Cancún. – El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la poderosa Secretaría de Estado vaticana que fue destituido por el papa Francisco el pasado septiembre por varios escándalos financieros, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa dudosa de un edificio de lujo en el corazón de Londres. Es la primera vez que la justicia vaticana encauza a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.
El juicio
Según informó este sábado el Vaticano, el juicio comenzará el próximo 27 de julio y en el caso concreto del cardenal Becciu, que fue uno de los hombres más poderosos del Vaticano y que actualmente se encuentra en el centro de la intriga, se le imputa los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno.
La decisión de ponerlo ante el juez venía gestándose probablemente desde hace tiempo, ya que el pasado abril el Papa derogó la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretó que también pueden comparecer como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, formado también por jueces y fiscales laicos. Hasta el momento, solo podían ser juzgados por otros cardenales integrantes del Tribunal Supremo especial del Vaticano o por el mismo Papa.
Negación de los delitos
Becciu siempre ha negado su implicación en el caso, marcado por una constante filtración de documentos, o cualquier mala fe en la operación económica y ahora habla de una “picota mediática sin parangón” y de “oscuras tramas” en su contra. “Soy víctima de un complot contra mí, y hace tiempo que espero conocer las posibles acusaciones contra mí, para permitirme desmentidas rápidamente y demostrar al mundo mi absoluta inocencia”, ha señalado a través de su abogado.
La causa central es la compraventa del inmueble en Londres, que costó alrededor de 300 millones de euros y se llevó a cabo mediante una serie de intermediarios que cobraron comisiones millonarias y que se reservaron el poder de bloquear futuros movimientos pese a que no habían aportado prácticamente capital. La operación se ejecutó con los fondos del Óbolo de San Pedro, teóricamente destinados a sufragar las obras de caridad.
Todos los procesados son parte del personal eclesiástico y laico de la Secretaría de Estado, órgano de Gobierno de la Iglesia y figuras de la entonces Autoridad de Información Financiera, aunque también hay personajes externos, activos en el mundo de las finanzas internacionales.
Investigación
Una amplia investigación, recogida en un sumario de 500 páginas, que comenzó hace dos años ha permitido determinar, según explica el Vaticano, que la actividad de los inculpados supuso “pérdidas considerables para las finanzas vaticanas”, y que se valieron para sus presuntos delitos también de los recursos destinados a las obras de caridad personal del papa. La instrucción del caso ha pasado por Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza,
Becciu fue obligado por Francisco a renunciar a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos del cardenalato por su posible implicación en este caso, lo que significa que no podrá participar en el próximo cónclave para elegir al siguiente Papa.
Los delitos
Además del cardenal, entre el resto de imputados se encuentra el bróker Gianluigi Torzi. El Vaticano lo acusa de extorsión durante la compraventa del inmueble de Londres que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas de la Santa Sede. Se embolsó 15 millones del Estado pontificio por la intermediación y estuvo arrestado durante ocho días.
Los demás acusados son René Brulhart, Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommasi Di Ruzza, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi y Gianluigi Torzi, además de las sociedades HP Finance LLC, Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., Prestige Family Office SA y Sogenel Capital Investmen. También Cecilia Marogna, la experta en relaciones internacionales a la que Becciu le transfirió, presuntamente, hasta 600.000 euros en fondos reservados para llevar a cabo misiones diplomáticas secretas y proteger nunciaturas en zonas de riesgo. Parte de ese dinero se lo gastó en artículos de lujo como bolsos de Prada o un sillón de 12.000 euros, según ella misma reconoció.
Entre los delitos que se les imputan figuran abuso de cargo, soborno, extorsión, malversación, corrupción, blanqueo de dinero, estafa, abuso, falsificación de documentos públicos cometidos por particulares y falsificación en escritura privada.
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