Cancún.- Desde hace más de tres décadas, organizaciones civiles, especialistas en tortugas marinas y defensores ambientales han luchado incansablemente por conservar el Santuario de Xcacel-Xcacelito. Hoy, esa lucha llega a un nuevo punto crítico: el Subconsejo para el Manejo del Santuario ha solicitado oficialmente a la gobernadora Mara Lezama la ampliación del polígono protegido, así como la declaratoria de utilidad pública de los terrenos colindantes.

Alto valor social y ecológico

Se trata de una zona con ecosistemas únicos y en riesgo: selvas, manglares, dunas, ríos subterráneos, cenotes y hasta hábitat del jaguar. Además, Xcacel es uno de los pocos accesos públicos a la playa para la población local, lo que refuerza su valor social, además del ecológico.

El llamado es claro y urgente: proteger de manera integral este ecosistema, que actualmente sigue fragmentado por decisiones políticas y económicas heredadas del pasado. A pesar de que el Estudio Previo Justificativo para declarar el “Parque Estatal Selva y Humedales de Chemuyil/Xcacel” ya fue entregado a la mandataria estatal, la protección definitiva depende solamente de su firma.

El santuario se encuentra en constante riesgo

La historia de Xcacel está marcada por promesas incumplidas y decretos rotos. En 1992, el entonces gobernador Miguel Borge Martín emitió un decreto para su protección integral, pero fue revocado por su sucesor, Mario Villanueva, para permitir la venta de los terrenos. Desde entonces, la omisión de elementos clave —como los manglares, los humedales RAMSAR y la selva colindante— ha dejado al santuario incompleto y en constante riesgo.

Actualmente, con el Municipio de Tulum en proceso de elaborar su Programa de Ordenamiento Ecológico Local, se entregó a tiempo la propuesta del Subconsejo, que plantea una densidad cero y una política de protección absoluta para el área.

“La playa de Xcacel es el ícono nacional e internacional de la lucha ambiental para proteger a la tortuga marina. No basta con proteger la playa: se necesita preservar todo su hábitat”, reza la carta entregada a Lezama.

La petición también alude al caso de CALICA, cuyo cambio de uso de suelo a protección estatal sentó un precedente. Activistas esperan que el mismo destino alcance a Xcacel, en lugar de quedar nuevamente a merced de la especulación inmobiliaria.

“Sra. Gobernadora, la historia le está dando la oportunidad de marcar un legado. Solo falta su voluntad para asegurar el futuro de uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano”, concluye el llamado del Subconsejo.

Cancún.- Con el objetivo de acercar la información jurídica a la población y fortalecer la participación ciudadana, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Colegio de Abogados Manuel Crescencio Rejón firmaron un convenio de colaboración que permitirá organizar foros, talleres y charlas informativas sobre temas clave de la vida democrática.

Una herramienta para empoderar a la ciudadanía

Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del IEQROO, destacó que esta alianza representa una herramienta práctica para empoderar a la ciudadanía con conocimientos sobre sus derechos y responsabilidades en el actual contexto electoral.

“Vamos a poder generar acciones que impacten de manera directa en la ciudadanía, promoviendo valores cívicos y fortaleciendo su participación en la toma de decisiones”, afirmó.

Facilitará la organización de espacios de diálogo

La presidenta del Colegio de Abogados, Angélica Amaro Hernández, explicó que el convenio facilitará la organización de espacios de diálogo donde se explicarán, de manera sencilla y clara, los cambios derivados de las recientes reformas constitucionales en el Poder Judicial.

“Buscamos sentar las bases de una ciudadanía más informada, capaz de comprender el alcance de esta transformación institucional”, subrayó.

Se podrá reducir la brecha de información

Este esfuerzo cobra especial relevancia en el marco del proceso electoral del próximo 1 de junio, considerado inédito en el país, ya que por primera vez los ciudadanos votarán directamente para elegir jueces, magistrados estatales y ministros federales.

La colaboración entre ambas instituciones apunta a reducir la brecha de información y a promover una cultura cívica más sólida entre los quintanarroenses, sobre todo en tiempos electorales, que es cuando más apatía hay en torno a estos ejercicios.

Cancún.- Desde el corazón del sindicalismo en Cancún, Ana María Ibarra Olguín, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo un encuentro con integrantes del Comité Ejecutivo y delegados generales de la CROC, donde compartió su visión de una justicia aliada del pueblo y expuso su actuación en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años.

Expone caso de García Luna

Frente a liderazgos obreros reunidos en el Auditorio Isaías González Cuevas, Ibarra fue contundente: “En el caso García Luna, propuse mantener el congelamiento de sus cuentas, a pesar del criterio de la Corte que favorecía al acusado… porque la ley no puede ser refugio de los poderosos, ni la Corte un espacio indiferente ante la corrupción”.

La candidata recordó que su decisión se construyó con base en una interpretación rigurosa pero comprometida con la justicia sustantiva. Afirmó que su proyecto no se limitó al cumplimiento formal de requisitos, sino que buscó preservar la eficacia del Estado mexicano en su lucha contra redes delictivas de alto nivel.

“La lucha contra la impunidad no puede quedarse atrapada en tecnicismos… en ese caso, defendí la capacidad del Estado mexicano para actuar con eficacia y dignidad… y gracias a esa sentencia, podrá recuperar 48 mil mdp”, subrayó.

La actual Corte le falló a la clase trabajadora

En el mismo acto, Ibarra lamentó que el Poder Judicial actual haya dado la espalda a quienes más necesitan protección legal. “La actual administración de la Corte le falló a la clase trabajadora… olvidaron que la justicia laboral debe ser cercana, empática y efectiva. Hoy tenemos una oportunidad histórica para cambiar eso”, afirmó.

La candidata señaló que, aunque la reforma laboral marcó un avance significativo, su aplicación ha sido limitada por inercias judiciales que privilegian intereses de élite. Por ello, llamó a aprovechar la jornada electoral del 1 de junio para renovar el perfil de quienes imparten justicia en el país.

“Este primero de junio, podemos elegir un Poder Judicial que defienda los derechos del pueblo trabajador, que juzgue con equidad y que no se esconda detrás del formalismo”, puntualizó.

Reitera compromiso con una SCJN transformadora

Finalmente, Ibarra reiteró su compromiso con una Suprema Corte transformadora, cercana a las demandas sociales y con profunda vocación ética. “Separar a la justicia del poder del dinero es posible… y desde la Corte, voy a demostrarlo”, concluyó.