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Chetumal

SEMA enfrenta tres amparos por omisión en las consultas públicas

CEMDA señala constante omisión en la apertura de consultas públicas y su falta de transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental

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Chetumal.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) informó que los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo admitieron tres demandas de amparo contra la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo (SEMA), debido a su constante omisión en la apertura de consultas públicas y su falta de transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos

Estas acciones buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y a la participación pública.

Luego de que en 2019 la SEMA negó el acceso a los listados de solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental de competencia estatal, contraviniendo la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo (LEEPA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presentó un amparo indirecto contra la SEMA por esta omisión, obteniendo una sentencia favorable en marzo de 2022.

A pesar de esta resolución, la Secretaría no ha cumplido de manera efectiva con sus obligaciones, lo que llevó a la creación de mesas de trabajo en colaboración con Ciudadan@s por la Transparencia en diciembre de ese mismo año.

Prevalecen deficiencias

“Aunque se logró un avance en la publicación de los listados, estos siguen siendo incompletos y deficientes y la apertura de consultas públicas continúa siendo un proceso opaco y arbitrario”, señalaron las organizaciones. Y es que, en lo que va de este año, la SEMA continuó con prácticas que contravienen las disposiciones legales establecidas en la LEEPA, incluyendo la omisión de respuesta a solicitudes de consulta pública y la negativa a abrir espacios para la participación ciudadana en proyectos de alto impacto ambiental en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

El acceso a la información y la participación pública en temas ambientales son derechos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como nacional.  Estos derechos están consagrados en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Principio 10 de la Declaración de Río. México, como parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), está comprometido a garantizar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones ambientales, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución Mexicana.

Se pone en riesgo el equilibrio ecológico

Las demandas de amparo presentadas buscan remediar estas violaciones y asegurar que se respeten los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y el debido proceso en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

La constante opacidad y obstrucción por parte de la SEMA no solo viola la ley, sino que también pone en riesgo el equilibrio ecológico y el bienestar de la población.

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Chetumal

Inician operativos para verificar cumplimento de la Ley Silla en Quintana Roo

La ley establece la obligación de las empresas de otorgar sillas suficientes para el descanso de los trabajadores y prohíbe el desempeño de de pie durante la totalidad de la jornada laboral

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Chetumal.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo informó que se han iniciado operativos de verificación a empresas para confirmar que se cumpla con la Ley Silla después de que este 17 de junio venció el primer plazo para que los trabajadores tengan sillas para su descanso durante su jornada laboral.

Empresas están obligadas a proporcionar sillas a los trabajadores

La titular de la dependencia en el estado, Verónica Salinas Mozo, precisó que La Ley Silla tiene dos grandes ejes: por un lado, establece la obligación de las empresas de otorgar las sillas suficientes para el descanso de los trabajadores; y por otra parte, prohíbe a los empleadores exponer a las personas desempeñar sus actividades de pie durante la totalidad de su jornada laboral.

Aunque la ley no especifica un número fijo de minutos de descanso sentado, sí enfatiza que debe permitirse el uso de sillas siempre que la actividad lo permita. Es decir, no se trata de pausas programadas como los tradicionales 30 o 60 minutos para comer, sino de descansos intermitentes durante los lapsos en los que no hay atención directa al cliente u otra tarea que implique permanecer de pie.

Trabajadores deben sentarse al menos 5 minutos cada hora

Especialistas han recomendado que, para prevenir daños físicos, se debería procurar que las personas puedan sentarse al menos cinco minutos cada hora, especialmente en jornadas que superan las seis horas continuas.

Si se comprueba que una empresa no permite el uso de sillas, puede derivar en sanciones económicas para los empleadores por el equivalente de 250 a 2.500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aunque la nueva reforma también prevé la suspensión de actividades en casos de reincidencia.

