Washington.- El congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar y con su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de un banco mexicano para obtener beneficios regulatorios en aquel país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

Banco mexicano sobornó a congresista

La denuncia no identifica por su nombre al banco mexicano que pagó el soborno al matrimonio Cuellar, pero sí lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros. El banco, dice la demanda, es propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas y que guarda relación con medios de comunicación.

La demanda, a la cual tuvo acceso La Jornada, señala que el legislador recibió sobornos por 600 mil dólares de una compañía petrolera de Azerbaiyán y el banco que es propiedad de un conglomerado financiero y minorista mexicano.

El documento indica que la institución mexicana que pagó el soborno necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadunidense que mantenía en México y convertir la moneda física en dólares electrónicos, lo que el banco extranjero podía gastar o transferir más fácilmente.

Esto, debido a que en 2012 los reguladores del país vecino insistieron en una mayor aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras normas contra el lavado de dinero, lo cual llevó a algunas instituciones financieras estadunidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con bancos de países con alto riesgo de lavado de dinero, como México.

La demanda indica que la eliminación de riesgos fue una gran preocupación para el banco extranjero, ya que le impedía acceder al sistema financiero estadunidense.

Banco Azteca pudo sobornar a congresista

Las instituciones más cercanas a las descripciones hechas por el Departamento de Justicia contra el congresista Cuellar son BanCoppel y Banco Azteca, sólo que el primero no cuenta con corresponsales bancarios en Estados Unidos, y la demanda también indica que el conglomerado señalado cuenta con firma de medios de comunicación.

El documento señala que la institución, como muchas otras, dependía de relaciones bancarias corresponsales para facilitar transacciones, como remesas.

Precisa que la negociación para recibir los sobornos comenzó desde 2014. En el caso están implicados un ejecutivo del banco mexicano, así como otros intermediarios, entre ellos un político que representó a Nuevo León en la Cámara de Diputados, cuyo nombre no menciona.

El documento indica que Cuellar actuó en beneficio de la institución financiera para establecer relaciones bancarias corresponsales y en legislaciones para bloquear regulaciones perjudiciales a la industria de préstamos de día de pago y relacionadas con transferencias electrónicas transfronterizas, entre otros asuntos. Según la demanda, Los últimos pagos se hicieron en 2019.

Aunque no se menciona en el documento, meses después, en México, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (BdeM), a fin de que adquiriera los dólares que las instituciones financieras en el país no pudieran repatriar a Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su oposición, al sostener que debía respetarse la autonomía del banco central, mientras la institución advirtió en noviembre de 2020 que de modificarse la ley del BdeM se corría el riesgo de abrir la puerta al ingreso de flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.

Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del BdeM. Uno de los más importantes es que no se vale cambiar una ley para favorecer a una sola empresa, dijo a través de un tuit Jonathan Heath, subgobernador del banco central, en diciembre de 2020.

La reforma no fue aprobada, pues se frenó en la Cámara de Diputados. Al cierre de la edición, ninguna autoridad mexicana expresó un posicionamiento. (Fuente: La Jornada)