Cancún. – La denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 16 prominentes personajes de la política, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, activó también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos financieros.
Implicados de caso Lozoya
Las operaciones bancarias y financieras de Salinas, Peña y Calderón han sido revisadas por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la investigación contra todos los implicados por Lozoya en la denuncia que presentó hace un año, el 11 de agosto de 2020, que incluye los sobornos que presuntamente recibieron ex legisladores para votar a favor la Reforma Energética, en 2013.
Preso por sobornos
La información obtenida por la UIF es de carácter confidencial y forma parte de las al menos 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la FGR, que encabeza Alejando Gertz Manero, como en el caso del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury.
Lavalle Maury es el único ex senador del PAN preso por los sobornos que Lozoya entregó y en el mismo caso está implicado el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien desde el sábado dio a conocer que fue citado ante un Juez, por lo que prefirió huir de México por tratarse, comentó, de una “persecución política” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no sea candidato otra vez en 2024.
Aparato organizado
Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Peña Nieto, a quien identifica como el artífice del “aparato organizado” para la corrupción y cuyo operador principal era Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y ex canciller en la pasada administración.
Otros implicados en los sobornos, que también han sido investigados por la UIF, son los ex senadores panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
Salinas
También han sido indagados el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna, así como los exdirectores de Pemex Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas.
A Salinas de Gortari, Lozoya lo acusó a su vez de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano.
Calderon
Al panista Calderón, el exdirector de Pemex lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trama que involucra al excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Fuertes críticas
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
El caso de Emilio Lozoya Austin ha provocado fuertes críticas a la Fiscalía. El exdirector de Pemex fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial para magnates. El ex funcionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020 sin que se le haya visto a la fecha. Desde entonces, no ha pisado la cárcel.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaba a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.