Estado. – La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el 14 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo admitió la primera demanda para la aplicación de la extinción de dominio respecto a un inmueble en el cual se realizaban -de manera reiterada- actividades relacionadas con la venta de drogas.

Este procedimiento se aplica en los términos de la “Ley Nacional de Extinción de Dominio” la cual fue publicada el 9 de agosto de 2019.

La citada ley fue expedida por el Presidente de la República y es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde con la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre otros instrumentos Internacionales y que son vinculatorios para el Estado Mexicano.

Esta herramienta jurídica, es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes que son objeto, instrumento o producto del delito sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal.

El procedimiento es por la vía judicial de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia en la oralidad, los beneficios que se obtengan de la adjudicación quedarán bajo custodia de una autoridad administradora y -una vez dictada la sentencia-, serán destinados al servicio público, programas sociales u otras políticas públicas prioritarias.

Cabe destacar que, para llevar el control de estos bienes, existe un registro nacional de extinción de dominio administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Los delitos por los cuales se podrá aplicar la extinción de dominio y en lo que compete a la autoridad estatal, son los referentes a: contra la salud, trata de personas, secuestro, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, extorsión, entre otros.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado y acorde con los principios para proteger el patrimonio de las y los quintanarroenses, en fomento a la participación de los sectores públicos, privado y social, y a la colaboración con diversas dependencias del gobierno local hace de conocimiento que próximamente se establecerán unidades especializadas de investigación para el delito de despojo en esta entidad.

Como sabemos históricamente la tenencia de la tierra se ha venido afectando por organizaciones y estructuras criminales dedicadas de manera sistemática y profesional a despojar de bienes inmuebles a personas que son propietarias o poseedoras legítimas.

Las formas de llevar a cabo estas conductas ilícitas van desde la violencia, falsificación de documentos, usurpación de identidades, simulación de actos jurídicos, la utilización de las instituciones a través de actos de corrupción con servidores públicos deshonestos que han permitido -en anteriores administraciones- que lo que inició con una falsedad, termina convirtiéndose en una verdad legal.

Para ello, es preciso aclarar que los jueces es la única autoridad facultada para determinar a quién le corresponde la propiedad o la posesión de un inmueble y que la fiscalía- en el ámbito de sus competencias- únicamente procede al aseguramiento para garantizar en todo momento la conservación de los bienes mientras se resuelven las controversias entre los particulares y se determine cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre de ellos.

La creación de estas agencias del ministerio público irá acompañada de otras líneas de acción tales como la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, las Secretaría del Trabajo, la Secretaria de Gobierno en representación del registro público de la propiedad y además por actores de la sociedad civil como lo son: la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del estado de Quintana Roo para que de manera participativa, inclusiva e informativa, denuncien en la Fiscalía cualquier acto irregular o ilegal que pueda afectar el patrimonio de las personas por las actividades ilícitas que se detecten en el ejercicio de sus funciones o de sus actividades.