Playa del Carmen.- Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad señaló que se han detectado irregularidades de la administración que encabezó Laura Beristain Navarrete, principalmente en el año 2019 con un posible quebranto de 232 millones de pesos.

Asimismo, dijo que se ha detectado el uso indebido de recursos federales en supuesta recuperación de Impuestos Sobre la Renta, sin que haya soporte alguno; posiblemente corresponden a algunas empresas de servicios no realizados.

Solicitan medidas cautelares

Refirió que solicitó medidas cautelares como el congelamiento de cuentas de los ex funcionarios públicos, esto a fin de garantizar la reparación del daño. La alcaldesa puntualizó que estos hallazgos vienen a completar el informe de la Auditoría Superior del Estado que corresponde a la cuenta pública 2019.

Cabe destacar que con anterioridad, la alcaldesa anunció que estos hechos detectados darían hincapié para realizar 14 nuevos procedimientos legales en contra de diversos funcionarios de la administración de Beristain Navarrete.

La concejal adelantó que el próximo 18 de enero se estarán presentando cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado, y tres más que en próximos días pudiesen estar concretadas.

Campos Miranda señaló que durante todo el análisis que han realizado el daño patrimonial puede ascender a más de 335 millones de pesos.

Posibles delitos

Por su parte, el director de Gestión de la Contraloría Municipal, Eduardo Arreguín, puntualizó que con base en toda la revisión que han realizado, se presentarán cuatro denuncias ante la Fiscalía; la primera denuncia es por el delito de peculado, actos de corrupción, uso ilícito de funciones y posible asociación delictuosa por un monto de 14 millones de pesos.

«Una supuesta contratación de la empresa para vender asesoría y asistencia técnica, fiscal y jurídica, para la aplicación de cumplimiento del artículo 3 B de la ley de coordinación fiscal; es decir una supuesta recuperación de impuestos sobre la renta y un supuesto pago del 28% de lo que se recupera esta empresa, esto es una situación que en realidad no existió, se hicieron los pagos, se hizo el contrato pero la supuesta recuperación nunca existió, no hay ninguna evidencia de que se haya recuperado algún monto. Además de que se realizó el análisis jurídico y para este tipo de recuperación no es necesario contratar una empresa por qué es un trámite que realiza automáticamente el SAT con los entes de gobierno Entonces estamos frente a una simulación y un pago indebido por casi 14 millones de pesos», afirmó.

En la segunda denuncia que interpondrá es presuntamente por un despacho que iba a realizar asistencia jurídica para defender un crédito fiscal y fue por un monto de 34 millones de pesos que se realizó a través de adjudicación directa.

La tercera denuncia puntualizó que se trata de una adquisición de útiles escolares por un monto de 10 millones 164 mil pesos, por realizar una adjudicación directa sin justificar debidamente el porque de la aplicación de esta adquisición, dijo que también se integran los delitos de peculado, corrupción y uso ilícito irregular de las funciones.

La cuarta denuncia presentada será por adquisición de material eléctrico por un monto de 32 millones de pesos que tuvo que haberse realizado a través de una licitación pública.

«Parte de las irregularidades está en el acuerdo del comité, donde se realiza la adjudicación no está firmada por ningún integrante del comité de adquisiciones, por lo que puntualizó que el documento es ilegal, agregó que del material eléctrico no existe evidencia de que haya sido entregado al ayuntamiento y mucho menos de que el material eléctrico hubiera sido utilizado para el beneficio de los habitantes de Solidaridad».

Por otro lado informó que derivado de una denuncia por irregularidades encontradas en la revisión de la cuenta pública 2020, existe una irregularidad de 38 millones de pesos, esto por indebidas indemnizaciones a funcionarios públicos de la administración pasada.

«Hay funcionarios públicos que fueron contratados por tres años, no puedo decir cuáles son por cuestiones del debido proceso, pero curiosamente el día 29 de septiembre un día antes de entregar la administración les dieron liquidaciones hasta por casi medio millón de pesos a cada uno de esos funcionarios públicos, que evidentemente no están contratados bajo un régimen como para ser indemnizados por un despido injustificado, entonces esa investigación ya se inició aquí en la contraloría y posteriormente se estará presentando la denuncia ante la fiscalía por estos hechos», puntualizó.

Finalmente la presidenta municipal de Solidaridad dijo que ex servidores públicos que recibieron indemnización donde no tenía que haberse realizado, y que no correspondía jurídicamente ese pago tendrán que regresarlo.