Chetumal.- La secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez, informó que al arranque de las campañas de candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial de la Federación, ninguno ha solicitado medidas de seguridad y protección extraordinarias.

Se desplegarán fuerzas de seguridad en el estado

Explicó que en los próximos días habrá un despliegue de fuerzas de seguridad en el territorio quintanarroense, como parte de la estrategia para garantizar la seguridad del proceso, y la integración de los Consejos Distritales avanza conforme a los tiempos establecidos.

“Vamos a tener a 117 personas haciendo campaña entre federales y locales, hay todas las garantías, se avanza. En breve estarán llegando las principales fuerzas de seguridad al estado. No hemos tenido ningún foco rojo, ni ninguna señal de alarma en la búsqueda de personas que serán funcionarios de casilla”, explicó.

No hay focos rojos

Sobre la seguridad de los candidatos subrayó que está garantizada, y que ninguno de los aspirantes no ha solicitado medidas extra ordinarias.

“Hasta ahora no hay ningún foco rojo”, subrayó.

El financiamiento será de los propios candidatos

Respecto a la fiscalización de las campañas, y los recursos destinados a la publicidad, reiteró que serán con financiamiento propio de los candidatos, por lo que su propaganda se reducirá a plataformas digitales. Por lo que el llamado a la población será a participar.

“Buscamos que, con las capacidades institucionales, nosotros llamemos a la participación sin ningún sesgo. Estamos hablando de 117 cargos, distintas boletas. Necesitamos que la gente se familiarice con la boleta, sepa cómo votar, y hasta ahí será la suma de los poderes, para tener una jornada ejemplar”, puntualizó.

Vencer el abstencionismo, el gran reto

Cristina Torres consideró que el reto será combatir el abstencionismo, y fomentar la participación de todos los ciudadanos el domingo 1 de junio, para elegir a los nuevos integrantes del Judicial de Quintana Roo, y el Poder Judicial de la Federación.

Chetumal.- El Observatorio Legislativo señaló la falta de perfil académico y conocimiento en materia judicial de la mayoría de las personas que aspiran a un cargo en el Poder Judicial de Quintana Roo.

Preocupa la falta de conocimiento

Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo, reconoció que hay preocupación por la falta de conocimiento y carrera judicial de los aspirantes a juzgadoras y en particular entre empresarios, quienes ante algún escenario de algún juicio, bien sea por algún incidente real se deberá considerar que muchos de los que resulten electos no tienen una carrera judicial y que pueden responder a intereses particulares o de grupo bien sea de carácter político o empresarial.

Insistió en las dificultades para ejercer el voto por parte de la ciudadanía que, incluso, ha considerado no asistir el día de la jornada como un acto de resistencia pasiva ante un proceso cuestionable y orientado para controlar uno de los poderes del país, ya que consideran que se busca colocar jueces leales al sistema.

Prevén movilización para el voto

Eduardo Galaviz, consideró que Morena pretende una gran movilización para ganar la elección “porque no es coincidencia que el partido realice en estos momentos una campaña de afiliación masiva de grandes alcances, que tendrá como objetivo esta primera prueba de movilización ante la apatía del electorado para asistir a las urnas”.

A prácticamente 30 días de la elección de las personas juzgadoras reiteró que las personas integrantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron personas ligadas a los grupos de poder actuales, sin una participación ciudadana o académica neutral lo que le da un sesgo en la selección de candidatos para la elección del 1 de junio.

Señalan injerencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Comentó que en Quintana Roo se observó la injerencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, quien solicitó a la autoridad electoral se definiera que la votación se dé por listado total, eligiendo el elector la lista completa de acuerdo al Poder que postuló a candidatos, en lugar de uno a uno como se determinó por el INE, siendo Quintana Roo el único estado del país que está usando esta modalidad, aprovechando las lagunas legales que en este proceso se han dado, mediante esta involucración será más fácil la movilización de las bases dando la indicación precisa de las listas por la que van a votar.

El observatorio ciudadano legislativo hizo hincapié al señalar el tiempo de duración de cada persona juzgadora, así como el salario que percibirá, entre los que señaló que en el caso del magistrado presidente del TSJ ganará 265 mil 109 pesos mensuales; los magistrados, 213 mil 088; el magistrado para adolescentes, 70 mil 238; el magistrado de asuntos indígenas, 51 mil 957; consejeros, 211 mil 877 y jueces de 51 mil 957 pesos a 65 mil 832.

Chetumal.- Los diputados Ricardo Velazco Rodríguez, de Morena; y Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo, presentaron una solicitud a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, para que el fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, comparezca y exponga los avances en las investigaciones contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Genera inquietud reciente amparo a Roberto Borge

Esta petición surge tras la reciente concesión de un amparo al ex mandatario, lo que ha generado inquietud sobre el estado actual de los procesos judiciales que se desarrollan en contra del ex gobernador.

La solicitud de comparecencia del Fiscal Anticorrupción, busca esclarecer el estado actual de las investigaciones, además de garantizar que los procesos judiciales avancen con transparencia y eficacia, sobre todo por tratarse de un sexenio negro, argumentó el diputado Ricardo Velazco Rodríguez.

Roberto Borge enfrenta múltiples cargos

Roberto Borge Angulo enfrenta múltiples cargos por delitos como peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Desde marzo de 2023, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, Morelos, tras ser vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero recientemente, el ex gobernador promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario; procedimiento judicial que apenas comienza y podría prolongarse durante varios años antes de que se emita una resolución definitiva.

Señalado de desvío de más de 16 mmdp

Durante su gobierno, Roberto Borge fue señalado por presuntamente desviar más de 16 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 60% del presupuesto estatal de aquel entonces, a través de una red de 50 funcionarios que operaban en complicidad con el ex gobernador.