Cancún.- En una decisión que marca un precedente en la defensa de los intereses públicos, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió no amparar a la empresa Aguakán ante la revocación anticipada de su título de concesión y, por ende, dio validez constitucional del Decreto 195 aprobado por XVII Legislatura en diciembre de 2023.

La Legislatura estatal se ajustó a derecho

La sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1323/2023-VIII subraya que la actuación del Poder Legislativo estatal se ajustó plenamente a derecho al abrogar el Decreto 250, mediante el cual la concesión a Aguakán había sido prorrogada hasta el año 2053.

Dicha extensión fue ampliamente cuestionada por diversas irregularidades, entre ellas, la falta de ratificación legislativa del modelo financiero de 2014, así como la opacidad en el destino de más de mil millones de pesos transferidos por la empresa a la CAPA y luego al Gobierno del Estado.

La actuación fue con base en el mandato ciudadano

El juez consideró que la XVII Legislatura actuó conforme a sus facultades legales y con base en un mandato ciudadano, luego de que en 2022 se realizara una consulta popular vinculante en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde la mayoría de la población votó en contra de que Aguakán siguiera prestando el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El fallo también reconoce que, una vez expirado el plazo original de la concesión el 31 de diciembre de 2023, es procedente la reversión inmediata de los bienes, recursos y servicios a la CAPA, garantizando así la continuidad del servicio bajo control público.

Aguakan tiene 10 días para impugnar

La resolución representa un respaldo contundente a la soberanía del Congreso de Quintana Roo, quien, ante el reclamo social y la evidencia de múltiples fallas en la prestación del servicio, actuó en defensa del interés colectivo y del derecho humano al agua.

Sin embargo, dicha sentencia todavía no está firme, pues la concesionaria de agua potable Aguakán, ahora tiene un máximo de 10 días para impugnar esta resolución.

Cancún.- Ciudadanos del municipio de Bacalar obtuvieron un amparo de un juez federal que detiene, provisionalmente, la construcción de una residencia de descanso con alberca para elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicada en las costas de la Laguna de Bacalar.

Las obras deben ser detenidas

La suspensión provisional, dada por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, obliga a la Sedena y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenar las obras realizadas en un predio situado entre el Fuerte San Felipe y la laguna, específicamente en la costera entre las calles 20 y 22 de la Colonia Centro.

La demanda de amparo, registrada bajo el expediente 241/2025, fue interpuesta el pasado 8 de abril por residentes preocupados por los posibles daños ambientales que las obras podrían ocasionar en esta zona de alto valor ecológico, histórico y cultural.

Señalan a la Semarnat de omisión

Entre las acciones denunciadas se encuentra la introducción de maquinaria pesada en la Laguna de Bacalar, ocurrida el 20 de marzo, sin estudios ni permisos ambientales, explicó Luis Manuel Cárdenas, uno de habitantes que promovió el amparo.

Los manifestantes acusan a la Semarnat de haber omitido su responsabilidad de protección ambiental al exentar a la Sedena de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Asimismo, señalan a la Sedena por la probable destrucción y alteración de un ecosistema que forma parte de la también llamada Laguna de lo Siete Colores.

Semarnat debe verificar el área y las obras

Durante la suspensión, el juzgado ordenó a la Semarnat verificar si las obras, que incluyen la extracción de agua y lodo, así como la construcción de estructuras, pueden generar afectaciones al ecosistema. En caso de comprobar que no hay daño ambiental y que la zona intervenida no forma parte de un área natural protegida, las obras podrían continuar, pero bajo estricta supervisión de autoridades ambientales.

El amparo también ordena a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que se presenten en el sitio cada tres días para vigilar el desarrollo del proyecto y rendir informes al juzgado. También quedaron vinculadas otras autoridades encargadas del resguardo de áreas naturales protegidas.

Cancún.- Este lunes fue presentada en el Congreso de Quintana Roo una iniciativa que propone la creación de una Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, con el objetivo de proteger los derechos y el patrimonio de las familias de personas desaparecidas en la entidad.

Brindará respaldo jurídico a víctimas indirectas

El proyecto fue impulsado por la y los diputados María José Osorio, Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco, y está orientado a brindar respaldo jurídico a las víctimas indirectas de este delito, permitiéndoles continuar con ciertos trámites legales y administrativos mientras sus seres queridos permanecen en calidad de desaparecidos.

Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Municipales de la XVIII Legislatura, explicó que esta ley permitiría, por ejemplo, redirigir pensiones que eran cobradas por la persona desaparecida hacia sus familiares, así como suspender procedimientos de embargo o cobro de créditos que pudieran poner en riesgo su patrimonio. “El procedimiento de declaración de ausencia les permitiría poder hacer los trámites necesarios para proteger su estabilidad económica en tanto continúa la búsqueda de su familiar”, expresó.

Establecería un procedimiento claro y accesible ante un juez civil

Actualmente, este procedimiento existe como una figura de jurisdicción voluntaria dentro del Código de Procedimientos Civiles del estado. No obstante, con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares —que abroga el código estatal— se vuelve necesario contar con una legislación específica que permita a las familias de desaparecidos seguir accediendo a este mecanismo de protección jurídica.

De ser aprobada, esta ley establecería un procedimiento claro y accesible ante un juez civil, lo que representaría un avance significativo para cientos de familias en Quintana Roo que enfrentan la desaparición de un ser querido. Con esta iniciativa, los legisladores buscan no solo armonizar el marco legal estatal con el nacional, sino también ofrecer un soporte concreto y humano en medio de la incertidumbre que genera este grave fenómeno.