Cancún. – La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron la sentencia que abrió la posibilidad para que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, pueda enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

Valoración del proceso

Por esta razón, el juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien debe valorar si la ex funcionaria puede abandonar el penal femenil de Santa Martha Acatitla, no podrá pronunciarse sobre el tema por el momento.

Ahora, un Tribunal Colegiado en Materia Penal revisará la sentencia de Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien imputó a Rosario Robles, tras determinar que el juez de control no valoró correctamente la medida cautelar solicitada para poder continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Responsable del delito

La ex funcionaria permanece presa desde hace más de un año diez meses en el penal en la alcaldía Iztapalapa, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.

En junio, el juez de amparo ordenó a Villar Ceballos dejar sin efecto la audiencia de 30 de abril de 2020, que forma parte de la causa penal 314/2019, a partir del momento en que resolvió respecto de la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa.

No evadir la justicia

Ganther Alejandro justificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la supuesta falta de arraigo de Rosario Robles, ya que la FGR aseguró que no hay certidumbre donde vive la ex funcionaria, y por tanto, existe posibilidad de que evada la justicia.

 “Aun cuando el juez de control responsable sustenta una falta de arraigo de la quejosa en esta Ciudad…omitió expresar por qué si la existencia de un diverso domicilio de la persona sujeta a proceso no significa que alguno de ellos sea falso, sino es legalmente posible que se tenga uno o más”, establece el fallo.

Apuntó que el juez de control soslayo expresar que la capacidad económica de la quejosa no es motivo para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.