Cancún.- Las protestas contra la construcción del Cuarto Muelle de cruceros en Cozumel han escalado de tono en los últimos días, con un creciente respaldo social, ambientalista y turístico, que exige frenar el proyecto por el riesgo que representa para los arrecifes y ecosistemas de la isla.

Refuerzan oposición al proyecto

Bajo el lema #SélvameDel4toMuelle, activistas, ciudadanos, organizaciones ambientales y empresarios turísticos han reforzado su oposición a la obra, denunciando que el proyecto amenaza uno de los últimos sistemas arrecifales funcionales del Caribe Mexicano, hogar de especies en riesgo y barrera natural clave contra huracanes.

“Basta de depredación. Si se destruye, no es desarrollo”, claman los manifestantes a través de una campaña que ha ganado eco en redes sociales y medios locales. Además, cuestionan por qué construir un nuevo muelle cuando podrían remodelarse el segundo y tercer muelle existentes sin causar más daños ecológicos.

La protesta abarca amplios sectores sociales

El movimiento argumenta que Cozumel ya no necesita crecer más en infraestructura portuaria, sino cuidar de su entorno natural para subsistir, ante los impactos del cambio climático y la presión turística. La defensa del arrecife se ha vuelto un tema de conciencia colectiva, que ha sumado voces tanto locales como foráneas, incluyendo a buzos, investigadores y turistas comprometidos con el turismo sostenible.

Los datos que sustentan la protesta también son contundentes: mantener el arrecife en óptimo estado de conservación representa un valor estimado de 5,493 millones de pesos al año (equivalente a 304 millones de dólares), gracias a los aproximadamente 1.8 millones de turistas que visitan la isla anualmente.

“¿Vamos a permitir que por unos cuantos empleos se destruya el principal atractivo turístico de Cozumel?”, se lee en el manifiesto más reciente del movimiento, difundido este 12 de junio de 2025. La campaña recuerda que la isla es Reserva de la Biosfera y debe apostar por el Turismo de Conservación, no a más depredación.

Con una narrativa cada vez más contundente, el rechazo al cuarto muelle se posiciona como una de las principales causas ambientales del estado. Se prevén nuevas movilizaciones, pronunciamientos de científicos marinos, y posibles acciones legales en las próximas semanas.

Cancún.- Ante la prevalencia del delito de trata de personas en Quintana Roo, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, María Haddad Castillo, anunció el impulso de una nueva ley estatal que sustituirá la norma actual, considerada obsoleta frente a los retos reales en la atención y sanción de este crimen.

Reforzarán la coordinación interinstitucional

Según explicó Haddad Castillo, la reforma buscará fortalecer la coordinación interinstitucional entre fiscalías, cuerpos de seguridad, ayuntamientos y dependencias estatales, perfeccionando mecanismos de prevención, detección temprana y atención integral a las víctimas.

Contextualizada por las autoridades, esta iniciativa llega en un momento crítico: Quintana Roo lidera en México la incidencia de investigaciones por trata de personas. Tan solo en febrero de 2025 se iniciaron 16 carpetas de investigación.

Suman 31 carpetas abiertas por trata este año

En lo que va de 2025, según datos oficiales, la FGE ha abierto 31 carpetas por trata, ejecutado 12 cateos, y rescatado a 64 personas (de las cuales 22 eran extranjeras), pese a que sólo dos detenidos fueron vinculados a proceso.

Durante 2024, este flagelo se acentuó: se abrieron entre 128 y 175 carpetas por trata, un incremento significativo respecto a las 87 del año previo . En ese periodo se rescataron cerca de 385 víctimas, de las cuales aproximadamente 246 eran mexicanas y 84 extranjeras; además, 55 menores de edad fueron liberadas.

La actual ley es insuficiente

María Haddad subrayó que, aunque la actual ley regula a la Comisión Interinstitucional, su alcance no es suficiente ante “las exigencias operativas actuales y los desafíos en la atención de estos delitos”. Con la reforma buscarán intervenir de manera más efectiva, especialmente en la protección de mujeres, niñas, niños y migrantes, quienes conforman el perfil predominante de las víctimas .

La nueva propuesta legislativa será presentada en los próximos días ante el Congreso de Quintana Roo. Además, la Secretaría de Gobierno ya se encuentra realizando mesas de trabajo con la sociedad civil, organizaciones especializadas y autoridades, con el propósito de garantizar que la reforma se construya con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.

Cancún.- La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla en Quintana Roo se deslindó del acuerdo nacional firmado esta semana por presidenta, Claudia Sheinbaum, para mantener sin aumentos el precio de la tortilla en el país.

Consideran que no hay condiciones para bajar precios

Aunque fueron convocados a participar en las mesas de trabajo, el organismo decidió salirse al considerar que no existen condiciones reales para comprometerse a una baja de precios.

En entrevista para elquintanarroense, Rubén Montalvo, representante de la cámara en el estado, explicó que el retiro de las mesas se debió a la falta de propuestas concretas para mejorar las condiciones de la industria, que enfrenta altos costos operativos y una falta de apoyo estructural.

“Sí fuimos convocados, pero nos salimos porque no vimos propuestas serias. No podemos comprometernos a bajar o congelar precios cuando los insumos siguen subiendo y no hay garantías para los productores”, señaló.

“Ahorcan” precios de insumos

Montalvo advirtió que la situación en Quintana Roo es particularmente compleja por los altos costos de transporte, gas LP, harina y mantenimiento, además de que muchos insumos llegan del centro del país con precios inflados.

“El precio del gas, la harina y los fletes nos están ahorcando. Si el gobierno quiere que bajemos el precio, primero tiene que ayudarnos a bajar esos costos. Mientras eso no pase, no hay manera de sostener una baja sin afectar la viabilidad de las tortillerías”, afirmó.

Precio del producto podría aumentar

Actualmente, el kilo de tortilla en el estado se vende entre 23 y 26 pesos, dependiendo de la zona. Montalvo insistió en que, lejos de reducirse, esos precios podrían aumentar si no hay intervención gubernamental.

“No se trata de oponerse, sino de ser realistas. Queremos apoyar, pero necesitamos condiciones claras. Que no se politice el tema: la industria no está en condiciones de bajar precios por decreto”, concluyó.

La Cámara reiteró que está abierta al diálogo, siempre y cuando se reconozcan las particularidades regionales y se presenten soluciones concretas para el sector.