José María Morelos.- Media hora después de que a través de las redes sociales la presidenta municipal de José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer rindió su tercer informe de gobierno, a las 13 horas de este viernes, 200 trabajadores de confianza y eventuales a quienes se les adeuda el pago de cinco quincenas, tomaron el palacio municipal y cerraron la carretera federal en demanda del pago, pues la administración culminará en una semana más.

Funcionarios temen represalias 

El síndico municipal, Víctor Javier Díaz, afirmó que varias horas después de que inició la protesta, ningún representante del gobierno municipal se había atrevido a ir al lugar e iniciar las negociaciones ante el temor, pues trascendió que los trabajadores pretendían encerrar a las autoridades en el auditorio en que se llevaría a cabo la sesión de Cabildo solemne, para entregar el último informe sobre la situación que guarda la administración municipal.

Movilización de empleados 

Desde las 13 horas, trabajadores del gobierno municipal iniciaron una serie de movilizaciones en protesta y demanda de que antes de que concluya la presente administración se les liquiden las cinco quincenas que se les adeuda.

Un contingente tomó el palacio municipal mientras que otro se apostó en la carretera 184, a la entrada de la entrada a Santa Cruz,  rumbo a Polyuc, en donde con piedras y palos cerraron la arteria federal en ambos sentidos.

La medida impidió el acceso a las zonas centro y norte del estado, así como a Yucatán.

Los inconformes indicaron que cada  hora abrirán ambos sentidos para dar paso a los vehículos varados, pero sólo será momentáneo.

Falta de liquidez 

El síndico municipal explicó que la falta dé liquidez de la administración obedece al convenio que la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), firmó con la pasada administración municipal, en donde hicieron un adelanto de participaciones, mismo que se saldará en 36 pagos mensuales, de  poco más de 400 mil pesos, durante los tres años que duraría el nuevo trienio.

Aclaró que la sesión de Cabildo en que se autorizó tal medida ilegal sólo contó con el voto de tres de los 11 miembros del Cabildo, y no se incluyó el acta de entrega-recepción, además de que Sefiplan les aclaró el caso hasta hace apenas unas cuantas quincenas.

Recordó que al inicio de la pandemia se suspendieron los cobros por lo que pensaron que la deuda estaba saldada, pero desde hace cinco quincenas , ya para culminar la administración, les reactivaron los descuentos estatales en montos que van de 2 a 3 millones de pesos, lo cual mermó totalmente su capacidad de operación.

Dijo que los policías y trabajadores sindicalizados no han sufrido el recorte porque sus pagos vienen etiquetados, pero el resto de trabajadores son los afectados.

Laudo laboral 

A ello sumó la añeja herencia de un laudo laboral que se resolvió a los cinco meses de que inició la administración, en donde un juez los obligó a pagar los sueldos caídos y reinstalar a los 200 trabajadores, engrosando y complicando el pago de la nómina.

En entrevista, el síndico municipal comentó que la administración ya interpuso una demanda en contra de quien resulte responsable por el descuento de ese recurso, pero hasta ahora no hay respuesta.

Audiencia con Sefiplan 

Por lo pronto, dijo, el próximo martes tienen audiencia con la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, para encontrar una solución a ese problema con que definitivamente no podrá  el municipio sólo, pues de hecho, no tiene ninguna posibilidad, incluso, no siquiera puede recurrir al mismo plan de pedir adelantos en las participaciones porque ese es un acto ilegal, a unos días de culminar el trienio.