Chetumal.- El Consejo General para la elección de personas juzgadoras del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con el Poder Ejecutivo; Poder Legislativo y Poder Judicial con el objeto de intercambiar información relacionada con las candidatas que participan en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025, a efecto de desarrollar la Red de Mujeres Juzgadoras Candidatas y Electas, y darle seguimiento e identificar casos de violencia política contra la mujer en razón de género.

Busca garantizar igualdad en el proceso

Se informó que, el Instituto busca implementar acciones, estrategias y medidas apropiadas para combatir la discriminación, la violencia de género y la VPMRG, y así garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, para ejercer libre y plenamente sus derechos políticos; asimismo se cuenta con el Protocolo del Instituto para la Atención a Víctimas y Elaboración de Análisis de Riesgos en los casos de VPMRG, con el objetivo de prevenir y erradicar este tipo de violencia, y salvaguardar la integridad física y emocional de la mujer, que va a contender en el PEEPJ2025.

En otro punto del orden del día, se aprobó el convenio de apoyo y colaboración con el Colegio de Profesionistas en Comunicación del Estado de Quintana Roo A.C., con el fin de promover la cultura política y la educación cívica en la ciudadanía quintanarroense, así como para implementar acciones para prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género.

Otras aprobaciones

Siguiendo con el orden del día, se aprobó el Acuerdo por medio del cual se determina la relación a la integración de las comisiones permanentes del propio órgano superior de dirección de este instituto, en atención a la ausencia definitiva de la otrora consejera electoral Claudia Ávila Graham, nombrada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Asimismo, los integrantes de este órgano colegiado aprobaron el Acuerdo del Consejo General para la elección de personas juzgadoras del Ieqroo, por medio del cual se determina respecto del procedimiento para la preservación, resguardo y custodia de la documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025.

Presentan Plan de Difusión de los promocionales

Por otra parte, se hizo la presentación del Plan de Difusión de los promocionales en los tiempos oficiales de radio y televisión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025, dicho plan empezará a operar a partir del 29 de abril y concluirá el 28 de mayo de la presente anualidad.

En cuanto al contenido y elaboración de materiales de difusión de realizarán de manera genérica por tipo de candidatura, que explique cuáles son los cargos para elegir y el llamado de la participación en el PEEJ 2025. Además, todos los promocionales promoverán la consulta de los perfiles de las candidaturas en el Sistema “Conóceles”, habilitada para tal fin en la página oficial del Instituto. Asimismo, dichos materiales se realizarán también en lengua maya y los materiales de televisión incluirán traductor de lenguaje de señas mexicana y subtítulos en español.

Chetumal.- Los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han caído en desacato contra la suspensión provisional otorgada por el juez primero de distrito, para frenar la construcción de una casa de descanso para oficiales militares a orillas de la Laguna de Bacalar.

Juez ordenó a Sedena y Semarnat frenar la construcción

El representante legal de los activistas ecológicos locales, Ángel Pool Navarro, explicó que el pasado 15 de abril el Poder Judicial de la Federación suspendió la construcción de una villa de descanso que la Secretaría de la Defensa Nacional construye a orillas de la laguna de Bacalar.

El abogado precisó que el juez primero de distrito, con sede en Chetumal, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frenar la construcción de una villa de descanso para altos mandos militares a la orilla de la laguna, hasta que justifiquen esa obra y exhiban el estudio de impacto ambiental y todos los permisos necesarios para esa obra.

Ángel Pool, explicó que el Juez de distrito resolvió el juicio de amparo indirecto y otorgó la suspensión provisional a favor de los ciudadanos que reclaman la alteración de 5 kilómetros de la franja costera de la laguna de siete colores y la posible afectación al entorno ecológico, en perjuicio de la población en general.

Sedena utiliza a empresa particular para evadir la suspensión

Sin embargo, en un intento por evadir la suspensión, los mandos de la Sedena utilizan a una empresa particular, para continuar los trabajos de construcción y posible afectación al sistema lagunar, con el argumento de que la suspensión provisional está dirigida solamente a esta institución y a las autoridades de la Semarnat, sin vincular a terceros, como es el caso de esta empresa.

Ángel Pool Navarro, advirtió que la suspensión de la obra sigue vigente, al no existir ninguna notificación contraria a la medida precautoria emitida por el juez, por lo que este mismo jueves, estarán presentado ante la misma autoridad, un incidente de desacato, para sancionar a quien resulte responsable de continuar con la obra y las consecuentes afectaciones al entorno ecológico.

Chetumal.- De acuerdo con la empresa, los trabajadores que acuden a los hogares tienen dos objetivos principales: la instalación de medidores inteligentes con tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) y la identificación de anomalías en el consumo eléctrico, como conexiones ilegales o medidores manipulados. Estos nuevos medidores permiten lecturas remotas, mejoran la precisión en la facturación y aumentan la transparencia en el servicio.

El objetivo es asegurar un servicio eléctrico más eficiente

Además, los operativos pueden incluir inspecciones a solicitud de los usuarios, ya sea por quejas de cobros excesivos, instalación de medidores adicionales en viviendas compartidas o notificaciones de adeudos pendientes. La intención, aseguran las autoridades, es asegurar un servicio eléctrico más eficiente, justo y seguro para todos los usuarios.

Para evitar fraudes, la CFE recuerda que su personal debe estar debidamente identificado con uniforme oficial, credencial vigente con fotografía, nombre completo y número de empleado. También están obligados a proporcionar un número de orden relacionado con el domicilio, el cual puede verificarse llamando al 071, el canal oficial de atención a clientes. La empresa aclara que en ningún caso los trabajadores están autorizados a ingresar sin permiso del usuario ni a solicitar pagos en efectivo o transferencias durante las visitas.

Habría sanciones si se detectan irregularidades

En caso de que se detecte una irregularidad, las consecuencias varían. Si se trata de una falla técnica sin evidencia de manipulación, el medidor es reemplazado sin costo. Pero si se comprueba una conexión ilegal o alteración intencional del equipo, el usuario podría enfrentar sanciones severas, incluyendo multas de hasta mil días de salario mínimo equivalentes a cerca de 249 mil pesos y penas de cárcel de 3 a 10 años, conforme al artículo 368 del Código Penal Federal.

Entre las irregularidades más frecuentes están las conexiones clandestinas, conocidas como «diablitos», la manipulación de medidores para reducir el consumo reportado, el uso indebido de un medidor para varias viviendas o negocios, y las instalaciones eléctricas riesgosas. Estas prácticas no solo afectan la red eléctrica, sino que aumentan los costos para los consumidores que sí pagan correctamente su servicio.