Cancún.- A casi dos décadas de haber ocupado el cargo de presidente municipal de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruiz vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por decisiones políticas o concesiones municipales, sino por haberse fugado de la prisión domiciliaria en la que cumplía una medida cautelar por fraude millonario.

Se fugó, pese a que había vigilancia estatal

El ex alcalde interino, que gobernó Cancún entre 2004 y 2005 tras la salida de Juan Ignacio García Zalvidea “El Chacho”, es señalado por haber cometido administración fraudulenta en perjuicio de la empresa LV S.A. de C.V., con un daño calculado en más de 531 millones de pesos. El 26 de abril, Canabal abandonó el departamento donde estaba confinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, pese a que contaba con vigilancia estatal. Desde entonces, su paradero es desconocido.

No es la primera vez que el nombre de Canabal está asociado a manejos opacos. Durante su breve administración municipal, tuvo bajo su control la operación del servicio de recolección de residuos sólidos, una actividad que generó múltiples sospechas de conflicto de interés. Las concesiones y subcontrataciones realizadas en ese periodo favorecieron a empresas privadas sin experiencia comprobada, en acuerdos que fueron denunciados por activistas y regidores de oposición como lesivos para el Ayuntamiento.

Realizó adjudicaciones directas del servicio de basura

Uno de los contratos más cuestionados fue la entrega del servicio a una firma vinculada a intereses cercanos al propio Canabal. Aunque los procedimientos fueron maquillados como licitaciones abiertas, documentos obtenidos posteriormente revelaron adjudicaciones directas disfrazadas y condiciones que beneficiaban a las empresas privadas en detrimento de las arcas municipales. Los efectos aún se resienten: sobrecostos en el servicio, rezagos en la recolección y pasivos ambientales que nunca se resolvieron.

Ahora, el mismo personaje enfrenta cargos por fraude, y logró burlar a las autoridades gracias a una serie de decisiones judiciales controversiales. En octubre pasado, fue trasladado del penal de Apodaca a un hospital en Monterrey por supuestos problemas de salud. En diciembre, un juez de Reynosa le concedió prisión domiciliaria con brazalete electrónico.

Un juzgado había autorizado el retiro del brazalete

Pero la medida más polémica llegó el 28 de marzo, cuando un juzgado de Zacatecas autorizó que se le retirara el dispositivo de geolocalización. “Dos días después ya no tenía el brazalete y semanas después huyó. Fue una operación de impunidad construida desde el Poder Judicial”, denunció Xavier Olea Trueheart, abogado de la empresa afectada. El litigante anunció denuncias penales contra los agentes que debían custodiar a Canabal y quejas ante el Consejo de la Judicatura contra los jueces que permitieron su salida.

El caso revive las heridas abiertas que dejó la administración de Canabal en Cancún, marcada por una política de concesiones discrecionales, particularmente en el área de los residuos sólidos. Aunque ha pasado el tiempo, su huella sigue visible en los conflictos de intereses que rodean al sector y en la falta de castigo a quienes, desde cargos públicos, beneficiaron a empresas sin rendir cuentas.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Benito Juárez ni el Gobierno del Estado han emitido postura sobre la fuga del ex edil. Mientras tanto, la justicia parece jugar al escondite con uno de los personajes más polémicos que ha tenido Cancún.