Cancún.- Desde hace más de tres décadas, organizaciones civiles, especialistas en tortugas marinas y defensores ambientales han luchado incansablemente por conservar el Santuario de Xcacel-Xcacelito. Hoy, esa lucha llega a un nuevo punto crítico: el Subconsejo para el Manejo del Santuario ha solicitado oficialmente a la gobernadora Mara Lezama la ampliación del polígono protegido, así como la declaratoria de utilidad pública de los terrenos colindantes.

Alto valor social y ecológico

Se trata de una zona con ecosistemas únicos y en riesgo: selvas, manglares, dunas, ríos subterráneos, cenotes y hasta hábitat del jaguar. Además, Xcacel es uno de los pocos accesos públicos a la playa para la población local, lo que refuerza su valor social, además del ecológico.

El llamado es claro y urgente: proteger de manera integral este ecosistema, que actualmente sigue fragmentado por decisiones políticas y económicas heredadas del pasado. A pesar de que el Estudio Previo Justificativo para declarar el “Parque Estatal Selva y Humedales de Chemuyil/Xcacel” ya fue entregado a la mandataria estatal, la protección definitiva depende solamente de su firma.

El santuario se encuentra en constante riesgo

La historia de Xcacel está marcada por promesas incumplidas y decretos rotos. En 1992, el entonces gobernador Miguel Borge Martín emitió un decreto para su protección integral, pero fue revocado por su sucesor, Mario Villanueva, para permitir la venta de los terrenos. Desde entonces, la omisión de elementos clave —como los manglares, los humedales RAMSAR y la selva colindante— ha dejado al santuario incompleto y en constante riesgo.

Actualmente, con el Municipio de Tulum en proceso de elaborar su Programa de Ordenamiento Ecológico Local, se entregó a tiempo la propuesta del Subconsejo, que plantea una densidad cero y una política de protección absoluta para el área.

“La playa de Xcacel es el ícono nacional e internacional de la lucha ambiental para proteger a la tortuga marina. No basta con proteger la playa: se necesita preservar todo su hábitat”, reza la carta entregada a Lezama.

La petición también alude al caso de CALICA, cuyo cambio de uso de suelo a protección estatal sentó un precedente. Activistas esperan que el mismo destino alcance a Xcacel, en lugar de quedar nuevamente a merced de la especulación inmobiliaria.

“Sra. Gobernadora, la historia le está dando la oportunidad de marcar un legado. Solo falta su voluntad para asegurar el futuro de uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano”, concluye el llamado del Subconsejo.

Cancún.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, evidenció durante la más reciente emisión del programa La Voz del Pueblo, un alarmante esquema de corrupción inmobiliaria que ha afectado a decenas de familias quintanarroenses, muchas de ellas con la esperanza de acceder a una vivienda digna.

Se han identificado al menos 40 fraudes inmobiliarios

Según lo denunciado por la mandataria, se han identificado al menos 40 casos de fraudes inmobiliarios en los que presuntos brokers, operando con apariencia de legalidad, solicitan «enganches» de hasta 200 mil pesos a personas interesadas en adquirir viviendas, principalmente del Infonavit.

El modus operandi incluye visitas a corredurías y notarías públicas, donde se entrega a las víctimas una “supuesta escritura”, que en realidad corresponde a un crédito dentro de una cartera previamente adquirida, no a la propiedad prometida.

Extraen todo el dinero posible a víctimas

Una vez que se establece la falsa compra, las víctimas son mantenidas en una espiral de evasivas y nuevas solicitudes de dinero, hasta que finalmente el delito prescribe, dejándolas sin recursos y sin vivienda.

“Estamos ante un fraude estructurado y grave que juega con los sueños de quienes buscan tener un hogar. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo”, lanzó Mara Lezama.

Se trabaja para desmantelar la red de corrupción

Lezama aseguró que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y que su gobierno trabaja en coordinación con instancias legales para desmantelar esta red de corrupción, la cual podría tener implicaciones penales para corredores y notarios públicos involucrados.

Asimismo ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar, y acudir siempre con asesores inmobiliarios acreditados y al Registro Público de la Propiedad para verificar el estatus legal de los inmuebles.

Cancún.- Desde el corazón del sindicalismo en Cancún, Ana María Ibarra Olguín, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo un encuentro con integrantes del Comité Ejecutivo y delegados generales de la CROC, donde compartió su visión de una justicia aliada del pueblo y expuso su actuación en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años.

Expone caso de García Luna

Frente a liderazgos obreros reunidos en el Auditorio Isaías González Cuevas, Ibarra fue contundente: “En el caso García Luna, propuse mantener el congelamiento de sus cuentas, a pesar del criterio de la Corte que favorecía al acusado… porque la ley no puede ser refugio de los poderosos, ni la Corte un espacio indiferente ante la corrupción”.

La candidata recordó que su decisión se construyó con base en una interpretación rigurosa pero comprometida con la justicia sustantiva. Afirmó que su proyecto no se limitó al cumplimiento formal de requisitos, sino que buscó preservar la eficacia del Estado mexicano en su lucha contra redes delictivas de alto nivel.

“La lucha contra la impunidad no puede quedarse atrapada en tecnicismos… en ese caso, defendí la capacidad del Estado mexicano para actuar con eficacia y dignidad… y gracias a esa sentencia, podrá recuperar 48 mil mdp”, subrayó.

La actual Corte le falló a la clase trabajadora

En el mismo acto, Ibarra lamentó que el Poder Judicial actual haya dado la espalda a quienes más necesitan protección legal. “La actual administración de la Corte le falló a la clase trabajadora… olvidaron que la justicia laboral debe ser cercana, empática y efectiva. Hoy tenemos una oportunidad histórica para cambiar eso”, afirmó.

La candidata señaló que, aunque la reforma laboral marcó un avance significativo, su aplicación ha sido limitada por inercias judiciales que privilegian intereses de élite. Por ello, llamó a aprovechar la jornada electoral del 1 de junio para renovar el perfil de quienes imparten justicia en el país.

“Este primero de junio, podemos elegir un Poder Judicial que defienda los derechos del pueblo trabajador, que juzgue con equidad y que no se esconda detrás del formalismo”, puntualizó.

Reitera compromiso con una SCJN transformadora

Finalmente, Ibarra reiteró su compromiso con una Suprema Corte transformadora, cercana a las demandas sociales y con profunda vocación ética. “Separar a la justicia del poder del dinero es posible… y desde la Corte, voy a demostrarlo”, concluyó.