Empresas tienen plazo hasta el 14 de diciembre para adecuaciones

Verónica Salinas, aclaró que el cumplimiento pleno de la ley será hasta el 14 de diciembre, pues la reforma estableció un nuevo plazo adicional de 180 días para que los empleadores realicen las adecuaciones necesarias en sus empresas y cumplir con la nueva obligación.

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Chetumal

SEDETUS y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco alertan sobre supuestos desarrollos sin permisos oficiales

Autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar riesgos patrimoniales y denuncian la operación irregular de asentamientos en la capital del estado

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Chetumal.- El Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), en coordinación con el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informa a la ciudadanía sobre la existencia de diversos supuestos desarrollos inmobiliarios que no cuentan con las constancias, permisos ni autorizaciones estatales o municipales requeridas por la normatividad vigente.

Ocho desarrollos no cumplen disposiciones

De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y otros reglamentos municipales aplicables, es obligatorio que todo desarrollo cuente con la documentación correspondiente para operar legalmente.

Los supuestos desarrollos identificados como Mahahua Eco Residencial, Proyecto San Fernando, Villas Tiki, Aldea Índigo, Santa Teresita, La Villa del Señor, Itzayana y California (Ejido La Península) no cumplen con estas disposiciones.

Exhortan a ciudadanos a no arriesgar su patrimonio

Por ello, la SEDETUS exhorta a la ciudadanía a no realizar acciones de compra, venta, promesa de compraventa, renta u otros compromisos comerciales relacionados con dichos asentamientos, ya que podrían estar incurriendo en delitos contra el desarrollo urbano y exponiendo su patrimonio a riesgos legales y financieros.

La dependencia pone a disposición de la población sus canales oficiales para brindar asesoría y orientación gratuita, con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan invertir con certeza, legalidad y tranquilidad.

Para más información, pueden acercarse directamente a las oficinas de la SEDETUS o comunicarse a través de sus redes sociales y correo institucional.

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Chetumal

Liberan la carretera Chetumal-Vía corta a Mérida

El paro fue desactivado cerca de la medianoche del martes, luego de que ejidatarios acordaron dar un nuevo plazo a la SICT para presentar una propuesta de indemnización favorable por 47.8 hectáreas de tierras expropiadas desde 1970

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Chetumal.- La carretera federal Chetumal-Vía Corta a Mérida fue liberada tras permanecer bloqueada por más de 36 horas por ejidatarios del poblado de Nuevo Israel en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Ejidatarios dan nuevo plazo a la SICT

El cierre, que inició a las 06:00 horas del lunes 16 de junio, fue desactivado cerca de la medianoche de este martes 17 de junio, luego de una asamblea ejidal en la que se acordó dar un nuevo plazo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para presentar una propuesta de indemnización favorable por 47.8 hectáreas de tierras expropiadas desde 1970 para la construcción de esta vía.

De acuerdo con los parcelarios, el próximo 11 de julio se celebrará una audiencia clave ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 con sede en la ciudad de Chetumal. En ese encuentro se espera un pronunciamiento definitivo sobre la exigencia de indemnización.

Este es el tercer bloqueo en tres años por el mismo reclamo. El primero ocurrió el 6 de noviembre de 2023, y fue levantado tras iniciarse un juicio agrario. El segundo se registró el 14 de mayo de 2024, y se suspendió con la promesa de la SICT de iniciar el proceso indemnizatorio. Sin embargo, ante la falta de avances concretos, los comuneros retomaron la protesta este lunes.

De no recibir respuesta favorable, retomarían la protesta

Los comuneros solicitan un millón de pesos por hectárea, aunque han manifestado disposición al diálogo, siempre que la propuesta sea justa. Advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable por parte de la SICT o un fallo positivo del TUA, retomarán la protesta social de forma indefinida.

“Estamos cansados de promesas. Si no hay seriedad, volveremos a cerrar la carretera. No permitiremos que nos sigan ignorando”, expresó uno de los líderes comunales.

Hay que señalar que la secretaria del Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, pidió a los manifestantes que tuvieran paciencia y que liberarán la carretera pues aseguró que el trámite de pago ya estaba adelantado.

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