Bacalar.- Un juez de Distrito en el estado de Quintana Roo concedió una suspensión provisional que frena de inmediato la construcción de un proyecto hotelero a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona federal de la Laguna de Bacalar.

Dos organizaciones interpusieron amparos

La medida judicial responde a una demanda de amparo promovida por las organizaciones Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), ante las irregularidades en el inicio de las obras.

Desde principios de marzo, habitantes de Bacalar se manifestaron pacíficamente al detectar maquinaria trabajando frente al Fuerte de San Felipe, uno de los principales patrimonios históricos del estado.

No cuenta con MIA ni hubo consulta pública

El proyecto —identificado como un desarrollo hotelero— arrancó sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con procesos de consulta pública a la comunidad, en violación de la normatividad ambiental y los derechos colectivos de la población.

“Esta construcción representa una grave amenaza al equilibrio ecológico de la Laguna de Bacalar y vulnera derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano, a la salud, a la participación en asuntos ambientales y a la buena administración pública”, informaron las organizaciones en un comunicado.

La resolución judicial ordena detener cualquier acto que ponga en riesgo el entorno natural y el patrimonio cultural de Bacalar, mientras se celebra la audiencia incidental, programada para el próximo 28 de abril, en la cual se analizará si se concede la suspensión definitiva.

Un precedente clave para la defensa ambiental

El fallo representa un avance significativo en la defensa de los derechos ambientales y la participación ciudadana en México, marcando un precedente contra obras gubernamentales que se desarrollan al margen de la ley y sin el consentimiento social.

Organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos han celebrado la decisión del juez, que pone un alto momentáneo a un proyecto que, de continuar, podría causar afectaciones irreversibles a uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del sureste mexicano.

Cancún.- En un panorama económico en el que la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a fortalecer la economía nacional, la administración de Ana Paty Peralta en Cancún ha disparado el delito de extorsión e impulsado iniciativas que podrían propiciar la informalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Hay 116 abiertas carpetas de investigación por extorsión

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la administración de Peralta, que inició de manera interina en marzo de 2022, se han abierto un total de 116 carpetas de investigación por el delito de extorsión, de las cuales 36 se han registrado en tan solo cinco meses.

A pesar de esta situación, ahora la alcaldesa busca obligar a los micro, pequeños y medianos empresarios a cumplir con un nuevo requisito en materia de seguridad para obtener una licencia de funcionamiento, algo que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Cancún teme que propicie la informalidad.

Se trata de una iniciativa que fue votada por unanimidad y en una apresurada sesión de Cabildo el pasado 27 de marzo, que propone como requisito para la obtención de licencias la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Control y Comando (C2).

Nuevo requisito afectará a pequeñas empresas

De acuerdo con Rafael Ortega Ramírez, la medida afectará a micro y pequeñas empresas, por lo que ha generado preocupación en el sector, debido a las dificultades económicas que enfrentan muchos negocios locales para cumplir con esta nueva exigencia.

«Hay negocios que son muy pequeños, con inventarios de tres mil o cinco mil pesos, como algunas tienditas en colonias periféricas, por ejemplo, que gastarían más en ese equipo (de seguridad) que en lo que tienen de producto», comentó Ortega.

Faltan incentivos para empresarios

Si bien la iniciativa busca reforzar la seguridad en la ciudad mediante la instalación de cámaras de vigilancia en todos los establecimientos con licencia de funcionamiento, Alfredo Suárez Camacho, consultor de seguridad privada, comentó en una entrevista grabada que debería haber incentivos hacia los empresarios con esta iniciativa, pues la seguridad es un tema que le compete a las autoridades.

Además, aunado a ello, Ortega Ramírez también destacó que muchos de estos negocios operan en zonas alejadas del centro de Cancún, donde la infraestructura tecnológica y la conectividad a internet son limitadas, debido también a la poca atención del municipio en mejorar la misma.

«No todos los negocios están en condiciones de cumplir con este tipo de requisitos», afirmó el empresario en una entrevista para los medios de comunicación, al tiempo que dijo que “lo que muchos pequeños empresarios podrían pensar es que sería mejor no tener licencia y operar fuera del marco legal, lo cual no es lo que no queremos», concluyó.

Panorama incierto para pequeños empresarios

De no poner orden en ambos temas, los cuales son torales para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier ciudad, los pequeños empresarios de Cancún podrían verse envueltos en un panorama incierto para el futuro, a pesar de que son ellos quienes generan 7 de cada 10 empleos en el país, según datos del INEGI.

Cancún.- Luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, presentara los datos de prueba correspondientes, un Juez de Control dictó la vinculación a proceso para una persona del sexo masculino, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio calificado, en agravio de dos víctimas de identidad reservada.

Los hechos ocurrieron a bordo de un transporte público

Con base en los hechos, el 1 de julio de 2024, José Jonathan “N”, junto con otras personas abordó un autobús de transporte público sobre el bulevar Kukulcán de este municipio; en el mismo vehículo estaban integrantes de un grupo delictivo contrario al del investigado, lo que motivó un enfrentamiento con armas de fuego, derivado del cual, dos personas perdieron la vida.

Por tales hechos, esta Representación Social inició la carpeta de investigación correspondiente, misma que llevó a la detención de cuatro personas más involucradas en este hecho, mismas que fueron vinculadas a proceso.

Juez impuso a prisión preventiva de dos años

En el caso de José Jonathan «N», fue capturado en flagrancia por su presunta relación en hechos probablemente constitutivos de delitos contra la salud, ya que entre sus pertenencias tenía dosis de estupefacientes. Al momento de su detención, proporcionó una identidad falsa como Javier «N».

Durante la audiencia inicial, fiscales especializados lograron desahogar los datos de prueba, mismos que derivaron en la vinculación a proceso del señalado, por su presunta participación en los hechos mencionados; adicionalmente, el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el término de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.

Cabe mencionar que, según las primeras investigaciones, el ahora imputado forma parte de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en este municipio.