Cancún.–  México mejoró dos puntos en la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, al pasar de tener una calificación de 29 en 2019 a 31 en el último año y subir seis lugares en el ranking.

De acuerdo con el índice, pasó de ocupar la posición 130 en la que estaba en 2019, entre los 180 países evaluados, a la 124 en 2020, en términos relativos escaló seis lugares, con lo que se ubica a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán en materia de percepción de la corrupción.

El índice registra opinión de personas

La edición 2020 del IPC de Transparencia Internacional, que registra la opinión de analistas, personas expertas, mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados, puso especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.

En un análisis de los datos, Transparencia Mexicana, que es la representante de Transparencia Internacional en México, aseguró que, pese a la recuperación de las posiciones en el ranking, las estadísticas para México reflejan que el país aún no recupera su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en el año 2014.

Con más corrupción años atrás

En 2020, Transparencia Internacional informó que de 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional, que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en México.

“Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, explicó en un comunicado.

“El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”, advirtió la organización.

Fortalecer al INAI, ASF y FGR

A partir del IPC del 2020, Transparencia Mexicana recomendó a México fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

En tanto, la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.