Cancún. – La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará una “ficha roja” a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés),  para lograr la captura de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, contra quienes existe una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos.

Orden de captura

La semana pasada, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura contra el matrimonio por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con funcionarios federales, la pesquisa de la FGR derivó por la supuesta utilización de empresas que sirvieron para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado.

Los delitos que se les imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, una vez que sean detenidos tendrán que ser ingresados a distintos penales

Delitos fiscales

El pasado 26 de agosto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó un amparo otorgado a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien solicitó la protección de la justicia para que no se ejerza acción penal en su contra, en otro caso, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior tiene que ver con motivo de su declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, donde ella informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) haber obtenido ingresos acumulables por la cantidad de 39 millones 518 mil pesos. Asimismo, señaló que tanto personas morales como una física, le retuvieron, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cantidad de 13 millones 572 mil 444 pesos. Por lo que, la cantidad que efectivamente recibió de dichas personas fue de 25 millones 945 mil 726 pesos.

Pese a ello, la FGR se negó a aprobar un acuerdo reparatorio, primero bajo el argumento de que no se había cubierto el total de las contribuciones supuestamente omitidas, y después, bajo el alegato de que dicho convenio no se había llevado a cabo con la persona legitimada para tal fin.

La defensa de Inés Gómez Mont, menciona el expediente, alegó que la FGR llegó a sostener que tal acuerdo reparatorio podría corresponder a un diverso hecho delictivo de naturaleza fiscal (defraudación fiscal) que no excluía la investigación del diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otorgan amparo

Ahora, los magistrados confirmaron el amparo otorgado por Patricia Marcela Diez, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, para que exista un nuevo pronunciamiento del Ministerio Público Federal.

La juzgadora indicó que la dependencia fue omisa en señalar las pruebas que se habían desahogado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017.

El fallo menciona que la dependencia tampoco mencionó cuáles eran los medios de convicción, para arribar a tal determinación, y no explicó por qué no se actualizaba alguno de los supuestos señalados en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia al sobreseimiento de la causa.

Solo apuntó que la investigación de los hechos denunciados se llevaba a cabo bajo el ámbito de su competencia, ejerciendo sus atribuciones y respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, “siendo complemente omisa respecto a que la quejosa es una figura pública y mujer, es decir que, al proveer, debió aplicar la perspectiva de género”.