Cancún.- Quintana Roo está a punto de escribir un capítulo inédito en el país en la lucha contra la desaparición de personas. La XVIII Legislatura del Congreso estatal tiene la posibilidad de convertirse en la primera en aprobar no solo una Ley de Desaparición Forzada adaptada a su contexto local, sino también una Ley de Declaración de Ausencia con enfoque en las víctimas y sus necesidades.

Las iniciativas fueron construidas con la sociedad

La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Hugo Alday, quien en entrevista subrayó que ambas iniciativas fueron construidas de la mano con colectivos de víctimas, representantes legales, defensores de derechos humanos y la Fiscalía estatal. “No es una ley mía, es una ley de todas las personas que han vivido este infierno y que trabajaron para que esto suceda”, afirmó.

Alday detalló que la ley principal, la de desaparición forzada, aún no ha sido discutida en comisiones, pese a que una ley complementaria —la de declaración de ausencia— ya fue turnada. Esta última busca ofrecer certeza jurídica a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido, garantizando el acceso a derechos como pensiones, custodia de menores o administración de bienes.

Pide Hugo Alday empujar la ley en el Congreso

La urgencia de aprobar ambas leyes se ha vuelto más evidente tras la reciente presión internacional por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, lo que ha generado movimientos en el gobierno federal. Sin embargo, Alday advierte que en el Congreso local parece haber una estrategia para frenar la iniciativa estatal a favor de una versión federal que aún no se concreta.

“Esto no se trata de quién se cuelga la medalla. Se trata de darles respuestas reales a las familias que llevan años buscando. Esta legislatura puede marcar la diferencia”, expresó el legislador, quien además llamó a sus compañeras y compañeros a asumir esta responsabilidad sin cálculos políticos.

Establecería obligaciones y responsabilidades de autoridades locales

El dictamen de la ley principal no solo establecería claramente las obligaciones y responsabilidades de las autoridades locales, sino que también delinearía el funcionamiento de un comité de búsqueda estatal, un banco de datos especializado y sanciones para funcionarios que incumplan.

Alday reiteró su compromiso de continuar el cabildeo con colectivos y organizaciones para presionar al Congreso y lograr que ambas leyes suban al pleno antes del cierre del periodo legislativo. “Si lo logramos, seríamos el primer estado en aprobar una ley completa, funcional y con perspectiva de víctimas”, concluyó.

Cancún.- Integrantes del Comité de Lucha Magisterial en Benito Juárez dictaron una pauta a su movilización en contra de la reforma del ISSSTE aprobada en 2007 y, en consecuencia, tras mes y medio de tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en este municipio turístico, levantaron los campamentos que mantenían en las oficinas administrativas.

Preparan movilización a nivel nacional

Ayer publicamos que los maestros de educación informaron a través de un escueto boletín de prensa, que regresaban a las aulas el 28 de abril del presente año.

En conferencia de prensa, la presidenta del comité, Leticia Cauich, junto con integrantes del Comité, advirtieron que la pausa servirá para prepararse para la movilización que se convoca a nivel nacional, misma que será de mayor intensidad.

No estuvieron de acuerdo con la minuta

Señaló que luego de 14 horas de negociaciones, el sábado pasado, con el gobierno estatal representado por las secretarias de Gobierno y Educación, Cristina Torres Elda Xix Euán, respectivamente, de los 38 puntos que contenía su pliego petitorio, las autoridades solo ofrecieron gestionar 17, argumentando que el resto eran competencia federal, pero ninguno que estuviera relacionado con recursos económicos, por lo que se pidió opinión a la base, que esperaba afuera, y todos coincidieron en no firmar esa minuta porque no había ni garantía de su cumplimiento.

No obstante, coincidieron en que este martes 15 de abril entregarían las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo en Cancún, en donde mantuvieron el plantón durante estas semanas, acto que realizaron a puerta cerrada porque la subsecretaria de Educación, Xóchitl Carmona Bareño, prohibió el paso de la prensa.

Regresarán a las aulas 6 mil maestros

Los docentes indicaron que el 28 de abril regresarán a las aulas los 6 mil maestros que atienden educación básica en Benito Juárez, en 500 escuelas, pues cada municipio decidirá las acciones que emprenderá.

Cancún.- En una decisión que marca un precedente en la defensa de los intereses públicos, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió no amparar a la empresa Aguakán ante la revocación anticipada de su título de concesión y, por ende, dio validez constitucional del Decreto 195 aprobado por XVII Legislatura en diciembre de 2023.

La Legislatura estatal se ajustó a derecho

La sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1323/2023-VIII subraya que la actuación del Poder Legislativo estatal se ajustó plenamente a derecho al abrogar el Decreto 250, mediante el cual la concesión a Aguakán había sido prorrogada hasta el año 2053.

Dicha extensión fue ampliamente cuestionada por diversas irregularidades, entre ellas, la falta de ratificación legislativa del modelo financiero de 2014, así como la opacidad en el destino de más de mil millones de pesos transferidos por la empresa a la CAPA y luego al Gobierno del Estado.

La actuación fue con base en el mandato ciudadano

El juez consideró que la XVII Legislatura actuó conforme a sus facultades legales y con base en un mandato ciudadano, luego de que en 2022 se realizara una consulta popular vinculante en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde la mayoría de la población votó en contra de que Aguakán siguiera prestando el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El fallo también reconoce que, una vez expirado el plazo original de la concesión el 31 de diciembre de 2023, es procedente la reversión inmediata de los bienes, recursos y servicios a la CAPA, garantizando así la continuidad del servicio bajo control público.

Aguakan tiene 10 días para impugnar

La resolución representa un respaldo contundente a la soberanía del Congreso de Quintana Roo, quien, ante el reclamo social y la evidencia de múltiples fallas en la prestación del servicio, actuó en defensa del interés colectivo y del derecho humano al agua.

Sin embargo, dicha sentencia todavía no está firme, pues la concesionaria de agua potable Aguakán, ahora tiene un máximo de 10 días para impugnar esta resolución.