Cancún.- El criterio para calificar una querella desde un marco legal, como en el caso de Ley Electoral cuando analiza una denuncia por violencia política de género, puede ser diferente en cada magistrado, inclusive dependiendo del tribunal. Puesto que si bien la Sala Xalapa ha corregido o solicitado resarcir dictámenes del Tribunal Electoral de Quintana Roo, también a la misma sala rectora la han corregido en el más alto tribunal, solicitando de igual manera se rectifiquen laudos de la revisión de los amparos que se producen para reclamo por las sentencias ocurridas.
Expedientes rechazados por el TEPJF
La magistrada Claudia Carrillo, del Tribunal Electoral, señaló que en el caso de expedientes que han vuelto a ser turnados desde la Sala Xalapa al TEQROO consideran los mismos criterios, en los que muchas veces se requiere de una interpretación de mayor fuerza o una más suave a la sentencia ejercida.
Luego de promover en tribunales de Washington la necesidad de contar con leyes en México que apoyen a la mujer a enfrentar casos de violencia política por razones de género, la magistrada impone la rigurosidad de medidas que son interpretadas con criterios que logran sanciones de bajo impacto, aunque les vuelvan a pedir deliberar.
Reconocida como la defensora de los derechos políticos de la mujer en Quintana Roo y pionera para el resto del país, Claudia Carrillo señaló que mucho debiera contar la moralidad del criterio en cada uno de los magistrados para poder ver quizá con mayor rigidez, la sanción que se pueda de liberar al momento de calificar casos denuncias de violencia política contra mujeres tan sólo por su razón de género.
Caso de Marciano Toledo
Por ejemplo, el caso de análisis para Marciano Toledo, denunciado por violencia por parte de Laura Beristain a la que dijo «señora extorsionadora institucional», se consideró de un tono agresivo, que debería sancionarse de acuerdo a la visión de la Sala Xalapa, por lo que de nueva cuenta tendrá que ser revisado para elaborar un nuevo laudo que satisfaga con la sanción.
Señaló ejemplos en los que la palabra «ignorante» ocasionó la inscripción de un sujeto en el registro de personas violentas.
Mayor rigurosidad
Si bien el Tribunal Electoral de Quintana Roo aún requiere de formarse de precedentes, estos criterios poco a poco han tenido que sumarse a una óptica con mayor rigurosidad para la calificación de los casos que se analizan, ya que de lo contrario comienzan a ser vistos como jueces parciales para decidir, asociados a intereses que pudieran considerar sanciones ligeras, dijo la magistrada Claudia Carrillo.
Caso de Judith Villanueva
Como por ejemplo el caso de la diputada Judith Villanueva, cuyos agravios sólo dieron paso a solicitarse una disculpa pública que para muchos no se cumplió, y que además tuvo que llegar después de impugnar el resolutivo donde el Tribunal del estado no vio violencia en primera instancia cuando analizó el tema.
Caso de Atenea Gómez
Cabe recordar que en el caso de violencia política de género en contra de la entonces candidata a diputada local en el proceso electoral 2018-2019 y actual presidente electo de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, fue vital la participación de la magistrada Claudia Carrillo Gasca.
Carrillo Gasca, ponente en este asunto, destacó en su oportunidad que fue el primer caso de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género en resolver el Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo que sienta un importante precedente, en especial porque se dio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A Merced Ortiz Mayo, director de Protección Civil de Isla Mujeres, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco y un sujeto identificado como Cristian Alberto Ojeda Chuc, se les acreditó violencia política de género contra Gómez Ricalde durante el período de campaña en busca de la diputación por el I distrito electoral.
La participación de Carrillo Gasca fue determinante para que a los tres sujetos se les aplicara una multa y se les inscribiera en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.