Cancún.- Integrantes del Comité de Lucha Magisterial en Benito Juárez dictaron una pauta a su movilización en contra de la reforma del ISSSTE aprobada en 2007 y, en consecuencia, tras mes y medio de tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en este municipio turístico, levantaron los campamentos que mantenían en las oficinas administrativas.

Preparan movilización a nivel nacional

Ayer publicamos que los maestros de educación informaron a través de un escueto boletín de prensa, que regresaban a las aulas el 28 de abril del presente año.

En conferencia de prensa, la presidenta del comité, Leticia Cauich, junto con integrantes del Comité, advirtieron que la pausa servirá para prepararse para la movilización que se convoca a nivel nacional, misma que será de mayor intensidad.

No estuvieron de acuerdo con la minuta

Señaló que luego de 14 horas de negociaciones, el sábado pasado, con el gobierno estatal representado por las secretarias de Gobierno y Educación, Cristina Torres Elda Xix Euán, respectivamente, de los 38 puntos que contenía su pliego petitorio, las autoridades solo ofrecieron gestionar 17, argumentando que el resto eran competencia federal, pero ninguno que estuviera relacionado con recursos económicos, por lo que se pidió opinión a la base, que esperaba afuera, y todos coincidieron en no firmar esa minuta porque no había ni garantía de su cumplimiento.

No obstante, coincidieron en que este martes 15 de abril entregarían las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo en Cancún, en donde mantuvieron el plantón durante estas semanas, acto que realizaron a puerta cerrada porque la subsecretaria de Educación, Xóchitl Carmona Bareño, prohibió el paso de la prensa.

Regresarán a las aulas 6 mil maestros

Los docentes indicaron que el 28 de abril regresarán a las aulas los 6 mil maestros que atienden educación básica en Benito Juárez, en 500 escuelas, pues cada municipio decidirá las acciones que emprenderá.

Cancún.- En una decisión que marca un precedente en la defensa de los intereses públicos, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió no amparar a la empresa Aguakán ante la revocación anticipada de su título de concesión y, por ende, dio validez constitucional del Decreto 195 aprobado por XVII Legislatura en diciembre de 2023.

La Legislatura estatal se ajustó a derecho

La sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1323/2023-VIII subraya que la actuación del Poder Legislativo estatal se ajustó plenamente a derecho al abrogar el Decreto 250, mediante el cual la concesión a Aguakán había sido prorrogada hasta el año 2053.

Dicha extensión fue ampliamente cuestionada por diversas irregularidades, entre ellas, la falta de ratificación legislativa del modelo financiero de 2014, así como la opacidad en el destino de más de mil millones de pesos transferidos por la empresa a la CAPA y luego al Gobierno del Estado.

La actuación fue con base en el mandato ciudadano

El juez consideró que la XVII Legislatura actuó conforme a sus facultades legales y con base en un mandato ciudadano, luego de que en 2022 se realizara una consulta popular vinculante en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde la mayoría de la población votó en contra de que Aguakán siguiera prestando el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El fallo también reconoce que, una vez expirado el plazo original de la concesión el 31 de diciembre de 2023, es procedente la reversión inmediata de los bienes, recursos y servicios a la CAPA, garantizando así la continuidad del servicio bajo control público.

Aguakan tiene 10 días para impugnar

La resolución representa un respaldo contundente a la soberanía del Congreso de Quintana Roo, quien, ante el reclamo social y la evidencia de múltiples fallas en la prestación del servicio, actuó en defensa del interés colectivo y del derecho humano al agua.

Sin embargo, dicha sentencia todavía no está firme, pues la concesionaria de agua potable Aguakán, ahora tiene un máximo de 10 días para impugnar esta resolución.

Cancún.- Ciudadanos del municipio de Bacalar obtuvieron un amparo de un juez federal que detiene, provisionalmente, la construcción de una residencia de descanso con alberca para elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicada en las costas de la Laguna de Bacalar.

Las obras deben ser detenidas

La suspensión provisional, dada por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, obliga a la Sedena y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenar las obras realizadas en un predio situado entre el Fuerte San Felipe y la laguna, específicamente en la costera entre las calles 20 y 22 de la Colonia Centro.

La demanda de amparo, registrada bajo el expediente 241/2025, fue interpuesta el pasado 8 de abril por residentes preocupados por los posibles daños ambientales que las obras podrían ocasionar en esta zona de alto valor ecológico, histórico y cultural.

Señalan a la Semarnat de omisión

Entre las acciones denunciadas se encuentra la introducción de maquinaria pesada en la Laguna de Bacalar, ocurrida el 20 de marzo, sin estudios ni permisos ambientales, explicó Luis Manuel Cárdenas, uno de habitantes que promovió el amparo.

Los manifestantes acusan a la Semarnat de haber omitido su responsabilidad de protección ambiental al exentar a la Sedena de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Asimismo, señalan a la Sedena por la probable destrucción y alteración de un ecosistema que forma parte de la también llamada Laguna de lo Siete Colores.

Semarnat debe verificar el área y las obras

Durante la suspensión, el juzgado ordenó a la Semarnat verificar si las obras, que incluyen la extracción de agua y lodo, así como la construcción de estructuras, pueden generar afectaciones al ecosistema. En caso de comprobar que no hay daño ambiental y que la zona intervenida no forma parte de un área natural protegida, las obras podrían continuar, pero bajo estricta supervisión de autoridades ambientales.

El amparo también ordena a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que se presenten en el sitio cada tres días para vigilar el desarrollo del proyecto y rendir informes al juzgado. También quedaron vinculadas otras autoridades encargadas del resguardo de áreas naturales protegidas.