Cancún. – Luego de la detención de Alejandro del Valle, expresidente y accionista de la aerolínea Interjet, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que este martes se le vinculó a proceso por su probable participación en el delito de fraude.

Vinculación a proceso 

A través de un comunicado, la Fiscalía indicó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro “N”.

Lo anterior después que las autoridades proveyeron de datos de prueba con los que un juez de control determinó vincular a proceso a Del Valle pues resultaron fundamentales en las acusaciones del delito de fraude.

“En la continuación de la audiencia, tras vencer la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa del ahora imputado, el juzgador le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur”, informó la Fiscalía.

Delito por fraude

Asimismo, las autoridades precisaron que luego de la audiencia también se fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las acusaciones indican que Alejandro del Valle se encuentra relacionado en la comisión del ilícito de fraude, cometido en agravio de una empresa, en este caso Interjet.

Tras la denuncia, se solicitó orden de aprehensión contra el ahora imputado, quien fue localizado y asegurado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Más involucrados

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos Financieros, en mayo de 2021, Alejandro “N”, junto con otras dos personas, fue acusado del delito de fraude genérico, tras la celebración de un contrato de apertura de crédito y la firma de un pagaré del cual nunca se cumplió lo convenido.

Las indagatorias sostienen qué, en el crédito otorgado, Alejandro “N” actuaría como obligado solidario, tras asegurar que tenía, junto con las otras dos personas, bienes societarios y personales suficientes para respaldarlo, por lo que aportaron al efecto las constancias de empresas, documentos que hicieron creer que cumplirían con el pago fijado a 123 días.