Chetumal.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), a cargo de Perla Corona Noriega, informa que, a partir del 3 de noviembre, entrará en vigor el Acuerdo para garantizar el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales (teléfonos celulares), así como de tecnologías de aprendizaje en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

La medida cuenta con respaldo de autoridades y la sociedad

Es importante destacar que la medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada de manera unánime por las 32 autoridades educativas del país; y del 24 al 28 de agosto se realizó una consulta nacional previa con la participación de más de 500 mil figuras educativas del país.

En Educación Básica (inicial, preescolar, primarias y secundarias), se restringirá por completo el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos (tabletas, ipads), durante toda la jornada escolar, incluyendo clases y recesos, y solo podrán usarse para fines educativos previamente programados con intencionalidad pedagógica bajo la supervisión docente, emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, salud o necesidades particulares.

Educación Media Superior

En Media Superior cada plantel definirá sus propias limitaciones para un uso seguro y responsable, por ejemplo: tener un espacio de resguardo en el aula, donde se depositan los dispositivos al inicio de la jornada en lugar designado; uso limitado por tiempos y espacios; prohibición total durante la jornada; y uso programado con días específicos de la semana como herramienta tecnológica para el aprendizaje.

El resguardo de los dispositivos se podrá aplicar para Media Superior mediante un acuerdo de la comunidad educativa, que determine esta modalidad y el lugar donde se guardarán tales dispositivos.

Uso responsable en Educación Superior

Cabe destacar que, respecto a la Educación Superior, se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares y demás dispositivos durante toda la jornada escolar, conforme a los acuerdos de la comunidad educativa.

En caso de incumplimiento, en Educación Básica existe el Marco de Convivencia Escolar, el cual prevé las medidas que pueden aplicar los directores en las escuelas, mientras que en Media Superior y Superior, se van a construir ACUERDOS con la comunidad educativa.
Con este acuerdo nacional, avanzamos hacia entornos escolares que favorezcan la convivencia, la creatividad y el aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Chetumal.- El presidente del Supremo Consejo Maya de Quintana Roo, Roberto Herrera Santana, advirtió que la lengua maya enfrenta un proceso de desplazamiento en Quintana Roo.

Estrategias inadecuadas para preservar la lengua materna

«De los 174 mil 817 habitantes que se identifican como población maya en la entidad, solamente cuatro mil 370, equivalentes al 2.5 por ciento, conservan y practican su idioma originario», explico.

El dirigente indígena atribuyó esta situación a las estrategias inadecuadas para preservar la lengua materna, así como al impulso y predominio de idiomas americanos y europeos, factores que han propiciado que las nuevas generaciones se alejen de sus raíces lingüísticas y culturales.

Promueven acciones para preservar la lengua

Roberto Herrera dijo que ante este panorama, el Supremo Consejo Maya promueve diversas acciones encaminadas a recuperar, fortalecer y fomentar la práctica de la lengua maya, además de gestionar la participación de instituciones de los tres órdenes de Gobierno para establecer estrategias conjuntas que permitan evitar su desaparición.

Roberto Herrera Santana advirtió que el escenario es preocupante, pues durante el Congreso Internacional de Mayistas se determinó que, de mantenerse las actuales condiciones sociales y políticas, el idioma maya podría prevalecer únicamente durante dos generaciones más, es decir, alrededor de 60 años.

Urgen medidas para garantizar la transmisión entre generaciones

Por ello, consideró necesario instrumentar medidas urgentes que garanticen su transmisión entre generaciones, principalmente entre niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer su enseñanza y uso cotidiano en las comunidades.

El dirigente Maya, destacó que la preservación de la lengua maya representa también la defensa de la identidad, la historia y el patrimonio cultural de los pueblos originarios de Quintana Roo, por lo que su continuidad requiere la participación de autoridades, instituciones educativas y de la propia sociedad.

Chetumal.- Manuel Aldrete, director general del Consorcio Chiclero Chicza, informó que a dos años de haber obtenido la protección de indicación geográfica en México, el chicle maya de Quintana Roo y Campeche continúa sin aparecer en el registro internacional, una omisión atribuida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que limita las posibilidades de promoción y comercialización del producto en mercados extranjeros.

Obstáculos comerciales

Manuel Aldrete denunció que, pese a los años de gestiones para conseguir el reconocimiento legal, los productores descubrieron que la certificación todavía no figura en la plataforma internacional correspondiente, situación que ya comenzó a generar obstáculos comerciales.

Explicó que el problema salió a la luz cuando intentaron promover el reconocimiento ante una de las principales cadenas de distribución de Bélgica, cuyos representantes les advirtieron que no podían anunciar que el producto contaba con esa protección mientras no estuviera inscrito internacionalmente.

Seis años de arduos trámites

El empresario recordó que los productores invirtieron seis años en conseguir el reconocimiento que permitiera distinguir al chicle natural maya de las gomas de mascar elaboradas con bases sintéticas, además de respaldar su origen y los métodos tradicionales de extracción del látex del árbol de chicozapote en las selvas de Quintana Roo y Campeche.

Después de un largo proceso de revisión, las autoridades determinaron que la figura jurídica adecuada era la indicación geográfica y no la denominación de origen.

Finalmente, el reconocimiento nacional se concretó en aproximadamente tres meses, luego de la intervención de autoridades estatales y federales.

No hay continuidad en el ámbito internacional

Sin embargo, Aldrete lamentó que ese avance no haya tenido continuidad en el ámbito internacional, particularmente porque la declaratoria publicada por el IMPI establece que el propio instituto debe realizar las gestiones correspondientes conforme a los tratados y acuerdos comerciales vigentes en México.

El director del Consorcio Chicza señaló que apenas esta semana recibieron información sobre la ausencia del producto en el registro internacional, prácticamente al cumplirse dos años de la publicación de su declaratoria de protección.

“Nos sorprendió mucho que una de las principales cadenas de distribución en Bélgica nos dijera que no podíamos anunciar la certificación de la indicación geográfica”, relató.

Se pierden oportunidades de negocios

Consideró que la falta de seguimiento administrativo impide que los productores aprovechen plenamente una herramienta que buscaba fortalecer la identidad comercial del chicle maya y abrir oportunidades de negocio en mercados europeos interesados en productos naturales y de origen verificable.

También cuestionó la falta de sensibilidad de las autoridades para atender las necesidades de los productores y convertir los reconocimientos legales en beneficios económicos para las comunidades chicleras.

Analizan vías de acción

Ante esta situación, el Consorcio Chicza comenzó a consultar con sus asesores jurídicos en la Ciudad de México para determinar las acciones que pueden emprender, entre ellas presentar una solicitud formal o una queja ante las autoridades para exigir una explicación sobre el estado del trámite.

Mientras tanto, los productores de chicle natural de Quintana Roo y Campeche enfrentan dificultades para utilizar internacionalmente una certificación que tardaron años en conseguir y que tenía como principal objetivo fortalecer su competitividad, proteger su origen y generar mayores oportunidades económicas para las comunidades dedicadas a esta actividad.