Chetumal.- Un grupo de taxistas disidentes de la capital del estado confirmó que ha iniciado formalmente un movimiento de protesta para remover a Julio César “Durazo” Castilla Zapata, actual secretario general del Sindicato Único de Chóferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa).
Necesitan 33% de votos para una nueva elección
Los hombres del volante llamaron a su movimiento Lucha por la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical.
Este grupo de taxistas señaló que, de acuerdo con la Ley, se requiere del 33 por ciento del voto de los socios del Suchaa para promover la elección de un nuevo comité directivo.
El padrón del gremio es de dos mil 250 socios, es decir que se requiere del voto de 743 socios taxistas para iniciar el proceso de elección de un nuevo secretario general del Sindicato Taxista del municipio de Othón P Blanco.
No reconocen el actual periodo del líder
Los quejosos señalaron que el encargo del secretario general del Suchaa concluyó el 3 de diciembre del 2023 y desde entonces carece de la toma de nota debido a que en la elección de ese día no se obtuvo el apoyo del 50 por ciento más uno de los socios del Suchaa, por tanto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le negó la toma de nota, aunque se le concedió prórroga para reponer la elección.
Los comicios siguientes se realizaron el 30 de abril del 2024, sin embargo, tampoco obtuvo el respaldo de socios establecido por la Ley y es así que una vez más fue negada la toma de nota por lo que ahora el asunto se encuentra en un limbo legal.
Según el Grupo de Lucha por la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical, la permanencia de Julio César Castilla Zapata en la Secretaría General del Suchaa es ilegal y por ende, todas sus determinaciones están desconocidas por la Ley entre ellas el cobro de cuotas a socios-ayudantes, a quienes se les han prometido concesiones, que al parecer es una acción ilegal.
Afirman que Castilla Zapata quiere continuar con malos manejos
Algo que causa molestia en integrantes del grupo de lucha, y hasta en otros socios, es la petición de 30 concesiones al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), para continuar con su entrega ilegal.
También ha habido intentos por apropiarse de concesiones de socios en activo. Un caso es el de María Elvira Tehozol Palomo, quien a través del oficio SEGOB/DS/1303/2024, recurrió a la Secretaría de Gobierno para defenderse.
Hay tres demandas de por medio
La directiva del Suchaa enfrenta tres demandas: la primera es la 244/2023, presentada el 19 de octubre del 2023 por daño patrimonial y por falta de rendición de cuentas, pues realizaron tres asambleas que no cumplieron con el quorum y en ninguno hizo entrega de actas.
En las asambleas intervinieron socios ayudantes, lo cual es ilegal, ya se desahogaron las audiencias respectivas, y se está a la espera del pronunciamiento del juez, pues el amparo solicitado por el dirigente sindical le fue negado.
La segunda demanda es identificada con el número 306/2023, presentada el 12 de diciembre de 2023, y fue una impugnación de la asamblea extraordinaria para la elección de la nueva directiva del Suchaa. En este proceso fueron convocados socios ayudantes para emitir su voto, lo cual es ilegal de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
El 7 de febrero de 2024 se negó la toma de nota
El 7 de febrero de 2024 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se pronunció y negó la toma de nota, por no lograr el quorum de 50 más uno y además por no tener actualizado el padrón socios, violando con ello el principio de equidad, transparencia, democracia, legalidad y certeza del proceso de elección.
La tercera demanda es la 96/2024, presentada el 1 de abril del año pasado ante el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado el pasado. Este recurso legal está relacionado con la anterior, pues tras la negativa de toma de nota el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral concedió prórroga al secretario general para convoque a nuevas elecciones, pero le ha desacatado.
El 19 de febrero habrá audiencia en juzgados laborales
Las elecciones se realizaron el 24 de marzo, la directiva que encabeza “Durazo” participó y de nueva cuenta no logró el voto de 50 más uno de los socios concesionarios, además se permitió otra vez el voto de los socios ayudantes.
Hubo violación de los estatutos también por violar la representación de género y por la falta de actualización del padrón de socios. La autoridad federal laboral le negó una vez más la toma de nota.
Para el 19 de febrero próximo está programada la audiencia inicial del juicio ante los juzgados laborales, pues le negaron los amparos que promovió Julio César Castilla Zapata.