Ciudad de México.- Por determinación de Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país investiga administrativamente a su antecesor, Arturo Zaldívar.

Acusan presunta corrupción

En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indaga a ex colaboradores del ministro en retiro por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento oculto, vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar a jueces y magistrados para que dictaran resoluciones con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.

Estas pesquisas se iniciaron con base en una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril ante el CJF; el mismo día, Piña Hernández ordenó la apertura del expediente J/108/2024 para que, mediante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, indague a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF, y a la ex contralora del PJF Arely Gómez González, actual auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como otros funcionarios del PJF y el abogado Julio Scherer Ibarra, ex consejero del Poder Ejecutivo federal.

Sobre Zaldívar, el CJF puntualiza que por ser ex ministro de la SCJN, la Judicatura carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le imputan; para los efectos que establecen los artículos 11, fracción XI, y 113, fracción I, de la Ley Orgánica del PJF, que disponen que ese alto tribunal resolverá sobre las faltas administrativas que señala la denuncia anónima.

Zaldívar acusa a Norma Piña

En la única declaración pública que Zaldívar realizó al respecto, durante el noticiero que conduce Ciro Gómez Leyva señaló que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrar a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial.

Aunque el PJF empezó la pesquisa con base en una denuncia anónima, la magistrada Elba Sánchez Pozos informó que «presentará formalmente una denuncia contra Zaldívar, luego de que desde 2019 había señalado actos ilegales y presiones de gente cercana al ministro”, entre ellos Carlos Antonio Alpízar.

El documento de inicio de la investigación precisa que Zaldívar ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales por conducto de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran en favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

Para ello, se menciona que en los casos específicos en que existió presión de la Presidencia del CJF, que también ostentó Zaldívar y que se cometieron entre 2019 y 2022, se encuentran las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal a Emilio Lozoya Austin (ex director de Pemex); el fraude cometido al Infonavit por 5 mil millones de pesos y la creación de juzgados y tribunales a modo para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.

Asimismo, señala casos de extradición en que se citó a diversos juzgadores, principalmente de primer y segundo circuitos para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a EU, o presionarlos sobre asuntos específicos, cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del Presidente en mañaneras previas.

Acusan a Zaldívar por desvío de recursos

De igual manera, se investigará “desvío de recursos públicos para beneficio de Alpízar», ya que presuntamente “utilizaba al personal de seguridad del CJF para labores domésticas en su domicilio, como choferes, mucamas, servicio, construcción… incluso los obligaba a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes de que empezara oficialmente su nombramiento.»

“Una jefa de seguridad fue obligada a realizar trabajo pesado a pesar de estar embarazada. Usaba los insumos del CJF para eventos privados Y se llevó a su casa televisores, computadoras, impresoras, etcétera.

De igual manera, se investigará por corrupción a Édgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como a los funcionarios que resulten responsables, adscritos a ese instituto, ya que presuntamente presionaron a las empresas que tenían contratos con Pemex para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores…»

A Netzaí Sandoval Ballesterosse le indagará por presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido del cargo e instalaciones “en su actuación como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, señalando que presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.»

“Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea era conseguir a costa de lo que fuera la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos (incondicional)», exigió a María Dol. (Fuente: La Jornada)