Escuintla.- La policía de Guatemala halló cocodrilos, zorros y demás animales salvajes este domingo, tras hacerse con el control de la cárcel de seguridad «El Infiernito» al trasladar a los 225 miembros de la pandilla Barrio 18 internados, dedicados a extorsionar y ordenar crímenes.

Descontrol total en cárceles

Encontrar ese tipo de fauna silvestre «es un tema gravísimo porque demuestras que había un descontrol total» en la prisión, afirmó en su cuenta de X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

El funcionario aseguró que «ya no hay ni un solo reo en el presidio ‘El Infiernito’. De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad».

«Será repoblada. Eso sí, de acuerdo a su condición de privados de libertad. Son prisiones, NO vacaciones», agregó en alusión a las comodidades que tenían los líderes de esa mafia.

Reos contaban con «lujos»

Según imágenes oficiales, los reos tenían aire acondicionado, televisores y refrigeradores en el Centro de Máxima Seguridad Canadá -apodada «El Infiernito»-, en el departamento de Escuintla, 70 km al sur de la capital.

Además, encontraron animales de granja como pollos y gallinas, y una pileta con cocodrilos, agregó el ministro en un video compartido en X.

En una requisa anterior, la policía desmanteló en el penal una especie de «call center», con teléfonos celulares y conexiones de internet, entre otros equipos.

Fauna y olvido

En el operativo de traslado que contó con 400 policías, también participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la policía, al encontrar animales salvajes.

Entre los animales rescatados figuran dos cocodrilos, dos mapaches, dos zorros grises, un gavilán y otra ave de rapiña.

«Hemos pedido a Diprona que se encargue de resguardar a estos animales y darles un lugar distinto, obviamente, a la cárcel y que estén en condiciones adecuadas a su propia naturaleza», aseveró el ministro Jiménez.

En tanto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dijo en una nota que «los animales silvestres rescatados serán evaluados por médicos veterinarios para conocer el estado de salud y darles tratamiento si lo necesitan».

Conap lamentó que uno de los mapaches murió y las causas aún están por establecerse.

Además determinarán si están aptos para ser liberados en su hábitat natural y, si ya perdieron la capacidad de buscar su propio alimento por la domesticación, se enviarán a un centro de rescate pues no podrían sobrevivir por sí mismos.

La viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, coincidió con Jiménez al responsabilizar a «los gobiernos anteriores» de «ceder a los criminales» el control de las prisiones.

Para Palencia, quien hizo un recorrido por la cárcel con periodistas tras retomar el control, el abandono desde hace más de tres décadas permitió a «los reos tener una posibilidad de estar cómodos en este centro carcelario».

«El sistema penitenciario es al único que no se le ha dado una reingeniería, ni en infraestructura, ni de tecnología, ni de dignificación a los guardias, ni una reforma«, lamentó.

Pandillas disputan control de territorios

La operación se realizó tres días después de que el presidente Bernardo Arévalo reconociera que zonas de la capital viven «prisioneras» de las pandillas, al reaccionar a un llamado de la ONU para que frene el reclutamiento de menores por parte de esas bandas.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a transportistas y comerciantes, entre otros. Quienes se niegan a pagar, son asesinados, según las autoridades.

Las propias autoridades reconocen que desde las prisiones salen la mayoría de llamadas telefónicas de extorsión.

La violencia criminal dejó en Guatemala 4.361 homicidios en 2023, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad atribuidos al narcotráfico y a las pandillas. (Fuente: La Jornada)

Quito.- Hasta hoy, 12 mil 500 privados de libertad en diez cárceles de Ecuador recibirán la alimentación de un proveedor privado que suspendió el viernes el servicio, aduciendo una millonaria deuda del gobierno. La Defensoría del Pueblo advierte que esto podría configurar una vulneración a los derechos de los presos.

Las cárceles, que están bajo control de los militares desde enero, albergan un total de 32 mil 39 personas —cifra registrada hasta finales de abril—, aunque su capacidad admite a 27 mil 714 presos, es decir hay una sobrepoblación de más del 15 por ciento.

Suspenden alimentación en cárceles

La Fattoria, empresa que ha manejado por más de una década la provisión de alimentación en las cárceles, suspendió el servicio tras un cruce de acusaciones con el gobierno que la ha señalado por supuestos actos de corrupción y supuestos “vínculos con el crimen organizado”, aunque no ha presentado públicamente pruebas sobre la acusación.

La empresa, de su lado, dice que las denuncias del gobierno son “vacías y sin fundamento” y reclama que el gobierno le adeuda 10 millones de dólares por los último seis meses de servicio.

La Fattoria —que según su abogado recibía 2.50 dólares por la alimentación diaria de cada recluso— tiene previsto entregar el viernes, ante un notario, los espacios que ocupaba en diez cárceles de Guayaquil. Su abogado, Joffre Campaña, dijo a The Associated Press que deben “dejar constancia” de que desocupan las instalaciones, como la cocina y otros lugares que usaban para su operación.

Sin información del gobierno de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las prisiones, se ha mantenido en silencio sobre esto desde el 17 de mayo, cuando informó en un comunicado que está trabajando en la etapa “precontractual” para la adjudicación de un nuevo contrato para el servicio de alimentación en las cárceles.

La AP le consultó el viernes sobre qué mecanismo tiene previsto para sustituir el servicio que hoy concluye en Guayaquil pero no recibió respuesta.

El contrato para la provisión de alimentos en estas prisiones regía desde 2023 y estaba previsto que concluya en 2025.

A finales de abril, la empresa La Fattoria suspendió el servicio de alimentación que ofrecía en otras cárceles en el norte y centro del país porque adujo que a pesar de que estaba cumpliendo con entregar la alimentación el gobierno no había hecho los pagos correspondientes.

Según su abogado, cerca de 12 mil reclusos de estas cárceles en Cotopaxi, Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi e Imbabura están sufriendo la falta de alimentos desde que se suspendió el servicio. “En los próximos días la situación se irá agravando porque el gobierno no ha contratado a otra empresa”, dijo Campaña, e insistió que la prestación de este servicio “requiere una gran infraestructura, solvencia y experiencia”.

Familiares entregan donaciones

En la cárcel de Latacunga, en el centro del país — y una de las más grandes a nivel nacional— , los familiares de los prisioneros han intentado suplir con donaciones el servicio que se suspendió hace un mes. Desde inicios de mayo varios medios locales han difundido las imágenes de la entrega de alimentos crudos y frutas en costales que eran revisados por los guardias en los ingresos.

La difícil situación fue corroborada por la Defensoría del Pueblo que ha hecho varias visitas a las cárceles en las últimas semanas. El martes la institución emitió un exhorto al gobierno en el que le recordó que el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación de los presos bajo su custodia.

Rodrigo Valera, coordinador de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, relató a AP las dificultades que enfrentan los presos para alimentarse, tras la suspensión del servicio. Dijo que en algunas cárceles del centro y norte del país reciben dos comidas y en otras solamente una. Eso representa un incumplimiento a los estándares internacionales que señalan que deben recibir tres comidas nutritivas y variadas al día.

Dijo además que, por ahora, los alimentos donados que reciben en las cárceles son preparados por los propios reclusos.

En Ecuador, las cárceles están bajo control de las fuerzas militares, en medio de una ola de violencia y un conflicto interno armado decretado desde inicios de enero por el presidente Daniel Noboa.

Según las autoridades, los centros carcelarios han sido centros de mando de bandas criminales con nexos a organizaciones de narcotráfico transnacional a las que responsabiliza por la ola de violencia e inseguridad en el país, incluidas las masacres penitenciarias que desde 2021 han dejado hasta la actualidad un medio millar de reclusos asesinados. (Fuente: La Jornada)

Kiev.- Rusia disparó durante la noche 100 misiles y drones contra instalaciones energéticas en Ucrania, informaron el sábado las autoridades ucranianas.

Lanzan misiles y drones

«El enemigo lanzó 53 misiles de varios tipos y 47 drones de ataque», dijo la fuerza aérea, que aseguró haber derribado 35 de los misiles y 46 de los drones.

Dos centrales térmicas resultaron dañadas en el ataque, dijo la compañía energética DTEK, sin especificar su ubicación.

«Fue otra noche extremadamente difícil para el sector energético ucraniano. El enemigo atacó dos de nuestras centrales térmicas. El equipamiento resultó gravemente dañado», indicó la empresa en Telegram.

Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha lanzado cientos de bombardeos contra instalaciones energéticas de esta exrepública soviética.

Según el ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, Rusia atacó instalaciones en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Ivano-Frankivsk y Zaporiyia.

El ministerio advirtió que probablemente habría restricciones de electricidad el sábado por la noche como consecuencia.

Ucrania también responde con ataques

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski aseguró por su parte en sus redes sociales que «el objetivo principal de Rusia es normalizar el terror, explotar la falta de defensa aérea suficiente y la determinación de los socios de Ucrania».

En su informe diario, el Ministerio ruso de Defensa declaró que lanzó un ataque contra «instalaciones energéticas ucranianas que apoyan el trabajo de empresas del complejo militar-industrial».

Los ataques se realizaron «en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas y de transporte rusas».

El ejército ucraniano afirma atacar refinerías y emplazamientos militares en territorio ruso en represalia por los ataques diarios contra sus ciudades y su red energética.

Por otra parte, el número de muertos por el ataque ruso a la ciudad de Járkov el viernes ascendió a nueve, informó el gobernador regional, Oleg Sinegubov, después de que se encontrasen dos cuerpos entre los escombros. (Fuente: La Jornada)